Lo dicen los empresarios y el gobierno Vivienda: No hay otra solución real hoy que no sea el Plan d

El proyecto presentado por la Unidad Popular continúa a estudio de la Comisión de Vivienda de diputados; en el día de hoy recibe a la Dirección Nacional de Vivienda. Mientras tanto sigue haciendo mella a nivel político por el gran respaldo social que tiene y que sigue en aumento en todo el país; hace pocos días logró la declaración de Interés Departamental de otra Junta, esta vez la de Florida.

El gobierno se ve obligado a mostrar preocupación y hacer algo al respecto, y con sus propios argumentos demuestra que es la única solución posible. Los números que maneja el oficialismo, se condicen con los del mercado inmobiliario; y mientras se trata de neutralizar el impacto político y social que tiene el Plan Nacional de Vivienda Popular, para las familias trabajadoras acceder a la casa propia parece depender de un designio divino más que un derecho humano, calificar para un plan del gobierno es un milagro. Para no arrodillarse y rezar todas las noches por una vivienda digna, hoy está la posibilidad de organizarse y luchar para que se apruebe el Plan de Vivienda Popular.

Los números del dios mercado

El 80% de los uruguayos cree que es caro acceder a una vivienda, más del 50% cree que en los próximos años será aún más, y si bien más del 60% prefiere comprar su propia casa, para más del 80% las condiciones de financiamiento no son buenas según sus posibilidades, según un sondeo publicado en la sección Economía y Empresas de El Observador que realizó la empresa Mercado Libre Uruguay. Datos como estos, confirman por qué que el Plan Nacional de Vivienda Popular, proyecto de ley presentado por la bancada de la Unidad Popular a meses de haber puesto su pata en el Parlamento, ha dado en el clavo. En primer lugar porque atiende una situación de cardinal importancia para mejorar las condiciones de vida de la población, un derecho humano fundamental y contemplado en la constitución, hablamos de varios centenares de miles de uruguayos, naturalmente de los que tienen menos posibilidades y mayores necesidades. En segundo lugar, porque da una respuesta que contempla realmente la realidad de la inmensa mayoría de esa población, ya que como la política del gobierno está dirigida en beneficio de los capitales, empresarios, inversores, especuladores inmobiliarios, los realmente necesitados acceden de a puñados según una extensa gama de planes parciales y limitados, según interés y conveniencia de los empresarios. Será entre otras cosas por ello que con la aparición del Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública de la Unidad Popular, han proliferado las organizaciones de lucha por la vivienda a nivel nacional y local, y han adquirido una proyección de crecimiento en militantes, capacidad de trabajo y llegada al resto de la población e incidencia en diversos ámbitos políticos. Según el sondeo mencionado, es sideral la preferencia de los uruguayos por comprar la vivienda por sobre la posibilidad de alquilar, y los principales argumentos son considerar la adquisición de la vivienda como una inversión a largo plazo, y que el alquiler es “tirar” el dinero.

Las santas cooperativas

Un artículo titulado “política de vivienda” de la diputada del Frente Amplio por el MPP Susana Pereyra, que integra la Comisión de Vivienda donde hace un mes se comenzó finalmente a estudiar y discutir el proyecto de la Unidad Popular, asegura que durante el año 2016 “se finalizaron 3286 viviendas entre todas las modalidades de acceso”, reconociendo que “las cooperativas con 1173 viviendas es la que mas aporto en unidades”. Según la legisladora del gobierno, “la meta para este año, 2017, es llegar a ejecutar 4598 soluciones habitacionales, de las cuales 1900 serian mediante el sistema cooperativo, y tener en proceso de ejecución otras 10170 viviendas, de las cuales 5593 esperamos sean mediante las cooperativas”. Más allá que de este modo se ve claramente cómo acercándose a las elecciones se construyen más viviendas, y que también se incrementan al tiempo que toma vuelo en sectores organizados de la población la iniciativa que propone el diputado Eduardo Rubio en el Parlamento, se ve la insuficiencia total del gobierno en atender lo que desde hace muchos años es una urgencia habitacional. Así lo deja en claro la diputada Pereyra mostrando que todo está librado y descansado en lo que puedan llegar a hacer las cooperativas y que lo que se hace trata de complementarse con los intereses de los capitales privados que son los que mandan pues manejan el mercado, al señalar que “esperamos construir unas 23.500 viviendas nuevas con inversión pública durante este quinquenio, de las cuales aproximadamente el 50 % se realizaran mediante el sistema cooperativo, ya que este sea en su modalidad de ayuda mutua o de ahorro previo, multiplica los recursos que se aplican sobre la vivienda”, y agregar: “Comprendamos que el sistema cooperativo es muy eficiente pues se despliega en todo el territorio nacional, tiene un alcance territorial que muchas veces el sistema empresarial no cubre porque no les es redituable”. Vemos como la política de vivienda del gobierno no tiene eje en la necesidad del pueblo.

El padre alquiler

Otro legislador oficialista, el diputado por el PCU Gerardo Núñez ha presentado una iniciativa en relación a la vivienda, casualmente cuando la Unidad Popular hizo público su proyecto popular y dirigido a las familias trabajadoras, que como se esperaba ha cosechado intereses, respaldos y apoyos en el seno del movimiento sindical. El proyecto de Núñez y sus argumentos, al igual que en el artículo de la diputada del MPP evidencia el fracaso de la política de vivienda del gobierno del Frente Amplio, al menos desde el punto de vista de los trabajadores, de los pobres, de quienes no tienen posibilidad de ahorro y no pueden “meter horas” en una cooperativa porque necesitan 2 empleos y conseguir otras changas para poder mantener mínimamente su familia. El propio Núñez, confirma lo que piensa el 80% de los uruguayos; “a pesar de que aumentó la oferta y también la demanda, crecieron los precios”. Y si bien la mayoría de la población prefiere comprar y no alquilar, la cantidad de viviendas ocupadas por alquiler “va a aumentar porque el ahorro y la posibilidad de compra se ven difíciles por la nueva realidad del mercado de trabajo y las reglas de juego del mercado inmobiliario”. Núñez proviene del movimiento estudiantil, y bien debe saber que el problema del acceso a la vivienda es aún más grave entre los jóvenes. Según la encuesta que citamos, los jóvenes son quienes más alquilan, 9 de cada 10 ven caros los precios de las viviendas de acuerdo a sus posibilidades y no les sirve o no califican para las opciones de financiamiento disponibles. Su proyecto apunta justamente a topear los precios de algunos alquileres, lo que hace en realidad es regular el mercado, garantizando que quienes precisan vivienda y el Estado nunca llega a garantizarles el acceso, puedan seguir dando ganancias para quienes lucran con la necesidad de vivienda de otros, en este nuevo escenario de más necesidad de vivienda y menos posibilidades. Esto se evidencia en un artículo de El Observador, donde según el informe Situación de la Vivienda en Uruguay del Mides, el 7% de los hogares en el país son ocupantes sin permiso o propietarios de la vivienda pero no del terreno, mientras que en el censo de 2011, eran aproximadamente 1%. En aquel entonces, el 59% eran propietarios, 19% inquilinos y 21% ocupantes en relación de dependencia; pero según el Mides, viene cayendo la proporción de hogares propietarios en favor aumento de los inquilinos. El proyecto del PCU, deja librado al mercado la construcción de nuevas viviendas como negocio, pero topea los alquileres de construcciones viejas y de las construidas bajo la ley de Viviendas de Interés Social, que están incentivadas y exentas de impuestos justamente para hacerlas más accesibles. Es decir, este proyecto no niega la posibilidad de construir viviendas tal cual se propone en el Plan Nacional de Vivienda Popular, sino que a diferencia del proyecto de la Unidad Popular que lo toma en manos del Estado enmarcado en un Plan Nacional, las deja en manos de los emprendimientos privados y según su criterio; tanto de alto costo destinada al confort de quienes más tienen, como de bajo costo pero exentas de impuestos para quienes tienen menos posibilidades. Pero de hecho, se concibe que estas viviendas de Interés Social se alquilan, por lo que son propiedad de quien en realidad no la precisa para vivir, sino para obtener una renta que debe ser topeada. Además, la iniciativa hace eje en el precio de la vivienda para determinar el precio del alquiler, o sea se regula desde el punto de vista del propietario, no de la realidad del ingreso del núcleo familiar, como lo hace el Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública. Estas viviendas ahora llamadas “de promoción privada”, ya han sido topeadas en su costo de venta, lo cual ha hecho que se dejen de construir. Según el Informe de Situación de Vivienda anteriormente citado, los propietarios que aún están pagando por su vivienda destinan en promedio el 12,5% de sus ingresos al pago de la cuota de compra; mientras que los ingresos destinados al pago de la cuota de la vivienda se duplica para los hogares inquilinos, para quienes en promedio la cuota de alquiler representa el 22,1% de sus ingresos, según el Mides. Estas medidas parciales que apuestan a la voluntad del capital y la especulación, siguen sin dar una verdadera respuesta a quienes necesitan vivienda, mientras se encargan de garantizar las condiciones de lucro para los empresarios.