Negocio con la salud pública: Enriquecimiento particular con los dineros de ASSE es la norma

Empresa que le cobra más de U$S 25.000 mensuales a ASSE por servicios de traslados en ambulancia para el Hospital de San José, es propiedad de funcionarios del propio centro de salud y del Pereira Rossell. El gasto fue observado por el Tribunal de Cuentas de la República la semana pasada, por la contratación del servicio al Consorcio Cámara de Emergencias Móviles de San José en relación a una ampliación de un contrato por un año iniciado en agosto de este año, y prorrogable por 2 años más. El contrato original de características similares, estuvo vigente por un año desde 2014 y también fue prorrogado por 2 años, hasta esta ampliación.

El Tribunal de Cuentas advierte que el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf) expresa que los funcionarios de ASSE no pueden vender servicios de ningún tipo para dicho organismo. En el caso de la Cámara de Emergencias Móviles de San José, 3 de sus 4 directores trabajan para ASSE, lo que contraviene tal norma. Según informó El País, el Tribunal de Cuentas señala que corresponde a ASSE disponer investigaciones administrativas sobre eventuales actos irregulares para determinar la responsabilidad de los funcionarios que hoy poseen la propiedad de la empresa ganadora de la licitación.

Legalizar lo que está mal

El pasado jueves, 3 jerarcas de ASSE que actualmente se desempeñan al frente del Pereira Rossell y el Hospital de Salto comparecieron ante la Investigadora por el comprobado caso de conjunción del interés público con el privado, al contratar a su propia empresa de traslados por el Hospital de Bella Unión, del cual eran directores. Los traslados de pacientes en ambulancias desde el Hospital de Bella Unión en Artigas a Montevideo contratados a la empresa SIEMM, le cuestan a ASSE más de US$ 5.000 cada uno. Este tipo de situaciones dice la Dra. Susana Muñiz, presidenta de ASSE, que ya no ocurren en la administración, y que las irregularidades que actualmente observa el Tribunal de Cuentas responden a que la reglamentación actualmente prohíbe a todo funcionario de ASSE (y no solo director de un Hospital) venderle servicios a la propia administración. Ante estas situaciones, Muñiz considera que hay que modificar estas reglamentaciones del TOCAF para que estas prácticas ya no sean observadas. En un sistema donde los privados se quedan con 2/3 de los más de 3.000 millones de dólares que invierte el Estado en salud, buena parte del presupuesto que va para ASSE se va a bolsillos privados, vía contratos y contrataciones directas en tercerizaciones y privatizaciones, comisión de apoyo, las autoridades encargadas de administrar los servicios de salud del Estado pretenden flexibilizar las normas que permiten al menos controlar y limitar que el dinero destinado a la atención de salud pública se gaste en la órbita pública, y no que se aliente a que el dinero se vaya junto con sus funcionarios a la órbita privada para encarecer y lucrar con la necesidades de atención de salud de la población.