Un proyecto a la medida de los trabajadores: Sindicatos explican a los diputados por qué defienden e

Un baño de realidad para el gobierno acerca del alcance de sus políticas de vivienda. Hasta la aparición del Plan Nacional de Vivienda presentado por la Unidad Popular, los mayores beneficiados son los sectores de mayores ingresos y el mercado inmobiliario, y la inmensa mayoría de los trabajadores habían resignado el derecho de acceder a la vivienda propia.

Representantes de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, del Sindicato de Enfermeros del Uruguay, y de la Comisión Interna del Hospital Pasteur, expresaron el miércoles en la Comisión de Vivienda del Parlamento el respaldo de sus sindicatos al Plan Nacional de Vivienda Popular por construcción pública, proyecto de la Unidad Popular que desde hace un mes estudian y discuten los legisladores, y que como en este caso de sindicatos vinculados a la salud, cuenta con el respaldo de distintas organizaciones de trabajadores y jubilados, en particular algunos vinculados a la obra pública y universitarios de arquitectura, y un fuerte movimiento social de lucha por la vivienda que se ha organizado a lo largo y ancho del país entorno a este proyecto, y que ha obligado al gobierno a tapar el ojo con anuncios en esta materia, y presiona al sistema político para ir cosechando respaldos también a nivel de los legisladores de todos los partidos para hacer posible esta solución para decenas de miles de familias trabajadoras.

“Un proyecto para las clases populares”

La primera intervención estuvo a cargo de Hugo Etcheverry, en representación de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Etcheverry señaló que “hay algunas dificultades” en cuanto a “el derecho fundamental a la vivienda que tiene todo ciudadano de este país”. “Si bien existen planes de vivienda a nivel nacional, no atienden a aquellos compañeros que reciben salarios relativamente bajos y que se encuentra en situaciones sociales bastante particulares”. Denunció que “se ha fomentado el tema economicista, del mercado inmobiliario. Se pueden ver muchas construcciones de edificios -hasta por empresas multinacionales- que apuntan a un segmento de trabajadores con salarios muy altos y al cual la mayoría de nuestros compañeros no tiene posibilidades de acceder”. En el caso de los trabajadores del Hospital de Clínicas, aseguró que “nos manejamos con un salario relativamente bajo; no llega hasta la cuarta canasta”, y “a veces se trata de mamás solas o papás solos con niños a cargo o personas adultas que están a cargo de los compañeros”. Además, “en la mayoría de los casos, tienen multiempleo; esa también es una condicionante para que a determinados planes -como es el caso de las cooperativas- no podamos acceder por una acumulación horaria muy amplia y que, inclusive, no le permite tener su horario de descanso”. Desde la UTHC reconocen entre “las bondades que tiene este proyecto”, “que el monto fijo del máximo de ingreso por familia ronda los $ 70.000 y deberían pagar un 10%. O sea, en una familia donde ingresan $ 70.000, sería alrededor de $ 7.000”, mientras que “si vamos a la realidad actual, cualquier alquiler pasa los $ 12.000, $ 15.000, $ 20.000 o $ 25.000, y estamos hablando de barrios alejados del centro, en la zona periférica”, aseguró. También destacan otra fortaleza del Plan de Vivienda Popular, “se plantea que la construcción tiene que ser con materiales preferentemente nacionales, al igual que la mano de obra”, y “que sea de construcción pública”. De ese modo se fortalece el trabajo en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, y además “podrían entrar en la construcción de las viviendas los compañeros que están en seguro de paro”. “Entendemos que es un proyecto que las clases populares deben tenerlo en cuenta”. Etcheverry señaló que con la construcción de 7.000 u 8.000 viviendas por año como está planteado, significaría al menos unos 10.000 trabajadores, cuando hoy solamente en la construcción el desempleo “ronda los 16.000 compañeros”. El dirigente de UTHC fundamentó este planeo a nivel nacional. Según las cifras que manejó, “en Maldonado hay un déficit habitacional de 10.000 viviendas”, y es donde “se encuentra el mayor número de compañeros en el seguro de paro”; y destacó que esta es la única solución que se visualiza para ellos. Etcheverry manejó la posibilidad de comenzar una experiencia piloto allí.

“Una buena solución para nosotros y nuestros hijos”

Por su parte Martín Biasotti, presidente de la Comisión Interna del Hospital Pasteur, consideró “importante que el movimiento sindical apoye este tipo de iniciativas y proyectos”. “Tanto como la salud y la educación, la vivienda es una bandera histórica del movimiento”, dijo y aseguró que “hoy en día no todos accedemos a planes de la Agencia de Vivienda u otros”. “Esta sería una importante solución para la población menos favorecida económicamente”, enfatizó y destacó que “no solo atiende la problemática de la vivienda, sino que también dinamiza la economía”, al plantear “que la mano de obra sea local y los materiales nacionales”. Biasotti reclamó “una clara reglamentación” “para no favorecer a los especuladores inmobiliarios que no estarían en consonancia con lo que es este proyecto”. Destacó que el proyecto ayudará “a muchos jóvenes que hoy no acceden a la vivienda porque no tienen capacidad de ahorro o a familias monoparentales que tienen grandes dificultades para acceder a la vivienda propia y pasan toda la vida pagando un alquiler exorbitante”. “Todos queremos dejarles a nuestros hijos una solución”, y “este proyecto va en esa línea”, remarcó.

En la salud, “comemos o pagamos un alquiler”

Por último Vera Pereyra representante del Sindicato Único de Enfermeros, dio otro tinte a la fundamentación de la necesidad de que se apruebe este proyecto. “La vivienda es algo difícil para los trabajadores de la salud, ya que percibimos sueldos muy bajos y no tenemos forma de ahorrar”, y agregó que “trabajamos muchas horas para poder a pagar un alquiler, para poder comer y no llegamos a ganar ni la cuarta parte de una canasta básica. En pocas palabras: comemos o pagamos un alquiler”, sentenció. “Por lo tanto, el proyecto sería una buena solución no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos”. Además explicó a los legisladores que buena parte de los trabajadores han “pagado alquiler toda la vida”, y ya no creen en las cooperativas de viviendas ya que “muchos hemos estado en ellas o en el Banco Hipotecario, pero tuvimos que salir porque no podemos solventarlos”. Debido a los requisitos que establecen, lo cierto es que “nunca podemos acceder a una vivienda” y “nos preocupa mucho no poder lograrlo”. “Trabajando en la salud, estamos más enfermos que las personas a las que debemos cuidar”, denunció, e aseguró que “hay muchas enfermeras jefas de hogar, lo que nos significa una gran carga”.