Gobierno flexibiliza las PPP: Firmarán contratos que pagaremos durante décadas sin garantías de que

Los ruegos del Ministro Rossi dieron resultado; con un decreto del 6 de noviembre firmado por el presidente y todos los ministros, se busca agilizar a cualquier costo la adjudicación de obras por la modalidad de participación público privada (PPP).

A sola firma

Es que en la política de recorte y de achique del gobierno, no hay espacio para destinar un solo peso en obra pública para cuidar el equilibrio fiscal, que mantiene un déficit fiscal de 3,6%, y que en estos días el FMI le marcó el lineamiento que debe bajarlo sí o sí. Con medidas de este tipo y a fuerza de decreto, evitando la discusión parlamentaria, con estos gobiernos progresistas firmar un contrato de PPP con el Estado pronto será más fácil que conseguir $10.000 con una casa financiera prestamista. No es necesario que gane Lacalle Pou para volver a los ’90… con la política y los decretos del Frente Amplio, pronto estará todo privatizado, antes de las elecciones, si no se planta la resistencia popular.

La CND fue al Parlamento

Jerarcas de la Corporación Nacional para el Desarrollo, organismo encargado de canalizar las PPP, expusieron el miércoles en el Parlamento sobre el funcionamiento de la ley de participación público privada y los fideicomisos de infraestructura en educación pública. Las autoridades confían en que un nuevo decreto promulgado recientemente permitirá acelerar los plazos, porque ya no se exigirá la estructuración financiera completa. En la medida que el privado tenga negociaciones avanzadas con los bancos podrá firmar los contratos y por lo tanto comenzar las obras. Hasta ahora era necesario tener el financiamiento antes de firmar el contrato.

Flexibilización por decreto

Cuando se trata de los trabajadores, la flexibilización laboral es naturalmente un elemento muy perjudicial para el contratado, tanto sea en el ámbito público como en el privado. La flexibilización busca dar mayores ganancias y especulaciones al contratista, en detrimento del trabajador que ve precarizado su vínculo laboral, contractual, salarial, de estabilidad y tantos otros perjuicios. Incluso, y se está denunciando abiertamente por los diversos sindicatos dependientes de la administración central, las empresas públicas y los entes autónomos y servicios descentralizados, que los trabajadores contratados por el Estado padecen las consecuencias de la flexibilización. Sin embargo en materia de privatizaciones, el proceso de flexibilización está orientado a beneficiar aún más al privado, mientras que para el Estado implica seguir rebajando exigencias para acelerar y profundizar mucho más este tipo de contrato, hasta plagar toda la administración con privatizaciones en modalidad PPP. “A nosotros nos parecía que eso generaba algunos problemas, aunque no teníamos demasiada incidencia en ese cambio, pero ahora a quien se le adjudica la obra se le permite firmar el contrato y luego ir a buscar el financiamiento adecuado y necesario para realizarla”, afirmó el presidente de la CND, Jorge Perazzo, en la comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. El decreto observa la reglamentación legal de la etapa de la adjudicación definitiva de ofertas y los plazos para que el adjudicatario provisional de las obras PPP proporcione la documentación, y “considera necesario establecer mecanismos” para “dotar de mayor celeridad al procedimiento de contratación” en dicha etapa. Para ello, la modificación establece que “La Administración Pública contratante, otorgará un plazo no inferior a 30 días” al adjudicatario para que proporcione la documentación que debería haber presentado para esta etapa y fuera sido diferida, “así como para constituir la garantía de cumplimiento de contrato y acreditar los términos de la estructura financiera”. El decreto está firmado por el Presidente de la República y por absolutamente todo el Consejo de Ministros; por “el neoliberal” Astori, “el blanco” Nin Novoa, “el empresario” Aguerre, “la impresentable” María Julia Muñoz, por “el implicado” en obra pública Rossi, también por “la administradora” Cosse y por Menéndez y de León y Kechichián, pero también por “el tupamaro” Bonomi, “el socialista” Jorge Basso, “la comunista” Arismendi, “el sindicalista” Murro… todos los ministros lo firmaron.

Cómo se financian las PPP

La estructuración financiera de un proyecto PPP, implica presentar un Plan Económico Financiero de acuerdo a lo definido en las bases del llamado. En la ley está previsto, y se consigna en el nuevo artículo del decreto, que la financiación puede ser a través del mercado de capitales. En este caso, se precisa un informe de una calificadora de riesgo. Además, una nota emitida por una AFAP, una compañía de seguros, una agencia multilateral, un fondo de inversión o similar (registrado en el BCU) y un prospecto de bono a emitir. En caso de optar por financiación bancaria local, internacional, multilateral u otra, alcanza con el proyecto de contrato de financiamiento con dichas instituciones y una nota de la entidad bancaria que demuestre disposición a suscribirlo.

En qué están las PPP

De la comparecencia en la Comisión de las autoridades de la CND, se desprende que hasta el momento son 6 los proyectos adjudicados. El más avanzado, la punta de lanza de las PPP es la cárcel de Punta Rieles, cuyas obras están próximas a finalizar. En un escalón previo se encuentra el corredor vial de rutas 21-24 está próximo al cierre financiero, etapa posterior a la adjudicación provisional y previa a la realización de la obra. Hay 3 obras viales más ya adjudicadas provisoriamente y en trámite de cierre financiero también, aunque no tan avanzado. La sexta PPP en carrera, es el primer proyecto de infraestructura educativa, pero que abarca la construcción de unos 60 edificios. El proyecto está adelantado en cuanto a la adjudicación provisional para empezar el trabajo del cierre financiero. Ese proyecto incluye el diseño, financiamiento, construcción y operación de 44 jardines y 15 CAIF. Además, hay otros 3 circuitos viales que están en etapa de adjudicación. Según informa El Observador, sobre los plazos manejados, las autoridades señalaron que el corredor de las rutas 21 y 24 tuvo casi 1 año y medio de estructuración. Esa primera experiencia permitió que otros circuitos viales se estructuraran luego en menos de 6 meses. Por su parte, las PPP educativas se lograron estructurar en plazos “bastante razonables y alineados con lo que son los estándares internacionales”, explicaron las autoridades de la CND. Los proyectos de infraestructura educativa incluyen 4 llamados. El plan finalizará con la construcción de 200 obras –aproximadamente 40 a través del INAU, que son CAIF, y el resto de la ANEP– con una inversión inicial en el entorno de US$ 300 millones. Hoy hay un primer llamado en vías de ser adjudicado provisionalmente; un segundo llamado que será adjudicado provisionalmente en un plazo breve, y otros 2 cuyas licitaciones se publicarán en 1 ó 2 meses.

La obra pública según el interés privado

El artículo de El Observador consigna que entre los roles que la ley le otorga a la CND, está el de procesar el ingreso de las iniciativas que presentan los privados y que deben respetar una cantidad de exigencias. La CND las analiza y las deriva a las administraciones contratantes que se entiende que pueden estar interesadas. Una vez que la administración recibe una iniciativa, la analiza y decide si le interesa o no. En caso de que le interese, el privado debe hacer el estudio de prefactibilidad y, luego, la administración hace el pliego, el estudio de evaluación financiera y el de valor por dinero que exige la ley. Luego se hace el llamado y si el privado perdiera, el ganador le pagaría los estudios de prefactibilidad. La ley prevé que se le puede otorgar hasta un 10% de ventaja a quien presentó la iniciativa. Entre 2012 y 2017 se recibieron 13 iniciativas privadas, de las cuales 8 son viales, 1 es ferroviaria, 2 son de transporte y, las 2 restantes, de agua potable. Diez de ellas fueron enviados a la administración y son analizadas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas le dio el visto bueno a 1 de ellas, que es el circuito 7 (ruta 14) que ya forma parte de una iniciativa pública y está próximo a salir el llamado a licitación. Comparando las iniciativas recibidas según lo que le parece y le resulta rentable a los privados, y la escasa concreción e incluso la desesperación -por ejemplo- del Ministro Rossi por la dificultad de realizar las obras que el país necesita, demuestra que la Ley de participación público privada aprobada por el gobierno del Frente Amplio y con el respaldo de los partidos tradicionales.