Bogotá: El costo de ser líder social y defensor de DD.HH. en Colombia

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron el silencio por parte del Estado y de los medios de comunicación sobre la campaña sistemática contra los líderes sociales colombianos.

El asesinato este miércoles del líder comunitario, José Jair Cortés quien era miembro del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en la localidad de Tumaco es una muestra más de la violencia y represión que se registra en Colombia contra los líderes sociales, campesinos e indígenas. El reciente informe de Front Line Defenders destaca que los 281 defensores asesinados en 2016, al menos 87 eran colombianos o colombianas, convirtiendo al país como el más peligroso del mundo para ser defensor de derechos humanos o líder social. Según el documento el perfil de riesgo es claro: líderes campesinos, líderes indígenas y autoridades tradicionales en defensa del territorio, miembros de las Juntas de Acción Comunal y defensores asociados a movimientos afrocolombianos. “Esas son las personas en el objetivo de los asesinos de líderes y defensores de derechos humanos” destaca el informe. El informe conjunto del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ( Indepaz ); Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (IEPRI) “Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017” es devastador.

Cifras rojas

El documento recoge que en 2016, se registraron al menos 98 asesinatos y 3 desapariciones forzadas de líderes y defensores (86 hombres y 15 mujeres); aunque hay reportes, como el de la Defensoría, que aumenta el número de muertos a 134. En el primer semestre de 2017, Indepaz y Marcha Patriótica registran 101 de este tipo de asesinatos y el Programa Somos Defensores (más especializado al campo de defensores y defensoras) llega a 47. Los autores del informe aseguran que “las comunidades indígenas son las más afectadas (22,77 por ciento , que corresponde a 23 líderes asesinados), seguidas de las comunidades campesinas (19,8 por ciento, 20 líderes), los líderes de las Juntas de Acción Comunal (16,83 por ciento , 17 violaciones al derecho a la vida) y los consejos comunitarios [afro] (6,93 por ciento , siete asesinatos)”. El documento señala que los líderes y organizaciones con mayor número de afectaciones “son las de carácter campesino y étnico que se enfocan en la defensa de derechos territoriales”: el 36 por ciento corresponde a campesinos, 23 por ciento a indígenas y 7 por ciento a afrodescendientes. Entre los campesinos, la mayoría han sido líderes de Juntas de Acción Comunal; mientras que entre los indígenas, predominan los casos en contra de activistas defensores del territorio. La principal preocupación para los organizaciones es que en 2017 se está en plena implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y el anterior grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con unas negociaciones abiertas con el Ejército de Liberación Nacional, lo que hace intuir a los investigadores que a mayor posibilidades “de participación política, reforma agraria y transformación social, aumentan las violaciones de derechos humanos de líderes sociales y defensores”.

Persecución a líderes sociales

Otro dato importante del informe conjunto es el relacionado a los autores de los asesinatos, En 2016 el 24,75 por ciento de los asesinatos se atribuye a organizaciones “narco-paramilitares”y con alta concentración en territorios en disputa en el marco del acuerdo de paz de La Habana. Indepaz reveló que en los primeros seis meses de implementación del Acuerdo de Paz se ha identificado la presencia de grupos “narcoparamilitares” en 275 municipios que se extienden en 28 departamentos del país. El hostigamiento a líderes y defensores no siempre se traduce en asesinato. El informe registra en 2016 39 atentados, 48 casos de torturas o lesiones personales (30 de ellas atribuibles a la Fuerza Pública) y 517 casos de amenazas (el 53,97 por ciento de narco-paramilitares, el 10,83 por ciento de Fuerza Pública y un 6,58 por ciento atribuible a grupos insurgentes).

Silencio mediático y estatal

Las organizaciones defensoras de Derechos Humanos que redactaron el informe expresaron su preocupación sobre la estigmatización de líderes y lideresas por parte de los medios de Comunicación. También denuncian la negación del fenómeno “paramilitar por parte de los entes gubernamentales encargados de la seguridad nacional, conllevan a una perpetuación de la falta de garantías de seguridad para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y también de la impunidad frente a estos crímenes”. Las organizaciones que suscribieron el informe también creen que es muy grave que “ya sea que reconozca la existencia de sistematicidad o no, resulta preocupante que el Estado continúe repitiendo un discurso de negaciones, semejante al que ha construido desde la década de los ochenta del siglo pasado”. Indepaz, Cinep, CCJ llamaron a las clases política a activar todos los mecanismos, decretos y acuerdos contemplados en los Acuerdos de Paz puestos en marcha en noviembre de 2016 porque a la fecha “no se perciben avances en términos de disminución de agresiones, ni de garantías de seguridad para la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos; por el contrario, la situación empeora”.