Reclamos de desocupados de la construcción llegaron al Parlamento: Presidente del SUNCA de Soriano e

Los trabajadores desocupados de la Construcción Pablo Maneiro, Cristian Gutiérrez y Mauro García, fueron recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Definiéndose “independientes de cualquier partido político” y aclarando no conformar “un sindicato paralelo”, aseguran haberse “agrupado en defensa de la mano de obra local en la industria de la construcción”. En representación de unas 250 familias, llegaron además acompañados por el edil del departamento de Soriano, Fulvio Duarte, quien integra la Comisión de Obras de la Junta Departamental por el Partido Nacional, ámbito en el que “en una sesión extraordinaria de la Junta, a la que concurrieron 31 ediles, fue unánime el apoyo” que recibieron a su “lucha en defensa de la mano de obra local”.

El colectivo expresó que su “inquietud está dirigida a la aplicación de la Ley Nº 18.516 de Regulación y Distribución del Trabajo de Peones Prácticos y de Obreros no Especializados en Obras del Estado”. “A nuestro entender, el que está fallando es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque no ha fiscalizado”, y esperan ser recibidos por el Presidente de la República, “porque pensamos que podría incidir en que se cumpla la ley que mencionamos”. Cristian Gutiérrez, uno de los integrantes de la delegación de desocupados de Mercedes, expresó que “cuando la ley fue aprobada en 2009, fue una buena idea”, pero el problema es que “no se ha cumplido”. “Por el contrario, se ha violado, tenemos pruebas, y el Ministerio nos ha dicho que no les dan las manos para fiscalizar todo. Como lo establece la ley, deben aplicarse multas en el caso de que las empresas no cumplan con la norma. Hemos traído unas denuncias que presentamos ante Ariel Ferrari, mano derecha del Ministro”. Los desocupados apuntan “a que se fiscalice el cumplimiento de la ley desde 2009” y también lograr “que se interprete correctamente”. “Creo que ustedes van a compartir nuestra interpretación: una obra pública es del pueblo, por eso, apostamos a la transparencia y esperamos que nos apoyen en este sentido. La obra privada es otra cosa. Apostamos al sentido de ustedes, que son nuestros representantes, los representantes del pueblo, es decir, nosotros”, dijeron a los diputados. Gutiérrez explicó que “el artículo 2º expresa que si el personal permanente de la empresa es insuficiente, se puede contratar, en acuerdo en una tripartita integrada por el neutral, que sería el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la organización empresarial más representativa en nuestro caso, es el Centro Comercial y la organización más representativa de los trabajadores”. Sin embargo, “en la oficina del Ministerio en Mercedes, nos dijeron que la organización de trabajadores y la organización empresarial dejaron de asistir a la tripartita y el Ministerio de Trabajo, como órgano fiscalizador, no ha cumplido. Nosotros venimos con un planteo ante ustedes, nuestros representantes, para que la ley se aplique para lo que fue creada. Las empresas la han evadido y se han acostumbrado a hacer mal uso de ella”. Tras ser consultado por el diputado Carlos Coitiño (PVP) por las pruebas al respecto, Gutiérrez señaló que “en una sesión de la Junta, una abogada del Ministerio, María Laura Imas, nos dijo que mientras la tripartita funcionó, entraron personas de otras categorías por sorteo, pero después, los representantes de las empresas y del sindicato dejaron de concurrir”, lo que consta en un documento que el colectivo de desocupados había presentado previamente a los legisladores. Acerca del tratamiento de este planteo, consideran “que la aplicación de una ley como esta no puede ser tema de discusión de un convenio colectivo por parte de un sindicato”.

Qué pito toca el sindicato

Gutiérrez se refirió al estrecho vínculo entre el incumplimiento de la ley, y los acomodos de la dirigencia sindical. “cuando iniciamos esta movida, nunca lo hicimos a espaldas del sindicato: para nuestra formación, es una herramienta sagrada, pero los que están actuando mal son los dirigentes, no el sindicato”. “El presidente del SUNCA de Soriano y un integrante de la directiva de la ciudad de Dolores entraron a trabajar en la Escuela N° 102 de Dolores sin sorteo ni nada. Denunciamos la situación en un programa de radio para que se ubicaran éticamente en el momento por el que estamos pasando y no incurrieran en eso. Ellos salieron a retrucar, pero no quedó claro para la gente que quizás no están defendiendo la herramienta como deberían”, denunció Gutiérrez y reafirmó “si quieren, lo pueden comprobar: Escuela N° 102 de Dolores, obra pública, y el presidente del sindicato entró a trabajar sin sorteo”. Su compañero Pablo Maneiro, contribuyó en este aspecto a la argumentación del reclamo. “Está clarito: no queremos que el sindicato ni nadie se metan por afuera. Yo integré el sindicato, pero no iba a las obras a hablar con el empresario para que me dieran el trabajo a mí, porque yo fui elegido por los trabajadores, representaba a toda la masa obrera, y no iba a buscar trabajo para mí, usando mi posición, como pasa hoy en Soriano. Lamentablemente, los dirigentes hacen mal uso de las herramientas del sindicato y las usan en beneficio propio. Por eso, cuando empiece a construirse la planta de UPM, no quiero que pase lo mismo que con la primera, cuando el sindicato -yo estuve en una reunión; tenía 18 años- ya se había acomodado”. Maneiro manifestó que bregan por “que todos los trabajadores uruguayos tengan el mismo derecho y que vayamos a la misma bolsa: peones, medio oficiales, carpinteros, herreros”. No digo que los del sindicato no tengan que trabajar, pero que vayan todos a la misma bolsa, porque, si no, seguimos en la misma año tras año y ya nos cansamos de estar parados en la puerta de una obra y que vengan los del sindicato y entren primero, olvidándose de los trabajadores que los pusieron ahí”.

Dip. Rubio (26M-UP)

Eduardo Rubio acompañó el planteo de los trabajadores. “El objetivo de la ley es justo, pero, en los hechos, recorriendo el país, hemos visto que no se cumple casi en ningún lugar”. Respecto a los controles, consideró que “sería bueno solicitar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al BPS la historia del control ejercido, si se han aplicado multas, en qué obras hubo sorteo y si hay información acerca de la integración de estas comisiones tripartitas”.

Modificación a la ley

Gerardo Núñez (PCU-FA) dijo compartir la reivindicación “del sorteo y la transparencia” porque “evita las listas negras, que sabemos que existen en muchas empresas, y la incidencia de la edad del trabajador, porque, muchas veces, si tiene más de 50 años, no lo toman y prefieren uno más joven”. El legislador informó a los trabajadores que “la Comisión tiene a estudio un proyecto impulsado por el SUNCA que modifica la ley Nº 18.516”, que fue presentado por el ex diputado Óscar Andrade, banca que ostenta el propio Núñez y quien hoy preside justamente al sindicato. Al respecto Daniel Placeres (MPP-FA) se mostró “convencido de que la ley quedará mucho mejor que antes, pero se puede hacer modificaciones al proyecto”. Los trabajadores desconocían el proyecto, pero Cristian Gutiérrez adelantó que “La tripartita debería figurar solo como fiscalizadora, pero no para llegar a un acuerdo”. Por su parte, Pablo Maneiro dijo que “El año que viene se realizará en Soriano la Arena Soriano y no podemos esperar que se modifique la ley, porque cuando empiece la obra, nos vamos a ver en el mismo problema”. Rubio puntualizó que “hay dos caminos” a recorrer; por un lado “avanzar en el estudio de la modificación de la ley” y pero también “plantear la necesidad de aplicarla en las próximas obras, por ejemplo, la que se mencionó, la Arena Soriano”.

La crisis de empleo en la construcción

Maneiro le trasladó a los representantes nacionales, el problema que aqueja a decenas de miles de trabajadores. “El Estado debe darnos las posibilidades para trabajar, como uruguayos, de norte a sur, a donde vayamos. Hoy, tengo 50 años, pero si el Estado no me da la posibilidad de trabajar y me pide 30 años de trabajo para jubilarme ¿usted cree que voy a llegar? No voy a llegar, porque el Estado me está ninguneando, me está disfrazando cosas y no me da la posibilidad de acceder a fuentes de trabajo, y como mi caso, hay muchos en Uruguay. Por eso, creo que hay que tratar de cambiar esa exigencia de los 30 años, porque los que están en mi caso, no van a llegar a jubilarse. ¿A qué voy a llegar? ¿A una jubilación a la vejez, cuando he trabajado toda mi vida?”. El diputado Daniel Placeres, presidente de la comisión, manejó números de esta problemática. “Hay 39.000 trabajadores en el seguro de paro que generan un gasto de U$S 282.000.000 por año. Son los que tuvieron la suerte de estar inscriptos en una planilla de trabajo, pero debe haber otro tanto que quedaron sin cobertura porque no se aportaba por ellos”. Los desocupados de Mercedes manejaron en una entrevista con La Juventud que se han perdido 40.000 de los 60.000 puestos de trabajo que había en la industria. Por más que se busquen alternativas para paliar los terribles números, la crisis está instalada. Placeres agregó que “También es cierto que han nuevos sistemas de construcción mucho más prácticos y la capacitación sobre ellos sería algo muy positivo para abarcar ciertos nichos de empleo”; y puso el ejemplo de Canelones, donde “se han organizado brigadas de trabajo para hacer obras de saneamiento, arreglo de veredas y de calles y de fachadas de casas. En muchos casos, por ejemplo, de personas mayores, no pueden hacer su propia obra y tampoco contratar a una empresa y se está estudiando la posibilidad de que esas personas paguen la mano de obra mediante débitos de organismos del Estado como OSE o Antel y el ciudadano paga con la cuota respectiva. Esto lo hizo UTE con un presidente del Partido Colorado cuando se vendían electrodomésticos y se pagaban en cuotas junto con la cuenta de la luz. De esta manera, no interviene una cadena financiera y no se generan intereses para la gente”. Maneiro acotó que “hay cosas que las tiene que hacer el sindicato, como la capacitación”, y reiteró “que no somos un grupo paralelo al sindicato ni estamos en contra de él”. “En cuanto a trabajos como el arreglo de casas, nosotros lo vivimos en carne propia. En Montevideo, se saca permiso para arreglar una casa y se coordina con el BPS. En el interior, el trabajador va a hacer la changa a una casa de buen poder adquisitivo, sacan el permiso, lo cuelgan, pero el trabajador está en negro. En el interior, el BPS no coordina con la intendencia. Esa sería otra manera de generar mano de obra genuina: que una vez sacado el permiso en la intendencia, el BPS se informe acerca de quién está trabajando. Se está evadiendo aportes y a nosotros nos juega en contra”, agregó Maneiro. El desocupado hizo saber que “tanto en Santa Lucía, como en Treinta y Tres, como en Carmelo, hay muchos lugares a los que no hemos podido ir porque no tenemos los medios que tiene el sindicato, pero, seguramente, muchos trabajadores desocupados de la construcción se prenderían a esta movida, porque estamos peleando por algo legítimo (…) no somos unos loquitos de la bolsa, somos gente que pelea por algo genuino. Todos vivimos de algo: vender leña, repartir pizza, etcétera, pero hay una gran irregularidad. También se habló de la edad. Yo, con 34 años, estoy diciendo al Estado uruguayo que no me voy a poder jubilar si no se soluciona esto a corto o mediano plazo.

UPM y los trabajadores

Maneiro advirtió que “hay un tema importante y es los acuerdos sobre la nueva planta de celulosa. Hay un juicio, que ya lleva 11 años, por el tema del lockout patronal en Botnia. Ha sido un gran desgaste y ha quedado por el camino, pero pensamos que UPM, en algún momento, va a determinar que a toda aquella nómina, que era de 4.000 trabajadores, se le va a pagar el reclamo, porque, de otra manera, se puede llegar a armar otra movida grande, que ustedes pueden llegar a prevenir. Hace dos años, la empresa dijo que quería hacer una policlínica con el dinero pero que no quería pagar a los trabajadores y nosotros creemos que UPM sí va a pagar. Más allá de que el sindicato haya negociado con la empresa, ustedes lo pueden pulir antes de que llegue, porque si no se cancela la deuda, habrá gente que se va a movilizar, con lo cual, se pondrá en riesgo la construcción de la fábrica. Por 2 ó 3 millones de dólares, que no es nada para UPM, se puede armar una revolución”, señaló.