Los argumentos de la izquierda No a la Ley de Riego

El pasado martes se votó en Diputados la polémica ley de riego, polémica al menos para las organizaciones sociales, para la Academia, para el pueblo uruguayo, pero no para la mayoría de los partidos políticos. Una vez más quedó claro que en lo fundamental, en el proyecto de país, el Frente Amplio está totalmente alineado a Blancos y Colorados.

¿Quien le hace el juego a la derecha? La pregunta se contesta sola cuando vemos que el FA privatizó un recurso tan importante como el agua. Quedó claro que el único partido político que se opuso decididamente a la aprobación de la ley de riego y que se opone a los monocultivos y la depredación ambiental es la Unidad Popular, que con una gran intervención del compañero diputado del 26 de Marzo Carlos Pérez dejó claro que sobran los argumentos para rechazar el proyecto. Primero que nada, y antes de retomar los argumentos expuestos por Carlos, queremos resaltar que esta ley fue promovida por el MGAP (particularmente por su titular, Tabaré Aguerre) con el objetivo expreso de aumentar la rentabilidad del agronegocio, permitiendo que, mediante la tecnificación de los sistemas de riego, aumente sostenidamente la producción de alimentos para la humanidad. Esto suena genial, aunque hay que avisarle al MGAP que los monocultivos en latifundio no deberían considerarse producción de alimentos; el maíz (transgénico por supuesto) se utiliza para la producción de BioDiesel en Europa, en tanto la soja (transgénica también, obvio) se utiliza para el engorde de Porcinos chinos. Además de esto, el propio Tabaré Aguerre es un reconocido productor de arroz, cosa que hace bastante ruido cuando consideramos que hasta amenazó con renunciar a su puesto si el FA no respaldaba su proyecto de ley, que a uno de los sectores que más favorece es precisamente al cultivo de arroz. Dejando de lado estas puntualizaciones, queremos comentar algunos argumentos que nos llevaron a los Jóvenes del 26 de Marzo a pararnos frente a esta ley participando en la novena Marcha Nacional por la Vida que se realizó el pasado viernes, convocada por la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales. Hay tres grandes líneas de argumentos por los cuales la postura política de la izquierda es radicalmente opuesta a la ley: aspectos legales, aspectos medioambientales y aspectos económicos. Legalmente la ley es inconstitucional ya que abre un mercado de aguas cuya explotación queda en mano de capitales privados; recordemos que en 2004, con la reforma constitucional, el pueblo decidió que todas las aguas subterráneas y superficiales son de dominio público. Tenemos una Constitución que establece el dominio público del agua, y una ley de riego que hace aparecer la figura de un operador privado del sistema de riego y que será en los hechos propietario del agua que va a operar. Esto es, sin ninguna duda, una privatización encubierta, inconstitucional, camuflada como un apoyo a los productores rurales. Desde la óptica medioambiental, la aprobación de esta ley es un gran problema para el país ya que fomenta el agronegocio y los monocultivos; para ser rentable la producción de commodities necesita ser fomentada con la introducción de semillas transgénicas que desarrollan mayor productividad y permiten fumigar las plantas con agrotóxicos, principalmente Glifosato. Estos agrotóxicos terminan contaminando el suelo haciendo inviable la producción en ellos al cabo de algunos años, y además los químicos penetran en los cursos de agua contaminando las cuencas que los uruguayos utilizamos para abastecernos de agua potable; ya hay pruebas de que el agronegocio aumentó la carga de fósforo y nitrógeno en los cursos de agua produciendo una eutrofización de los ríos. El departamento de Limnología de la Facultad de Ciencias de la UdelaR elaboró un informe en el que expresa sus preocupaciones por la contribución de esta ley a la eutrofización de las aguas, pero este informe científico no fue tenido en cuenta por el MGAP ni los legisladores del FA y la derecha tradicional. El informe plantea claramente que la creación de nuevos embalses promovidos por la Ley de Riego agudizará aún más la problemática medioambiental actual dado que genera estancamientos de agua de baja profundidad que son los más proclives a la eutrofización. Económicamente hablando, la ley presenta un franco retroceso para el proceso de desarrollo del país. Desde el MGAP se plantea que Uruguay tiene que aprovechar su ventaja comparativa en la producción de commodities y la tecnificación del riego es esencial para aumentar la productividad y continuar con nuestro crecimiento económico. Estos planteos sin embargo esconden grandes falacias. Continuar avanzando en la especialización de la economía uruguaya como productora de bienes agropecuarios de escaso valor agregado nos condena al subdesarrollo, dado que la evolución en el largo plazo de los precios relativos de los commodities nunca es favorable frente a, por ejemplo, los bienes de capital. Por otro lado, asumiendo que nuestros principales recursos naturales son la calidad de la tierra para producción de alimentos y el agua, sería esencial cuidarlos. Promover los monocultivos y la extranjerización de la tierra productiva implica ir destruyendo nuestro capital, cortando las posibilidades de crecimiento económico a futuro. Los ingresos de divisas que el país obtiene por venta de commodities a su vez impactan en el tipo de cambio presionándolo a la baja, contribuyendo aún más a las dificultades de competitividad que enfrenta la industria nacional. La extranjerización de la producción a su vez implica que, si bien el PBI crece, las ganancias que deja la venta de soja van a parar al exterior, impidiéndonos reinvertir los beneficios en el tejido productivo local. Entendemos que esta ley promovida por el FA profundiza aún más la entrega y la traición a los intereses populares, y por eso nos oponemos a ella. Nos oponemos a un gobierno que se dice de izquierda pero disimuladamente privatiza el agua, la generación de energía, la educación y la salud.

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