¿De qué lado está el gobierno? No hay plata para salud ni educación, sí para upm

En un mundo donde el capital está en crisis permanente y hace lo que sea para salvarse, los gobiernos no tienen más que dos opciones: o están del lado de los trabajadores o están del lado del capital. ¿De qué lado está el gobierno del FA?

El gobierno dice que no hay plata. En realidad dice que no hay plata para la salud, por eso se pretendió llevar adelante la tan anhelada refuncionalización del Hospital de Clínicas por medio de un proyecto PPP, a través del cual se privatizaría gran parte del hospital y se cobraría por determinados servicios. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo fue rechazada en el Consejo Directivo Central gracias a la lucha y la movilización popular. Pero el gobierno dice además que no hay plata para la Educación Pública. Por eso no se llega al 6% del PBI para la Educación, un largo reclamo de estudiantes y docentes. Un país que no apuesta por una educación de calidad, ¿tiene realmente un futuro prometedor? Uruguay destina solo alrededor de un 4% del PBI para este rubro (recordar que dentro de esta cifra está incluido lo que se destina para educación militar y el Plan Ceibal). A modo de ilustración, Bolivia se ha convertido en los últimos años en el segundo país del mundo que más porcentaje de su PBI invierte en educación, solo por detrás de Cuba, quien encabeza la lista. Ese número ronda el 13% actualmente y continúa en ascenso. Pero claro, el problema en Uruguay es que no hay plata. Tampoco parece haber plata para la vivienda. Uruguay invierte la ínfima suma del equivalente al 0.45% del PBI en vivienda. Es decir que se invierte menos de medio punto porcentual en un país que posee un enorme déficit habitacional; basta hablar con los vecinos de las ciudades del interior o de los barrios de la periferia de Montevideo para notar que existe una enorme cantidad de personas que alquilan y, al mismo tiempo, participan en cooperativas de vivienda o, viven de “agregados” con sus padres a la espera de que surja alguna solución habitacional en el barrio. Ni hablar de la cantidad de familias que viven en asentamientos. Los altos costos de construcción y la imposibilidad de acceder a un plan de vivienda del estado debido a los requisitos que se piden sumado a los bajos salarios que percibe una gran masa trabajadora son algunos elementos que explican parte de esta realidad. Ahora bien, hasta ahora venimos diciendo que no hay plata. El gobierno ha jugado al “achique” en estos últimos años. Ha recortado en varias políticas esenciales, ha privatizado servicios y ha “cuidado” el déficit fiscal cumpliendo con los mandatos de los organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el BID. Todo esto para mantener el anhelado “grado inversor” y cumplir con los requerimientos del capital multinacional. Sin embargo, cuando comenzó a anunciarse que UPM instalaría su segunda planta de celulosa en el país (la tercera de este tipo tras la de Montes del Plata), una de las condiciones era que el Estado uruguayo saliera de garante de una inversión en infraestructura de 1000 millones de dólares para los requerimientos de la empresa. El gobierno salió desesperado al mundo a buscar esos inversores vendiendo el país al mejor postor. La venta fue televisada en (casi) todas las ocasiones y la escena se repetía. Aparecía el presidente Vázquez (o en su defecto el ministro Astori o Nin Novoa) hablando de las enormes bondades del Uruguay para invertir. Mencionando el carácter “democrático” y “estable” de este pequeño país que le ofrece a toda “buena empresa multinacional” enormes exoneraciones fiscales para invertir y depredar sus recursos. Y la letra chica del contrato debía decir: “ah, y si es necesario pelearnos por usted con nuestros vecinos y hermanos, lo haremos”. Agobiado por la crisis económica y sin agenda para la clase trabajadora, el gobierno salió por Europa y por Asia (ahora por México) a buscar desesperadamente los recursos para que esta empresa salvadora se instale en el país. La idea original era que para 2019, año electoral, el emprendimiento estuviese en contrucción, etapa que, como ya pasó con la planta de Fray Bentos, es en la que se generaría la mayor cantidad de puestos de trabajo. Luego quedan unas 400 o 500 personas trabajando en una industria que destruye el suelo, se lleva el agua y, como frutilla de la torta, funciona con régimen de zona franca (o sea, en un lugar donde no se pagan impuestos). Como dice una afamada canción del acervo rockero uruguayo: “welcome to the tercer world, si usted puede pagarlo, aquí se puede hacer”. A decir verdad, el gobierno debe invertir esos 1000 millones de dólares para que luego la empresa evalúe si se instala o no. O sea que, como se dice popularmente, podemos quedar “bañados y sin visita”.

La actitud del PIT CNT, del Partido Comunista y el gobierno

El acuerdo con UPM no solo establece grandes exoneraciones tributarias y hasta condicionamiento de la educación en función de la nueva planta, también implica un riesgo para la flexibilización laboral. No es nuevo que los Estados nacionales pierdan cada vez mayor soberanía ante el poder de las multinacionales. La empresa ya pidió un “protocolo de prevención y solución de conflictos laborales”, a lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respondió con el anuncio de que instalará una oficina en la propia planta. Oscar Andrade, dirigente del SUNCA y del Partido Comunista, dijo la semana pasada a la prensa, refiriéndose al acuerdo laboral firmado para instalación de la empresa, que “el Pit-Cnt no puede comprometerse a algo que acordaron en forma bipartita (el gobierno) con la empresa”. Sin embargo, el Pit-Cnt participó de las negociaciones entre el gobierno, la multinacional y las cámaras empresariales. En el mes de setiembre, el ministro Ernesto Murro dijo: “Es trascendente e inédito que previo a la decisión de inversión de una empresa haya un acuerdo marco sobre los aspectos laborales”. Estas palabras fueron dichas tras la firma del acuerdo entre el Gobierno, las cámaras de la Construcción y Metalúrgica, el PIT-CNT y la empresa UPM. Murro agregó en esa oportunidad que este acuerdo “incluye un mecanismo de prevención de conflictos que fortalece la negociación colectiva”. De la firma del acuerdo participaron: Ernesto Murro, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Álvaro García, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); Marcelo Abdala, Oscar Andrade, Julio Burgueño y Fernando Pereira, integrantes del PIT-CNT; Ignacio Otegui, por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU); Andrés Castiglioni y Flavio Pérez, por la Cámara Metalúrgica del Uruguay (CMU); y Javier Solari y Gonzalo Giambruno, por la empresa finlandesa UPM. Por tanto, es falso lo que dice Andrade acerca de que fue un acuerdo solo entre el gobierno y la empresa. Es más, representantes del Pit-Cnt participaron de las giras oficiales del gobierno por Europa y Asia en busca de inversiones para la infraestructura necesaria para la instalación de la planta.

Un negocio redondo (para el oficialismo)

La instalación de la planta es un negocio redondo para el oficialismo. Ante la crisis económica, la falta de trabajo y la crisis interna que atraviesa el Frente Amplio, la instalación de la planta de celulosa es un maquillaje, un parche para llegar a las elecciones con alguna “novedad” que matice la falta de políticas reales para los trabajadores. También será un negocio redondo para el Sunca, ya que, mientras se construye la planta, aumentará el número de afiliados y, por ende, la cantidad de ingresos económicos. La cantidad de afiliados redundará en un aumento de afiliados al Partido Comunista y eso cierra el círculo con un aumento del apoyo al Frente Amplio. Por tanto, ante la pregunta: ¿hay plata o no hay plata? Parece que sí hay plata para el “matrimonio” entre el FA y el capital multinacional en una ecuación que parece tener como resultado “ganar-ganar” para ellos, pero “perder-perder” para los trabajadores.