PROYECTO MODIFICACIÓN LEY DE RIEGO 16858: CONSIDERACIONES DE COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO RURAL

A partir de la convocatoria de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en conocimiento de que hace unos días se presentaron modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo por parte de legisladores del oficialismo, es que nuestras consideraciones se refieren al texto que contiene las modificaciones.

En primer lugar, destacar la importancia del agua y el acceso a la misma como un derecho humano, y también la importancia de la misma —al igual que la tierra— en la generación de alimentos en un marco de seguridad alimentaria y nutricional, a partir de un modelo de agricultura sostenible en sus tres pilares: económico, social y ambiental. Entendemos que a partir de los cambios en la agricultura —sobre todo en la última década—, la concentración de la tierra y la producción, la desaparición de más del 20% de los productores (según el Censo de 2011) (de los cuales más del 90% eran pequeños productores); la presión sobre los recursos naturales y los impactos derivados de la variabilidad climática que aumentó la vulnerabilidad sobre todo de las unidades de producción familiar, obligan a que iniciativas como la que está a consideración de esta Comisión no se puedan analizar en forma aislada, sino dentro de un conjunto de políticas que aborden en forma integral estrategias de desarrollo, entre las cuales el riego es tan solo una de ellas . Compartimos la necesidad de contar con una política de estado con referencia a mejorar el acceso a las fuentes de agua, almacenamiento y desarrollo del riego en forma “inclusiva”, como forma de bajar la vulnerabilidad de los sistemas de producción, asegurar la estabilidad de la producción, y contribuir a la sostenibilidad de la agricultura y la gestión del riesgo. Si bien entendemos necesario una actualización de la ley, en una primera revisión apreciamos que la misma está enfocada principalmente a atraer inversores de afuera del sector, para la construcción de infraestructura y la gestión de los sistemas, fundamentalmente a mediana y gran escala, lo que no parece adecuarse a la realidad de la producción familiar que representa cerca del 70% de las unidades de producción en nuestro país. Ejemplo claro de ello, es cuando refiere a los estímulos a la inversión y que se pueda trasladar a los integrantes de las SAR a través de la ley de promoción de inversiones, cabe recordar que los productores que tributan por IMEBA (que son la inmensa mayoría) no acceden a dichos beneficios. Con respecto a cómo se respetarán los derechos no solo de los integrantes de las AAR o SAR en cuanto a su situación anterior en lo referido al acceso, lo más preocupante son los derechos de los que, estando en las cuencas hidrológicas y que no estén integrando estas sociedades como se establecen las cuotas, ya que en la mayoría de los casos no existe información de caudales o series históricas que establezcan claramente el punto de partida. Además a partir de la intervención también se modifican los caudales aguas abajo. ¿Cómo se aplicaría esta modificación en cuencas que ya tiene otorgada la capacidad máxima de los caudales? ¿Cuál sería el criterio que se establecerá en caso que en una misma cuenca exista más de una iniciativa? Será por orden de llegada, aunque se establece que se dejará un porcentaje, no queda muy claro. Otro aspecto que nos genera dudas es que se establezca que las SAR puedan ser las que cobren el canon del estado. En relación al precio que deben pagar los usuarios, la modificación a la ley vigente introduce un cambio sustancial, y es que a partir de esta iniciativa el precio lo fijarán las AAR o SAR y donde al no quedar clara la participación societaria podría transformarse en un oligopolio que fije los precios. Desde nuestro punto de vista habría que establecer mecanismos claros para la fijación de los precios.

REFERENCIA AL ARTICULADO PROY. MODIFICADO

Art. 3 Mod art.12: Cuando menciona los integrantes “al menos 10% deben ser regantes y al menos 10% de la superficie”, parecería que los regantes podrían quedar en minoría en la toma de decisiones, como el precio por ejemplo, y la referencia del 10% de la superficie regada. Se debería tener una mayor especificación, ya que la intensificación del uso del riego no solo es por superficie, sino por tipo de sistema . Art.4 Mod. art. 13: (Objeto) integra “la operación de los sistemas de riego” sin especificar el alcance de la misma. Art. 5 Mod. art 14: No queda claro si la participación es por capital accionario o por integrante, para el caso de la toma de decisiones. En el caso de los pequeños productores este es un punto fundamental. Establece que en caso de suspender el suministro “no podrá privar del caudal que gozaba anteriormente”: ¿a partir de qué información se establece el caudal anterior? Además: ¿qué pasa con aquellos productores que no integran la AAR o SAR, sobre todo aguas abajo en cuanto a establecer cuál es el caudal anterior? Por otro lado, hay que tener en cuenta las dificultades que aún existen en la registración de las fuentes de agua, sobre todo de los pequeños productores para garantizar sus derechos. De aplicarse lo que establece la ley sin regularizar previamente la situación, sería muy complejo. Un ejemplo claro es lo que se está tratando de hacer a través del plan de acción en la Cuenca del Santa Lucía, donde la inmensa mayoría de los productores familiares no tenían registradas sus fuentes de agua. Art.10 Mod. Art 22: (Precio) Por la composición que tendrían las SAR y con la figura del operador, no queda claro cómo puede haber un proceso equilibrado para la definición del precio que los usuarios tendrán que asumir, fundamentalmente en la parte de uso del agua Art. 11: (Canon) Si bien en la versión dice “podrá designarse” a las AAR y SAR agentes de percepción del mismo, queda sin establecer cuál es el rol del estado en el mismo. Art.12: Asociado a la obra, integra la figura de “operador” del sistema sin especificar el alcance de la misma. ¿Podría ser una empresa independiente a la SAR y, por lo tanto, podría ser una SA? con lo que puede significar la situación de dependencia en que pudieran quedar los productores.

CONSIDERACIONES FINALES

Este proyecto si bien pretende avanzar en la aplicación de la tecnología del riego, no está diseñado en principio para la inclusión de pequeños productores. Hay aspectos vinculados a la integración de las AAR y SAR y el Operador del sistema que generan varias interrogantes. Por otra parte, no se establece cuál será el vínculo con los Comités de Cuenca. Este proyecto de modificación tendría que estar encuadrado también en el marco del “Plan Nacional de Aguas” en proceso de elaboración por el MVOTMA a través de un proceso participativo y que estaría terminado en el 2017. ¿Cómo se preservan los derechos de acceso al agua para riego de aquellos productores principalmente familiares en las cuencas donde se realicen obras dentro de esta ley y que no estén en condiciones en el corto plazo de asumir riesgos de inversión en este tipo de proyectos? Si bien queda claro que el agua sigue siendo pública, en la medida en que se crean nuevas figuras como el “operador de sistemas de riego”: ¿en qué grado no se está ante un proceso de privatización del acceso a la misma? La Comisión Nacional de Fomento Rural está totalmente a disposición para trabajar y aportar su visión en el desarrollo de marcos legales que mejoren el desarrollo de infraestructura para almacenamiento de agua y el riego, que promuevan el acceso inclusivo por su contribución a la generación de alimentos y a la sociedad en su conjunto. Documentos analizados: Análisis de Redes Amigos de la Tierra Comparativo que contiene ley vigente, propuesta del MGAP y modificaciones del oficialismo. Versión taquigráfica de la Comisión de GAyP del 6/10 Documento preliminar Deci Aguas y grupo asesor borrador Plan Nacional Aguas

Montevideo, 20 de octubre de 2016.