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Columna: La sangría que deja un modelo impulsado desde Washington

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 26 oct 2017
  • 3 Min. de lectura

Por: Darío Camilo Perdomo Departamental 26M San José

Lo que se conoce como “Consenso de Washington” refiere a un conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal que comenzaron a aplicarse a partir de los años 80 y los 90 con el ascenso al poder de los conocidos “conservadores” Ronald Reagan y Margareth Thatcher. Estas eran una serie de medidas de “estabilización y ajuste” de las economías de los países sobre las que determinadas instituciones que tenían su sede en Washington, como el FMI, el Banco Mundial y la Reserva Federal de los EEUU, parecían tener un «Consenso» acerca de su necesidad.

Este nuevo ideario de medidas económicas en términos generales apuntaban a evitar grandes déficits públicos por la vía de la reducción del gasto, reformas impositivas, privatización de las empresas públicas, liberalización del comercio y los mercados de capitales, minimizar las condiciones de ingreso de la inversión extranjera directa, restablecer “el mercado” como mecanismo central para la asignación de recursos en la economía, priorizar al sector privado como motor de la misma y a la vez minimizar el peso del sector público. El acceso a la financiación para estos mecanismos financieros internacionales estaba condicionado a la aplicación de este conjunto de medidas de “ajuste estructural” que se aplicó primero para América Latina y luego para los países africanos y asiáticos; y cuando cae el campo socialista también en los países de Europa del este y de la ex Unión Soviética.

Este fundamentalismo del mercado no ha terminado con las crisis capitalistas y mucho menos con la pobreza. Muy por el contrario, como resultado final de esta práctica neoliberal que aplica el principio de privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas, fuertes políticas de ajustes presupuestarios limitan el gasto en rubros básicos como salud, educación, vivienda, y terminan resultando un drástico deterioro en los servicios en que el Estado justamente debería tener para con los sectores sociales más vulnerables. De hecho, podríamos afirmar que tanto el FMI, el Banco Mundial y el “Consenso de Washington” en general, no han traído ninguna bonanza económica para América Latina, más bien han agravado su situación al tiempo que se ha promovido una creciente y paralizante deuda externa. A pesar de algún avance macroeconómico en la medida del PBI, en general la pobreza, el sub empleo y la desigualdad se mantienen en niveles por demás elevados. Una de cada tres personas sobrevive con 2 Dólares por día y un tercio de la población total no tiene posibilidades de acceso a la electricidad o el saneamiento.

En los últimos años países gobernados por partidos de “izquierda”, sí, izquierda entre comillas, como Brasil, Chile, Uruguay en la práctica no han abandonado la mayoría de los elementos esenciales del “Consenso”.

Al presente a nivel local el partido de gobierno (si no se encuentra petróleo) está jugado casi exclusivamente a la posibilidad de la instalación de una tercera planta de celulosa en el país para maquillar un poco los números negativos que tendrá por supuesto puerto libre, zona franca y a la que el Estado deberá además desembolsar más de mil millones de Dólares para asegurarle una buena parte de la infraestructura necesaria.

Lo que fue la aprobación de la Ley forestal, la Ley de inversiones, y ahora la Ley de riego, se sigue hablando de firmar un TLC con Chile, con China, o alguien más, en definitiva, continúa la entrega de la soberanía. Las resignaciones fiscales en un momento fueron de 10 mil millones de dólares, en general puede decirse que todas las medidas adoptadas apuntan a favorecer al gran capital y por ende la concentración de la riqueza, se promueve la bancarización obligatoria y compulsiva y paradojalmente al mismo tiempo se achica y reduce el Banco República. Por parte del gobierno la única propuesta de inversión pasa por la Participación Público-Privada (o sea privatización encubierta) para las obras que se necesitan en la salud, la educación o la obra pública.

¡Otro camino diferente es posible necesario y urgente recorrer y es por la izquierda, como dijera un compañero, allí donde está el corazón, y por supuesto junto al pueblo!


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