NO A LAS CÁRCELES PRIVADAS

El desarrollo de la acumulación capitalista continúa profundizándose cada vez más con los gobiernos del FA. Hemos llegado a un punto en el que el crecimiento extensivo de este proceso de acumulación se hace transversal a toda la economía uruguaya; dicho en otras palabras, los gobiernos del FA han permitido que el capital privado llegue a sectores en los que antes hubiera sido impensado que ingresara.

En términos generales este proceso es inherente al propio sistema capitalista, y en todo el mundo puede observarse (sacando casos puntuales) la mercantilización del tiempo libre, la introducción del gran capital en el comercio minorista, la expansión de la educación privada, etc. Lo llamativo del caso uruguayo es que a este proceso propio de cualquier economía capitalista se le suma la introducción del gran capital en otros sectores importantes de la economía (agricultura por ejemplo) y en áreas de la economía tradicionalmente abarcadas por el estado. Hemos visto como bajo diversas vías legales como pueden ser las tercerizaciones de servicios, concesiones a privados, participación público privada, entre otras, el estado uruguayo ha ido cediendo terreno a empresas privadas. Casos relevantes a mencionar hay muchísimos: Generación privada de energía eléctrica, cantinas privadas en UdelaR y secundaria, contratos de provisión de servicios a empresas y ONG’s en el Mides, administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones, y muchos casos más. A estos casos, que ya llevan un buen tiempo en marcha, se le suman este año tres situaciones que son aún más difíciles de aceptar; el intento fallido de privatizar el Hospital de Clínicas (que solo se salvó gracias a la lucha en la calle de los actores involucrados) dio pie al gobierno para promover la privatización mediante PPP de la asistencia brindada por el Hospital Pasteur, la Ley de Riego impulsada por el ministro de ganadería privatizó las fuentes de agua para riego, y como frutilla de la torta, en diciembre abrirá sus puertas la primer cárcel privada del país. La Unidad de Personas Privadas de Libertad N°1 de Punta de Rieles abrirá sus puertas a mediados de diciembre. Esta mega cárcel con capacidad para 1960 reclusos fue construida mediante PPP. Un consorcio privado integrado por tres empresas (dos de ellas integran el grupo transnacional Abengoa) fue el encargado de la construcción, está instalando el sistema de videovigilancia y será el encargado de la lavandería, limpieza y alimentación de los reclusos; el estado se encargará de la rehabilitación y de la seguridad dentro del predio. Aparte de los costos operativos que implicará la acción del estado en estos puntos mencionados (sobre los que no hay una estimación realizada pero se sabe que la cárcel comenzará a operar con 235 operadores penitenciarios y 130 policías) el estado uruguayo deberá pagar al consorcio privado 200 unidades indexadas por plaza por día, nada más y nada menos que por un periodo de 27 años y medio. Teniendo en cuenta que la cárcel está pensada para funcionar con 1960 presos, el estado está comprometido a pagarle al consorcio privado nada menos que $14.558.390.000 a pesos constantes. El consorcio, para poder financiar la construcción de la Unidad Penitenciaria emitió acciones en la bolsa de valores de Montevideo, que vaya casualidad, fueron adquiridas mayoritariamente por República Afap, con dinero proveniente de los trabajadores uruguayos. Un detalle nada menor a la hora de hablar de números es que serán los propios presos quienes trabajen para la empresa dentro de la cárcel, por lo que estamos hablando de mano de obra barata asegurada. Si lo pensamos desde el punto de vista del consorcio privado, esta cárcel es un negocio redondo: en ninguna rama de actividad una empresa logra asegurarse la demanda de sus servicios por tres décadas, y mucho menos logra asegurarse la disponibilidad de mano de obra a salario mínimo durante el mismo periodo de tiempo y sin conflictividad laboral, y menos aún logra acceder al financiamiento para su inversión con tanta facilidad. Si lo pensamos desde el punto de vista del estado el panorama es el opuesto: el estado se compromete a pagar millones y millones a largo plazo por algo que perfectamente podría haber hecho por sí mismo, paga $740 pesos por día por una vianda de comida y el lavado de un uniforme para cada preso, lo que implica un claro sobreprecio. Más allá de estas consideraciones económicas sobre un acuerdo que es a todas luces perjudicial para el estado, la privatización de las cárceles tiene serias implicancias también para la persona privada de libertad. En primer lugar, diversos actores vinculados a la temática plantean que el tamaño de esta cárcel hará imposible la rehabilitación, ya que la experiencia a nivel internacional muestra que cuanto más pequeños son los establecimientos penitenciarios más efectivo es el proceso de rehabilitación, y viceversa. El tiempo de vida de la persona privada de libertad pasará a ser una mercancía generadora de ganancias para el capital privado, por lo que se está atentando contra la propia dignidad del preso. La experiencia internacional además plantea que las cárceles privadas no logran mejores resultados que el sistema penitenciario público sino todo lo contrario, crean un lobby que se beneficia por la existencia de reclusos y promueve el aumento de la prisionalización. A modo de ejemplo, desde que se implementó en Estados Unidos el mismo sistema que implementaremos en Uruguay a partir de diciembre, la población recluida se incrementó 1600% (tan solo en dos décadas). Observamos entonces que el gobierno del FA se plantea reducir la inseguridad, rehabilitar y mejorar el problema del hacinamiento carcelario apostando a mega cárceles privadas que mercantilizan la vida de los reclusos y tendrán todos los incentivos a presionar para aumentar la cantidad de los mismos. ¿Tiene sentido esto? Claramente no, y mucho menos cuando quien lleva adelante este proceso es un gobierno que se dice de izquierda. Desde la izquierda, los Jóvenes del Movimiento 26 de Marzo denunciamos la creación de cárceles privadas, y planteamos que la única manera de combatir la inseguridad es luchando contra sus causas, contra la pobreza, la marginación social, la segregación espacial, la falta de educación, la falta de empleos dignos y muchas otras causas más. Si no se atacan las causas del problema del hacinamiento carcelario no habrá manera de solucionarlo, y mucho menos si se adopta el camino que está recorriendo el gobierno, que como la evidencia histórica demuestra, avanza en sentido contrario a la solución de estos problemas sociales y solo favorece al gran capital. Para luchar contra este avance privatizador neoliberal llevado adelante por el FA es necesario organizarnos para la lucha, por eso te invitamos a sumarte a militar en la Juventud del 26.

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