El apoyo popular hará posible el Plan de Vivienda: “Estamos luchando para que este proyecto sea ley

Una vivienda digna es un derecho constitucional para cualquier ser humano y el sueño de muchos trabajadores uruguayos. El Plan de Vivienda Popular por Construcción Pública será una realidad gracias al apoyo popular que recibe de centenares de familias trabajadoras a lo largo y ancho del país.

En la reunión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del pasado 11 de octubre, el diputado de la Unidad Popular, Eduardo Rubio, solicitó que se convoque a varias organizaciones sociales que apoyan el Plan Nacional de Vivienda Popular presentado por su bancada en 2015. Este proyecto comenzó a estudiarse el pasado 4 de octubre, día en el que fue colocado en la agenda de la Comisión parlamentaria. La solicitud de Rubio fue aceptada por el resto de los legisladores que propusieron convocar a las autoridades de Vivienda pertinentes. Esta semana se produjo una nueva reunión el pasado miércoles 18 donde estuvo invitado el movimiento “Quiero comprar mi casa”, uno de los primeros colectivos que se identificó con el proyecto presentado por la UP. La delegación de “Quiero comprar mi casa” estuvo integrada por Vilma Iglesias, Graciela Astudillo, Lourdes Vanessa González, Cristina Rodríguez, Cecilia Isabel Cuello y Jesús Oviedo. “Estamos luchando para que este proyecto se apruebe, por las razones obvias: no tenemos acceso a otro sistema de vivienda. En mi caso, soy empleada doméstica, tengo dos trabajos y me es imposible pagar alquiler y una cuota para un préstamo, ya sea del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente o del Banco de la República”, explicó Vilma Iglesias a la Comisión. Iglesias es vecina de la ciudad de San José de Mayo, donde la mayoría de quienes integran ese colectivo somos mujeres jefas de hogar y trabajadoras con hijos menores a cargo. “Hemos tenido casos de mujeres que han tenido que aguantar a un compañero para tener un techo, pasando por situaciones de violencia de género. Con lo que ganan, hay mujeres que no pueden tener un techo, y la vivienda hoy en día es todo. Esto es una cadena. Estamos luchando para que este proyecto sea ley. Para la clase obrera, es el proyecto más viable que existe. No estamos pidiendo que se nos regale nada. Nosotros lo queremos pagar; se pagaría con un porcentaje de lo que percibimos”, agregó. La militante social explicó que, en su ciudad, existe “mucha población que vive sobre el río y hay inundaciones cada vez más seguido”. Añadió que las inundaciones implican pérdidas económicas debido a que el Estado, ante cada crecida, debe aportar comestibles, muebles, canastas de alimentos, subsidios de UTE, entre otros. “Esa gente tiene que salir ya de ahí. Algunas de nosotras tenemos la inundación cerca, pero somos gente obrera y no podemos llegar a tener nuestra casa; como todo uruguayo tenemos derecho a tener una casa digna y decorosa”, sentenció. En tanto, Graciela Astudillo, vecina de la ciudad de Carmelo, dijo que el proyecto presentado por la UP “es viable” debido a que la mayoría de las familias que integran esta “Quiero comprar mi casa” son monoparentales. “Antes de entrar aquí comentábamos que se está dando la situación, que antes era poco común, de hombres solos con hijos, que no son tenidos en cuenta. La ley ampara mucho a la mujer, pero hay casos que se están dando en los que el hombre se hace cargo de la familia. Nosotros tenemos 138 familias que tienen su sueño puesto en este proyecto”, explicó Astudillo. Desde el gobierno se argumenta que existen varios planes de vivienda a los que la gente puede acceder, sin embargo, los trabajadores argumentan que, debido a sus bajos ingresos y a su poca capacidad de ahorro, no pueden acceder. “Hemos ido varias veces al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la Agencia Nacional de Vivienda por un crédito hipotecario, por un acceso a los llamados. La mayoría de los llamados nos excluye. Esta franja de la sociedad trabajadora es excluida, ya sea por no contar con ahorro previo o por no poder hacer horas de trabajo, como piden las cooperativas. Soy madre soltera de un adolescente y trabajo independiente: si no trabajo, no como, ni pago el alquiler. Los alquileres en la zona, ustedes lo saben, son muy altos. Hay familias en las que uno de los padres trabaja para pagar el alquiler, deposita los $ 8.000 que gana en la inmobiliaria, y el otro, para pagar los gastos de la casa”, sentenció. El reclamo de los trabajadores es claro: “No estamos pidiendo un regalo ni un subsidio, sino que nos den una mano con aquello que hoy nosotros no podemos hacer, que es la construcción de nuestra casa. Si cualquiera de nosotras quiere construir su casa, primero tiene que solicitar un préstamo para comprar el terreno. Para ello hay que tener el aval de un recibo de sueldo, que tiene que llegar a determinada cifra. Además, hay que tener determinada antigüedad en el trabajo. Esas son las cosas que te piden”, dijo Astudillo. La trabajadora coloniense puso un ejemplo muy claro de algo que le pasa muchos trabajadores uruguayos: “Una cuota para un terreno, para alguien que paga un alquiler de entre $ 8.000 y $ 10.000, no baja de $ 5.000. Es decir que a los $ 10.000 que hay que seguir pagando de alquiler debés sumar los $ 5.000 de la cuota para el terreno, por lo menos durante cinco años. En cinco años hay que correr con la suerte de seguir teniendo trabajo y de que el recibo de sueldo todavía avale otro préstamo para empezar a construir. Entre la compra del terreno y la finalización de la construcción de la casa pasan por lo menos diez años. No olvidemos que mientras compramos el terreno y edificamos, seguimos pagando un alquiler”. Por su parte, Lourdes González, vecina de la ciudad de La Paz, Canelones, dijo que en su ciudad existen 400 familias que integran el movimiento “Quiero comprar mi casa” y, por ende, apoyan el Plan Nacional de Vivienda Popular. “Como decían las compañeras, se pagan alquileres muy altos y se tienen tres o cuatro trabajos; hay gente que no descansa, trabaja sábados y domingos y no se puede permitir tener un feriado libre porque si lo hacen les falta dinero. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se pueda aprobar este proyecto de ley y construir viviendas. El pueblo está esperando eso porque es lo que se necesita”, explicó. Cecilia Cuello, vecina de Florida, dijo que en el mes de agosto, durante un importante período de lluvias, su departamento tuvo 147 evacuados. También agregó que existe mucha gente con discapacidades que necesita una vivienda de forma urgente. Jesús Oviedo, hizo un análisis donde puso de manifiesto una profunda contradicción entre los planes que ofrece el gobierno y la realidad de los trabajadores. “Como saben, hay una desocupación de casi un 8%. Según el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hay un déficit de 80.000 viviendas; hay 139.000 jóvenes jefes de familia y en su gran mayoría, creo que un 20% o un poco más, constituyen mano de obra desocupada. Algunos se preguntarán: ¿no encajamos en ninguno de estos quince o dieciséis planes de vivienda? Pues no. Somos como los cincuentones para el BPS en el tema de la vivienda; quedamos medio colgados”. Una delegación de la Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Pública, Aodamtop, afiliada a COFE, también visitó la Comisión de Vivienda y dio su apoyo al proyecto presentado por la UP. Los trabajadores ofrecieron aportar mano de obra para la construcción de las viviendas si el proyecto se aprueba. “Pedimos esta entrevista para comunicarles que la Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Aodamtop debe quedar claro que hablamos a nombre de los obreros apoya al proyecto de ley relativo al Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública. Esta iniciativa nos parece muy interesante”, dijo Gerardo Alonso, presidente del sindicato. Y agregó: “Consideramos que la Dirección Nacional de Arquitectura puede aportar la mano de obra. En virtud del fin social que tiene esta Dirección, podría aportar a la construcción de estas viviendas, marcar los tiempos en que se podrían construir, los costos que tendrían en una primera instancia y la calidad que deberían tener. El hecho de que la Dirección no tenga fines de lucro al momento de licitar las obras y ejecutarlas por administración directa, permitiría saber cuál sería el costo real de este tipo de viviendas y marcar los cánones de calidad que deberían tener. Por otro lado, esta medida haría factible que cualquiera de nuestros compañeros pudiera acceder a una vivienda”. Alonso aclaró que los trabajadores de Arquitectura también se verían beneficiados por el plan. “La falta de vivienda, por problemas salariales y demás, nos afecta tanto como a cualquier otro ciudadano. Muchos somos padres de familia, y el que no alquila vive de agregado; somos pocos los que tenemos la posibilidad de tener vivienda propia. En definitiva, creemos que esta medida será productiva para la sociedad. Como nos creemos parte de la sociedad, queremos dar apoyo de esa manera”. “Este proyecto tiene varias cosas a favor: desde los beneficios hasta el alcance social. ¿Qué departamento de Uruguay no tiene problema de vivienda? ¿Dónde no hay un supermercado en el que un empleado gane $ 15.000 y no pueda acceder a una vivienda o esté alquilando? Nosotros somos presupuestados. Yo alquilo. Cobro $ 24.000 por mes en la mano y pago $ 10.000 de alquiler. También hay que tener en cuenta que este plan sería hasta una garantía. La vivienda no sería regalada, ya que siempre se va a cobrar. Tal como figura en el proyecto, acá no se le regala nada a nadie; se va a cobrar un porcentaje de sueldo. Reitero que esta iniciativa abre un abanico ya que no tiene piso y tampoco establece límite de edad. Por otra parte, consulte qué quería decir vivienda de construcción pública popular. A veces, se puede pensar que algo popular es precario. En este caso no es así: popular significa que esté al alcance de toda la gente, que sea una construcción como corresponde. Además, si el Estado es el que las construye, la Dirección Nacional de Arquitectura podría ser garante de por vida. Si mañana se rompe una pared, la Dirección va a estar ahí para arreglarla. No sucede lo mismo con una empresa que quizá, por otras razones, algún día la vayan a buscar y no esté”, señaló Javier Groba, responsable del área social de la Aodamtop. En tanto, Luis Francisco, encargado del área interior del sindicato, añadió: “Hace treinta años que soy oficial albañil. Analicé el proyecto junto con los compañeros. Ya tengo 61 años y quiero abrir nuevas puertas, porque no me voy a llevar lo que he aprendido en este tiempo. Me parece bien que haya una Comisión que esté inquieta e interesada en llevar adelante un sistema popular. Nuestro Ministerio tiene toda la infraestructura necesaria y la mano de obra que va quedando; no somos muchos”. Al mismo tiempo, los trabajadores reclaman que se tomen nuevos trabajadores para cubrir vacantes: “El gremio está pidiendo cubrir ciento setenta vacantes con las que nos interesa contar porque, como gremio, estamos tratando de conseguir trabajo para donde nos debemos y donde siempre peleamos por la camiseta a nivel social”, dijo Francisco. Varios legisladores, de todos los partidos políticos, han apoyado el proyecto presentado por la UP, sin embargo, les preocupa saber de donde saldrán los recursos para financiar la iniciativa. Rubio reconoció que este punto debe estudiarse en profundidad y agradeció la visita de las distintas delegaciones.