Corrupción devora al gobierno

Por: Proc. Fabrizio Bacigalupo Integrante del Coordinador Nacional de la Unidad Popular

En Uruguay la corrupción gubernamental es mucho mas extendida que en los otros socios del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, países que suelen figurar en el fondo de cualquier tabla comparativa de opacidad. En América Latina sólo Chile tiene tan buen registro, según organizaciones del tipo Transparencia Internacional o Banco Mundial. Pero es probable que en Uruguay haya más corrupción de lo que suele creerse: los casos conocidos bien podrían ser la ínfima punta del iceberg. Según una encuesta de la consultora KPMG de 2009, el 73% de los empresarios consultados consideró que en el gobierno uruguayo había corrupción. La corrupción (abusos de poder con fines económicos, para sí o para terceros) puede ser vidriosa y difícil de probar. No tiene por qué ser siempre de “coima” directa, dinero a cambio de un privilegio. Tal vez sean más usuales el tráfico de influencia, el acomodo de amigos o el uso de información privilegiada para adelantarse al mercado y hacer buenos negocios. Así, por ejemplo, el voto de muchos ediles de ciertas Juntas Departamentales, se fideliza a cambio de empleos públicos para parientes y amigos en las intendencias. Conrado Ramos, subdirector de la OPP durante el primer gobierno del Frente Amplio (hoy militante del Partido Independiente), dijo en mayo de 2013 que los concursos para tomar cargos a través de ese organismo y el PNUD eran una “ficción”, ya tenían destinatario; aunque aclaró que había sido así durante gobiernos de todos los partidos. Lo mismo ha dicho el ex presidente José Mujica sobre la mayor parte de los concursos del Estado, o la contratación de servicios. El sistema judicial tampoco está a salvo. En 2003 fue encarcelado el fiscal Carlos García, entre otras personas, pues cobraba para hacer desaparecer pruebas o reducir las acusaciones. Y en 2011 fue a la cárcel la jueza Anabella Damasco, quien se apropió de dinero incautado en casos judiciales a su cargo. El gobierno del blanco Luis A. Lacalle (1990-1995) fue ensombrecido por las denuncias de corrupción realizadas a posteriori, muchas veces por sus rivales en el Partido Nacional. Algunas fueron de recibo para la Justicia, que procesó a ex gobernantes, y otras nunca fueron probadas. En 1995 fueron enviados a prisión el ex director del Banco de Seguros del Estado, Julio Grenno, junto a Daniel Cambón, quien fue asesor de Lacalle, por el cobro de “coimas” a partir de 1992 en un negocio de marcado de vehículos para la aseguradora estatal. Cambón además fue procesado junto a Braga por el caso Banco Pan de Azúcar. La sentencia final demoró muchos años y la figura delictiva mutó. Entre los jerarcas del segundo gobierno de Julio Sanguinetti (1995-2000) y el de Jorge Batlle (2000-2005) enviados a prisión se cuentan el ex presidente del Banco Hipotecario, Salomón Noachas, por conceder dos viviendas en Punta del Este a su hija y su esposa y otras irregularidades. También fueron procesados el ex presidente de OSE, Juan Justo Amaro, por anomalías varias; el ex director de OSE y ex diputado sanguinettista, Hugo Granucci; y el ex intendente de Artigas, Carlos Signorelli, quien, insólitamente, fue despojado de sus fueros parlamentarios en 2008 por su colegas. La administración frenteamplista sufrió denuncias e irregularidades de distinta envergadura por la concesión de servicios, obras, concursos “a medida” y contrataciones de personal. Ni hablar del caso Sendic, y el desfalco brual de los casinos de la IMM, durante la gestión de Mariano Arana. Tengamos memoria y cambiemos esta realidad.