El Sistema Integrado de Salud y sus defensores son los responsables: Privados se quedan con la plata

Susana Muñiz defiende su gestión al frente de ASSE, y asegura que las irregularidades se deben simplemente a una administración muy grande y compleja, y con normativas que limitan el margen de acción para brindar un mejor servicio.

Un reciente estudio elaborado por Gustavo de Armas, especialista en Políticas Públicas de Unicef reveló que más del 10% de los uruguayos están bajo la línea de la pobreza, que el 90% de ellos son niños y los adultos que viven con ellos. Que 1 de cada 5 niños en Uruguay son pobres, y que la mitad de los pobres del Uruguay están concentrados en 4 municipios de Montevideo, entre ellos el Municipio A, que contempla el Cerro y toda la zona oeste de la capital. Según otro reciente estudio, elaborado en este caso por el Mides, 1 de cada 4 usuarios de Salud Pública viven en el oeste montevideano. Recogemos la información de público conocimiento y circulación, para entender cómo los dineros públicos destinados a la atención en salud de la población no llegan a quienes más lo necesitan y el Sistema Nacional Integrado de Salud le presenta gigantescos obstáculos para llegar a los usuarios, pero legitima el trasiego millonario de estos dineros al bolsillo de los privados y agiliza prácticas ilícitas e irregulares y entorpece su control.

La pobre atención

Asse tiene 29 centros de salud en la zona oeste de Montevideo, que como señalamos atiende al 25% de los usuarios de la capital, y una de las zonas donde se concentra la pobreza que está mayormente conformada por menores de edad. El denominador común en esta treintena de locales, son las goteras, las roturas, peligros de derrumbe y las condiciones mínimas de infraestructura para brindar una mínima atención primaria de salud. En particular la atención, se han generado vacantes que no han sido cubiertas, las policlínicas cada vez tienen menos especialistas, menos horas, y menos respuesta de las autoridades, cuando además crece la demanda de atención. Las 29 policlínicas -que atienden quizá en su conjunto a unas 15.000 de familias- y todas sus dificultades, desembocan en el Centro de Salud del Cerro, que además atiende a unos 40.000 usuarios de su zona directa de acción.

Policlínico del Cerro

Según informa El Observador, en el “hospitalito del Cerro” por ejemplo hay 1.000 pacientes en lista de espera para conseguir consulta con oftalmólogo, y como no hay fonoaudiólogos, las familias piden hora en otros centros para que sus hijos puedan mejorar los trastornos del lenguaje, pero tienen hasta 2 años de espera. En particular para la atención de los niños, ASSE asegura que más allá de las carencias de pediatras en las policlínicas de los barrios (por ejemplo La Paloma, Santa Catalina, Maracaná, Casabó, 19 de Abril), ningún paciente de esa zona se queda sin ser atendido, porque siempre está la posibilidad de derivarlos a otros centros que tengan una puerta de emergencia las 24 horas. Pero en el Centro de Salud del Cerro, 3 días a la semana no hay pediatras en la emergencia y los niños se atienden con médicos de adultos, que luego los derivan al hospital Pereira Rossell porque no están especializados en el trato con menores. Consultada por la periodista Camila Bello para el matutino, la pediatra y delegada del núcleo de base del SMU, Diana Sastre dijo a El Observador que la policlínica del Cerro “quedó chica”. La especialista contó que el plan inicial de ASSE era que los usuarios fueran el centro que les tocaba en función de su domicilio, pero eso no siempre se cumple. “La gente viene a nuestra policlínica porque soluciona todo en un mismo lugar y eso no pasa en las demás”, expresó. Por ese motivo, el centro del Cerro se ve sobrecargado y las demoras en las consultas son prolongadas. Sastre sostuvo que en su agenda como pediatra, el 90% de los pacientes que ve no son suyos sino de otros médicos, pero los padres no pueden esperar 3 meses para conseguir hora con el especialista de cabecera y sacan número con el primero que les dan. Las demoras, explicó la especialista, generan que los médicos vean pacientes que no conocen y eso dificulta el seguimiento de su desarrollo, sobre todo en los niños. La carencia de especialistas y pediatras en general cada vez es mayor. Además de aumentar la demanda y no generarse nuevos cargos, se generan vacantes y no son cubiertas. En varios casos incluso hay llamados vigentes, pero los profesionales no se presentan.

Entre el público y el privado

La brecha salarial con el sector privado es uno de los inconvenientes con los que debe lidiar el organismo. Según datos del Sindicato Médico del Uruguay, un especialista cobra $ 507 por hora en ASSE, mientras que en las mutualistas percibe $ 1.195 por cada hora trabajada. Estos números muestran una diferencia de 136% en los sueldos, indica El Observador. Pero la complejidad es mayor; ASSE abrió llamados para cargos de alta dedicación en pediatría, pero tuvo que declararlos desiertos. Si bien se trata de puestos muy ansiados porque son mejor pagados y significan una importante carga horaria en un mismo lugar, eso no ocurre en el oeste. “Ya no sabemos qué más hacer, se nos agotan las posibilidades”, sostuvo una fuente de la administración al matutino. Son zonas alejadas de la residencia de los médicos, complicadas respecto al tipo de atención a brindar y en contexto el entramado social que lo rodea, y con importantes limitaciones edilicias, materiales, humanas y desprovistas de una focalización de incentivo y promoción en cuanto a planes y programas. Entre trabajar para un privado que lucra con la salud de quienes más dinero tienen para destinar, y trabajar en pésimas condiciones y por salarios infinitamente más bajos, muchos profesionales optan por el privado.

El dinero de los privados

Eduardo Rubio, el legislador de la Unidad Popular que es el miembro denunciante de la Comisión Investigadora de la gestión de ASSE, insiste en cada participación pública que su iniciativa es en defensa de la Salud Pública, y que el origen de las descomunales irregularidades e ilicitudes se deben al propio SNIS, sistema que integrando un prestador público que tiene como objetivo brindar atención a la población y los prestadores privados que tienen como objetivo el lucro, siempre sale perdiendo el primero. En particular, Rubio ha insistido en que el Estado destina más 3.000 millones de dólares anuales al sistema de salud, de los cuales 2 tercios se la llevan los privados. Entonces, mientras las mutualistas privadas pagan a los médicos salarios 60% superiores que ASSE, el prestador público destina buena parte de su presupuesto a engordar las ganancias de los empresarios de la salud, sin poder garantizar pediatras para atender a la pobreza infantil, la franja etaria más pobre del país, en la zona del país que más pobres concentra, que más niños nacen, y que más usuarios de salud pública tiene. La Dra. Susana Muñiz ha concurrido a la Investigadora parlamentaria como presidenta del Directorio de ASSE, donde ha dicho por ejemplo respecto a la contratación de ambulancias en el Hospital de Bella Unión a la empresa privada que conformó el director del Hospital junto a otros jerarcas de ASSE con ese objetivo, que estas irregularidades se deben a lo estricto de las normativas y que no contempla que hablamos de un rincón al norte del país, alejado de centros poblados y la posibilidad de dar respuesta a la población. Allí con millones de pesos pagados por autoridades del Hospital a sí mismos, se justifica resolver los problemas. Pero en el oeste de Montevideo, no hay dinero para atender la mayor concentración de niños pobres del país. La Dra. Susana Muñiz ha dicho también que todo lo irregular en ASSE ya fue atendido, ya fue sancionado y ya fue corregido por las autoridades. Mientras la investigadora atiende 2 grandes casos de hospitales del norte del país (Bella Unión y Rivera), en el Hospital de Artigas renunció su directora, diciendo que terminó un ciclo exitoso y que solo contó con trabas del sindicato. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas observó que la ex directora Cecilia Gómez contrató personal utilizando dineros destinados a otros rubros, igual que lo hizo el Dr. Toriani en el Hospital de Rivera, hecho que le costó el cargo a él y todo el equipo de dirección. Durante su gestión, la Dra. Gómez también desmanteló el área de endoscopía, pasando a comprar el estudio a la mutualista del departamento, mediante contratación directa, duplicando los costos y más. Desmantelar y contratar a privado por elevadísimos costos, como ocurría en el Hospital de Bella Unión en el mismo departamento, investigado por los diputados. Al asumir su gestión también, el hospital de Artigas contrataba a la misma mutualista las camas de CTI. En 2016 la dirección del hospital rubricó un convenio de complementación justamente para las acamas de CTI; el principio que sostiene la existencia de un Sistema Integrado de Salud a nivel nacional. En el año 2015, ASSE pagó al privado algo menos de 18,5 millones de pesos por este servicio. Al año siguiente, con el convenio vigente y los precios ya fijados, resulta que ASSE pagó al privado por el mismo servicio más de 29,5 millones de pesos, un 60% más que el año anterior. Esto ocurrió el año pasado, el privado recibió peso sobre peso, la directora del Hospital renunció y ASSE recién se entera, y comienza a pedir informes y evaluar si realizará una investigación para posteriormente evaluar si sanciona a alguien. Como en la Investigadora, la actual directora no sabrá nada, la anterior no lo recordará. Los privados siguen cobrando, los empresarios enriqueciéndose, y los pobres en el oeste de Montevideo siguen sin médicos porque Salud Pública paga menores salarios que los privados. Estas y otras irregularidades pretenden ser incorporadas a la investigación parlamentaria. ASSE paga a los pediatras que faltan en el Cerro 60% menos que las mutualistas, al tiempo que paga 60% más a una mutualista en Rivera por camas de CTI, tras un convenio de complementación. La complementación del Sistema Nacional Integrado de Salud le traslada a los empresarios privados el dinero que los uruguayos destinan a la salud pública, y quienes se proponen defenderlo por todo el país son los responsables que los pobres en Uruguay sigan sin recibir la atención que merecen.