Al gobierno le resulta peor el remedio que la enfermedad: El problema de la solución para los “cinc

Tres meses después de enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento, jerarcas del Ministerio de Economía pidieron 2 semanas de plazo para calcular los costos que tendrá para el Estado tras suspender su comparecencia en repetidas oportunidades para explicar y aclarar a los legisladores que tienen encomendado estudiar el proyecto de ley que prevé la desafiliación al régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio previsto por la Ley Nº 16.713, llamada “la solución para los cincuentones” del gobierno.

Mientras tanto, duerme en escritorios el proyecto presentado por la Unidad Popular con el que se devuelve al BPS la plata recaudada por las AFAP, y éste se hace cargo de las jubilaciones de los cincuentones, recibiendo una inyección importante de dinero para las arcas del BPS y aliviando al Estado por su aporte desde Rentas Generales para cubrir el déficit actual, que en buena medida se debe al trasiego de la plata de los trabajadores que se invertía en un sistema de solidaridad intergeneracional de seguridad social, hacia un ahorro personal utilizado para invertir y generar utilidades y rentabilidad para negocios del sistema bancario.

“Pasa la patata”

En primer lugar queda claro que el apuro del Poder Ejecutivo no era encontrar la mejor solución para los “cincuentones”, sino sacarse de arriba el reclamo de los trabajadores. Unos 2.000 trabajadores ya se jubilaron y fueron perjudicados por este problema, y el reclamo, el descontento y la organización creciente de las decenas de miles de trabajadores comprendidos en esa franja etaria, que traería costos políticos importantes para el gobierno y que podría pagarlos en la próxima contienda electoral. Fue así que ante una movilización frente a Torre Ejecutiva, 2 años después de instalada la problemática, el presidente Vázquez bajó y anunció a los manifestantes que solucionaría su problema… bueno sería que no se corrigiera esta inequidad, que además la propia justicia se encargaría de intimar al gobierno a la reparación. El Dr. Vázquez delegó la elaboración del proyecto de ley en los ministros de Trabajo y de Economía, el que sería presentado en el Consejo de Ministros de Cerro Largo. Pero ese lunes, lo que se presentó fue el adelanto que al final de la semana se entregaría el proyecto al parlamento. Es que la creación y administración de un fideicomiso costará mucho dinero al Estado, y según la forma que se instrumente y de la forma y los tiempos que se desafilie trabajadores de las AFAP, los montos varían. Y en eso Murro y Astori no se ponían de acuerdo, y hasta ahora no lo han hecho. Mientras el Ministro de Trabajo intentó disimular esta situación inculpando de las demoras a los legisladores de la oposición, el martes en la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda los jerarcas del Ministerio de Economía que llevaban semanas postergando su visita y por tanto demorándolo, confirmaron que no está claro los costos que tendrá para el Estado el proyecto que ellos mismos elaboraron ¡los de Economía! Naturalmente, los legisladores que son quienes deben aprobar o modificar el proyecto, no pueden evaluar si es la mejor solución, o si los otros mecanismos no podrían ser más beneficiosos. Incluso en su exposición el martes en el parlamento, el viceministro Pablo Ferreri culminó diciendo que “entendíamos importante concurrir hoy aquí, no dilatar nuestra presentación” y admitiendo “que estamos analizando los distintos escenarios planteados” que “tienen una varianza realmente importante” y que “podríamos considerar llamativa”. Finalmente reconoció que “en función de eso, si se entiende necesario, podríamos proponer ajustes o cambios al proyecto enviado en su momento”.

La palabra oficial

El único jerarca del MEF que habló ante los legisladores fue el subsecretario de la cartera, el Cr. Pablo Ferreri. El viceministro dijo que en la solución del Poder Ejecutivo se pretende “salvaguardar los fondos” de quienes opten por “trasladarse desde el régimen mixto hacia el régimen 100% del Banco de Previsión Social”. “Por eso se está proponiendo la creación de un fideicomiso”. “Para nosotros es importante que la definición de permanecer en el régimen mixto o volver al BPS se tome al principio” (…) “para dar previsibilidad a los flujos financieros que se generan en virtud de quienes toman la decisión de cambiar de régimen”. “Es importante hacerlo en un lapso acotado y no dejarlo abierto porque se podría generar una incertidumbre mayor en lo que tiene que ver con las potenciales personas que puedan tomar la decisión y los flujos de fondos que se generen, que tienen que ver con los ahorros de los ingresos que estas personas han hecho hoy en las AFAP y sobre todo con los rendimientos que pueden generar una vez sacados de las AFAP y puestos en el fideicomiso”, insistió. “Respecto de ese fideicomiso puede haber un tema de tasas y, además, una estimación determinada en función de cuál sea el flujo de ingresos. Una cosa es que los ingresos ocurran al principio y de manera ordenada; otra, que ocurran en un lapso mucho más abierto y, por lo tanto, con incertidumbre en cuanto a las rentas que genera”. “Queremos pedirles un plazo de dos semanas, para estudiar en profundidad todos estos números” (…) “y volver con una estimación certera de todas las cifras que han sido mencionadas aquí”. .Las distintas soluciones

Ferreri presentó a los legisladores que “con esta solución se busca preservar los dineros de los cotizantes que vuelven hacia el BPS integrándolos en un fideicomiso que blinda el uso de estos fondos y, al mismo tiempo, realiza inversiones muy seguras”. El gobierno lo que se propone con su proyecto, es continuar contando con los ahorros de los trabajadores para invertir en el sistema financiero, para invertir en caminería o vías de tren para UPM, en obra pública porque no destina un solo peso en el presupuesto de achique y debe cumplir con su promesa de inversión multimillonaria para el quinquenio, en usar la plata de los trabajadores para comprar las emisiones de deuda que realiza sistemáticamente el gobierno. Ferreri explicó que “Las inversiones que se pueden realizar con los dineros que son recibidos en ese fideicomiso. Lo que se buscaba era establecer un fideicomiso que pudiera estar conformado por valores emitidos por el Estado uruguayo, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central, depósitos a la vista y a plazo fijo en instituciones de intermediación financiera instaladas en el país y valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito o por gobiernos extranjeros de muy alta calificación crediticia”. Por tanto, la solución del gobierno es recuperar el dinero de los cincuentones que tienen las Afap y los futuros aportes cuanto antes para poder invertirlo, administrándolo a través de un fideicomiso. El equipo económico ya ha propuesto la creación de una nueva moneda, la Unidad Previsional, que permitiría utilizar estos dineros en inversiones y emisiones de deuda. Esto es similar a la creación de una AFAP, y tiene sus costos de administración. Como no se le puede cobrar al trabajador, porque las AFAP ya cobraron y eso el gobierno no se lo va a tocar, esos son los costos de los que se habla que tendrá que asumir el Estado. “El tipo de inversiones al que estaría autorizado este fideicomiso y la certeza de que se otorgaría con el mecanismo de la opción al principio en cuanto a los flujos de los fondos, dan en su conjunto una acción combinada que nos permite decir que sería un fideicomiso de administración relativamente sencilla y que, por lo tanto, las comisiones que se deberían de cobrar deberían ser relativamente bajas en comparación con otros que manejan una cartera mucho más diversificada”, dijo el viceministro. Se pretende capitalizar el fideicomiso del modo que le dé mayores seguridades y posibilidades para invertir en lo que necesita para el modelo de país. Por su parte, las objeciones que plantean opositores blancos y colorados son modificaciones de instrumentación para que en algunos casos cueste menos al Estado, y en otros para darle más dinero aun a las AFAP. Solo la propuesta de la Unidad Popular, que no es tenida en cuenta, toca a las AFAP. Ni el gobierno ni blancos y colorados tocan un peso de las AFAP y al sistema que ha puesto en riesgo el solidario intergeneracional y que ha generado esta tremenda injusticia a los trabajadores. Solo la propuesta de la Unidad Popular fortalece la seguridad social solidaria e intergeneracional, administrada y en manos del Estado. Ni el gobierno ni los blancos y colorados proponen favorecer al BPS y la solidaridad intergeneracional. “Es un tema muy delicado, que involucra muchos aspectos de seguridad social y que, en cualquier escenario desde el más chico al más grande de los planteados y cualesquiera sean las variables que se manejen , se estima un costo fiscal importante”, aseguró el Cr. Ferreri.

La posición de la UP

El diputado de la Unidad Popular por el 26 de Marzo, Eduardo Rubio criticó duramente este proyecto “por su contenido” partiendo de la realidad que “resuelve el tema de los cincuentones en cuanto al cobro de las jubilaciones pero condena al BPS, consolidando una nueva AFAP”. Con este pedido de aplazamiento del Poder Ejecutivo, Rubio cargó los dardos contra el Ministro de Trabajo. “Después de haber demorado 2 años el gobierno en dar una respuesta a este tema, (Murro) atropelló con todo diciendo que la oposición frenaba y dilataba el tema, que era culpa de todos nosotros”. “El tema sigue empantanado en la Comisión de Legislación de Diputados sabe ¿por qué? Porque el gobierno lo trancó”, aseguró Rubio. “¿Qué dice el Ministro Murro ahora?”, desafió Rubio. “Quiero escuchar sus declaraciones, quiero que encare al Ministro de Economía y que le diga que está entorpeciendo y trabando la solución a los cincuentones, que lo diga. Salió tan intempestivamente, tan violentamente a denunciar a otro, ¿por qué no se denuncian a sí mismos?”. “Sería un elemento básico de honestidad intelectual”, aseguró e insistió pidiéndole que “ahora diga quien está trancando” un “proyecto malo además”. Rubio asegura que Murro “atropelló con el afán de disimular la brutal y total responsabilidad de este gobierno con los cincuentones y un proyecto que además condena a los que ya se jubilaron. Para tapar todo eso él levantó el humo y engañó a mucha gente”.

Rubio pidió a los cincuentones que pasaron por su despacho preguntando por qué se demoraba el tratamiento, “que le pregunten al Ministro Murro quién está trancando este proyecto” pero que sea honesto y diga que “como no quieren tocar ni un pelo de las AFAP, entonces los costos de la seguridad caen sobre el estado uruguayo. Rubio sostuvo que “la propuesta de la Unidad Popular era mucho más clara, era contundente, era irrefutable pero claro, había que meterse con las AFAP, y mirá si Murro y Astori van a meterse con las AFAP”, exclamó. “Además son quienes van a estar incluso involucradas en el desarrollo de lo que propone la ley de riego tal como lo han dicho quienes votaron la Ley de Riego”, denunció el diputado por la lista 326.

Enojos y deberes

Los legisladores de la Comisión de Seguridad Social integrada con Hacienda que estudia el proyecto del Poder Ejecutivo, esperaban con ansiedad la comparecencia del Ministerio de Economía para conocer la proyección oficial de los costos para el Estado que genera este proyecto, pues se habían recibido cifras muy diferentes entre economistas, el BPS, la AFAP del Estado (República Afap) y los de la Asociación que nuclea a las AFAP de los bancos privados. Por este motivo es que todos aceptaron el plazo pedido por los jerarcas del MEF para realizar los cálculos, pero muchos de ellos se mostraron molestos por la falta de seriedad de elaborar un proyecto y enviarlo a estudiar al parlamento, sin saber cuánto cuesta. Esta situación agravada por las presiones de Vázquez, Topolansky y Murro ejercidas sobre los diputados, cuando Economía no tiene los números. Por ello y en contrapartida, los miembros del equipo económico se llevaron deberes a pedido de la comisión. El diputado Pablo Abdala planteó “ya que el Poder Ejecutivo se va a poner a hacer números y el Ministerio de Economía y Finanzas va a hacer un estudio desde el punto de vista de los costos”, que estimen “cuál sería el costo introduciendo o agregando” a los perjudicados que ya se jubilaron, que son aproximadamente 2.000 y que se quejan de no estar contemplados. También la variante calcular solo “a aquellos que tuvieron que jubilarse no por la causal común sino por razones de discapacidad o de enfermedad”.

Mientras tanto Conrado Rodríguez agregó al pedido que se incluya en los cálculos “a aquellos que por disposiciones legales y reglamentarias tuvieron que cesar de forma anticipada y no pudieron seguir trabajando ni aportando en el sistema mixto, es decir, que no tuvieron la oportunidad de seguir trabajando porque la ley les obligó a jubilarse, entre ellos, por ejemplo, los docentes”. “Sería bueno que en el estudio que haga el Ministerio de Economía y Finanzas específicamente se considere el impacto que podría tener incluir una solución para aquellos que por disposiciones legales y reglamentarias tuvieron que cesar de forma anticipada en sus trabajos”, insistió.