A pesar de imponerse el “No a la Baja”: “Se pretende juzgar al adolescente bajo una mirada penal de

Milton Rodríguez (PCR-UP) en “Seminario sobre el Proceso penal juvenil” El grupo de trabajo sobre el Sistema penal juvenil (Comité de Derechos del Niño, Unicef e Institución Nacional de Derechos Humanos) invitaron el pasado martes al seminario: “Proceso penal juvenil. El impacto de la reforma del proceso penal en el sistema penal juvenil”, actividad que se llevó a cabo en la sede de la INDDHH y se extendió durante toda la jornada.

Eran 4 las mesas de exposición para abarcar distintos aspectos, donde para el “debate sobre las últimas modificaciones a la legislación en materia penal juvenil” estaban convocados “representantes políticos de todas las bancadas”. Sin embargo, solo estuvieron presentes el diputado Daniel Radío por el Partido Independiente, y el educador social y docente Milton Rodríguez (militante del Partido Comunista Revolucionario) como integrante de la bancada de la Unidad Popular. En un pasaje de su intervención, Milton Rodríguez señaló que la política del Frente Amplio en la materia, “repercutirá en una saturación en los servicios de internaciones en el INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), que ya se encuentra en una situación crítica de hacinamiento en muchos de sus servicios, porque esta lamentable política provocará más violencia en los pocos servicios que están abocados a esta atención, fomentando la cantidad de adolescentes sometidos al encierro. La Unidad Popular rechaza esa política discriminatoria de la juventud uruguaya que persigue encerrar y volver denigrante el tratamiento de aquellos, que si bien cometieron delitos se los busca aislar, sobreexponer al castigo de la prisión como principal medida”. Milton Rodríguez hizo mención a que la Unidad Popular “también el año pasado en los debates sobre seguridad pública, elevamos al gobierno una serie de recomendaciones, sugerencias y de análisis de la realidad de la situación de los adolescentes privados de libertad -hablamos de esta manera, porque no usamos eufemismos-. Nosotros partimos de la base de que en Uruguay lo que hay son cárceles para adolescentes, y coincidimos que la principal medida que se busca es paliar bajo una perspectiva electoralista -que de alguna manera busca justamente en el retroceso de los derechos establecidos, conquistados y ganados por este pueblo, que tiene que ver con la protección de esos niños y adolescentes-, utilizar esto como un efecto hacia un discurso de mano dura, que es el mismo que se ha registrado en otros países de América Latina. En nuestro trabajo que dirigimos al Poder Ejecutivo que vale decir -quizás parecido a la conducta que tiene hoy-, nunca respondió ni nunca nos dijo también que era un documento que podía tener quizá algún desacuerdo, algún elemento de análisis incorrecto; nada de eso”, y aprovechó para pedir la oportunidad de hablar otro momento sobre esas propuestas que presentó la Unidad Popular. “Nosotros nos basamos en esto, en datos concretos tanto de UNICEF como también de la propia Naciones Unidas para hablar a que una vez rechazado un proyecto retardatario como fue el promovido por algunos partidos tradicionales de nuestro país del “No a la Baja”, de hecho se pretende juzgar al adolescente bajo una mirada penal de adultos. Fuera de todo detalle en este sentido, creemos que obviamente en una perspectiva popular eso significa que para los hijos de los trabajadores, de las capas más sumergidas de nuestro pueblo, implica obviamente una atención fundamentalmente de los viejos dispositivos punitivos, penitenciarios, los mismos que han arrastrado los partidos tradicionales desde la fundación de este país”. Milton Rodríguez señaló que “Hay un informe regional de DDHH del programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2013-2014, asegura que los impactos en la (…) ciudadana en América Latina vinculado a la mayor cantidad de tiempo de jóvenes en prisión, en realidad lo que hace es aumentar los niveles de violencia, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de los sistemas carcelarios. Ese informe señala también que busca evitar la imputabilidad penal de menores, darle prioridad a la justicia alternativa e invertir en la reinserción social afectiva para niños y jóvenes que egresan del sistema justicia penal”; leyó textualmente una parte del informe mencionado. Nosotros sostenemos que es un derecho de los adolescentes a ser juzgados y sancionados por un sistema especial, que de alguna manera eso ha sido consagrado por distintos tratados internacionales, y que obviamente este gobierno incumple. En ese sentido, después de 70 años entre el año 1934 y el 2004 que estuvo vigente un viejo código de la Niñez y de la Adolescencia, cuando recién en el año 2004 se establece uno nuevo, a través de este tipo de leyes y todavía de forma vergonzosa a través de una ley de emergencia que se había apurado en el orden del día del pasado 18 de octubre, se hacen cambios profundos a ese código de la niñez y de la adolescencia, que como nosotros lo hemos leído recién estamos dispuestos obviamente a buscar otra alternativa”, aseguró. Rodríguez sugirió que este ámbito al cual fue convocado “lo usaríamos como ámbito de debate”, pero que finalmente le atribuiría un carácter fundamentalmente de “denuncia”, “dado que no sé si vamos a tener una contraparte para poder preguntarle muchas de las cosas que nosotros le hemos puesto sobre la mesa y que nunca se animaron a contestarnos”. Entre ellas, Milton Rodríguez enfatizó que “de parte de la Unidad Popular estamos dispuestos -y lo hemos dicho también- a derogar las 3 leyes represivas que ha habido en los últimos años -la 18.777, la 18.778 y la 19.055-, que como bien se ha dicho más temprano en detalle han sido avances en este caso represivos, no a favor de los adolescentes, que de alguna manera han fijado cosas tan absurdas como el año de privación -que está en la Ley 19.055-, sin tomar en cuenta fundamentalmente las perspectivas adolescentes que significa justamente una nueva vida, el derecho a equivocarse, las posibilidades de trabajar fuera del ámbito penitenciario como primer ámbito de trabajo socioeducativo. Esto obviamente está vinculado con un correlato que tiene que ver con una política que expresa el gobierno por ejemplo en sus leyes presupuestales. En la última ley presupuestal -en la Rendición de Cuentas de este año-, el INISA (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente) presenta toda una serie de articulados para poder fortalecer algunos de esos programas, completamente ignorados por el oficialismo y por los partidos tradicionales. Es muy llamativo, porque por ejemplo, a pesar de las advertencias que se han hecho desde este organismo oficial como el INISA, -yo voy a leer, esto está en actas del 20 de julio-; En el Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación de jóvenes -el CIEDD-, hay 9 técnicos profesionales designados al área pericial, para un promedio de jóvenes que oscila entre 80 y 100. Esta tarea se cumplía en un plazo exiguo de 20 días para remisión de informes en el período cautelar”, leyó textualmente. Rodríguez señaló que “estamos diciendo que con este tipo de argumentos y estando las autoridades presentes, es increíble que no se apoye con ninguna asignación presupuestal justamente el establecimiento de nuevos equipos técnicos, interdisciplinarios, con capacidad de propuesta para trabajar justamente con los adolescentes y sus familias”.