Avanza la flexibilización laboral en la educación pública. CODICEN plantea contratar talleristas co

Escribe Prof. Andrés Freire

Día a día, incluso hora a hora, continuamos recibiendo informaciones que nos dan cuenta del durísimo ajuste en curso en la educación secundaria, el mismo ha abarcado incluso a las inspecciones de asignatura y a las inspecciones técnicas, tal su magnitud. Es el típico ajuste neoliberal, parece que no hay plata, y en vez de exigir se cumpla de una vez por todas la promesa del 6% del PBI para la educación, la autoridades se alinean claramente con el conjunto de un gobierno volcado cada día más a la derecha, nada de ajustar por ejemplos los salarios inexplicablemente altos (en comparación con el conjunto de la ANEP) de los 12 gerentes del Plan Ceibal. Todo esto en medio del silencio atroz de FENAPES (no así de ADES Montevideo, y algunas otras filiales) y de los consejeros docentes electos por dicha organización o en el caso del CODICEN la consejera electa por CSEU, tampoco ninguna repercusión en el PIT CNT, y ni que hablar de lo que está pasando en la esfera política, casi nadie habla de esta situación. Y además el recorte no viene sólo, sino que llega a la fiesta sin fin del “es lo que hay valor” y el progresismo inclusivo, que incluye a su barra de amigos y nos expulsa al resto, acompañado de flexibilización laboral, tercerizaciones y precarización. El día 7 de noviembre del 2017, el Acta Número 73 del CODICEN establece la convocatoria a presentar propuestas creativas, a fin de conformar un registro para desarrollar actividades de taller, en el marco de la Ampliación de Tiempo Escolar. Luego de establecer los informes de rigor de las diferentes direcciones, se establece el llamado, del mismo queremos destacar en esta ocasión un elemento central: las personas que sean contratadas en las diferentes áreas (por ejemplo circo, artes visuales, títeres, música, letras, teatro, y un inexplicable otras), lo serán como empresa unipersonal, de esta forma el organismo se deslinda por ejemplo del pago de aguinaldo, antigüedad, y otras compensaciones que recibimos los empleados públicos, como el hogar constituido. Se realizará entonces un contrato de arrendamiento de obras entre la ANEP por un lado y una persona física o jurídica por otra. A estas personas se les pagara por hora en un valor que no se establece en esta resolución, decimos personas y no docentes, porque no se exige titulo docente, sino ser bachiller con formación específica en el área a dictar, experiencia, e inscripción ante la DGI y BPS, inexplicablemente en un momento donde hay tanta sensibilidad y alarma social, justificada por los casos que están saltando a la luz pública, no se exige el certificado de buena conducta. Por otra parte llama la atención también que si bien va existir una serie de instancias y se evaluara la formación, los antecedentes y la propuesta en sí, pudiendo existir una entrevista con el Tribunal, y de ahí emanara un listado la Dirección Sectorial de Integración Educativa, “se reserva el derecho de seleccionar la propuesta de acuerdo a las necesidades del servicio, respetando el orden de prelación que para cada caso se establezca en función del Tribunal”: En definitiva se dice a pesar del orden de prelación que emane del llamado, es decir el listado y la ubicación de cada proyecto, dicha Dirección puede seleccionar por ejemplo al último proyecto argumentando necesidades del servicio. Pero volvamos al centro de la cuestión, nos encontramos aquí frente a un nuevo giro en la flexibilización laboral, que se da conjuntamente a lo sucedido con los docentes de ECA desplazados en los liceos de tiempo extendido y tiempo completo por docentes de taller designados directamente por la dirección, sin escalafón y contratados anualmente. Ahora se convoca a talleristas y se los contrata como empresa unipersonal, con menos derechos aún, e incluso con un llamado cuyo resultado puede ser parcialmente desconocido. Avanza las tercerizaciones, y la flexibilización laboral en la educación pública.