El pueblo al Parlamento: Diputado Rubio convocó a organizaciones sociales en la lucha por vivienda
- La Juventud Diario
- 13 oct 2017
- 4 Min. de lectura

En Comisión de Vivienda, legisladores del oficialismo pidieron que se convoque a las autoridades del MVOTMA, la Agencia de Vivienda y la Dinavi para que brinden su punto de vista sobre el Plan de Vivienda Popular propuesto por la UP. En tanto, Rubio pidió que se convoque a las organizaciones sociales que apoyan este importante proyecto.
El Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, proyecto presentado por la Unidad Popular en el año 2015, comenzó a andar en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. A la primera instancia, realizada el pasado 4 de octubre, cuando el proyecto ingresó en el orden del día de la Comisión, se suma ahora un nuevo avance. El miércoles 11 se trató nuevamente esta iniciativa y se decidió convocar a diferentes organismos vinculados a la vivienda. La diputada oficialista Gabriela Barreiro aclaró conocer el proyecto y, al mismo tiempo, propuso que se convoque en principio al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Dirección Nacional de Vivienda y a la Agencia Nacional de Vivienda. Por su parte, el diputado Eduardo Rubio dijo estar de acuerdo con la propuesta pero pidió que se convoque a las organizaciones sociales. “Estoy totalmente de acuerdo con la convocatoria planteada por la señora diputada y propongo invitar también a las organizaciones sociales que se sienten involucradas en este proyecto”, señaló Rubio, y agregó que, mientras tanto, se podría ir avanzando en los asuntos en los que ya hubiese acuerdo. La diputada frentista Susana Pereyra aclaró que, en la sesión anterior, se había decidido enviar el proyecto a la asesoría jurídica de la Cámara debido a que generaba dudas entre los legisladores la pertinencia de que Diputados lleve adelante un proyecto que implique gastos, ya que esa iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo. Ese informe jurídico aún no ha llegado a la Comisión. Pereyra propuso entonces que se arme una agenda, primero con la visita del Poder Ejecutivo y, posteriormente, de las organizaciones sociales. “Luego, podemos empezar a considerar el proyecto a partir de los insumos aportados por el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales, y el informe de la asesoría jurídica. Creo que esa es la forma habitual de proceder en Comisión para el tratamiento de un proyecto”, explicó Pereyra. El diputado Rubio hizo una aclaración. El legislador de la UP señaló que en la sesión anterior se resolvió solicitar un informe acerca del artículo 5º a la Dirección Jurídica no solo para estudiarlo sino para cambiarlo. En cuanto a la preocupación de los legisladores oficialistas vinculada al financiamiento del proyecto, Rubio sentenció: “Todo proyecto de ley que se propone implica costos para el Estado pero no podemos decir cuánto debe adjudicar; simplemente podemos aprobar la ley y luego el Poder Ejecutivo dispondrá cuánto destinará a eso. Coincidimos en que el artículo 5 no solo es discutible sino que hay que cambiarlo”. Rubio dijo que entiende que la próxima semana ya estará el informe jurídico y que se podrá comenzar el tratamiento del proyecto convocando a la Agencia Nacional de Vivienda o a las autoridades que se entienda conveniente. Solicitó a la Comisión que se convoque a las organizaciones sociales para ir avanzando en la negociación. El presidente de la Comisión afirmó estar de acuerdo con los planteos. Por ende, se estableció que el próximo miércoles concretarán la visita con las organizaciones sociales y de algunas de las autoridades de vivienda. También se acordó que el diputado Rubio se comunique con la Secretaría para coordinar la lista de organizaciones sociales que podrían concurrir a dar su opinión sobre el proyecto. En tanto, también se estableció recibir el próximo miércoles a una delegación de deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. En la audición del Movimiento 26 de Marzo en Radio Centenario, Rubio dijo este jueves que la propuesta de convocar a las autoridades de vivienda “es parte del proceso común de debate de un proyecto”. Y agregó: “Lo que nosotros aspiramos es que, junto con las convocatorias que se hagan, las opiniones que se den, podamos ir avanzando en las partes que pueda haber acuerdo, esperar y achicar los tiempos de discusión, en la medida que entre las cosas que se cuestionan del Parlamento es la demora en tratar los temas. Este proyecto lleva 2 años y algunos meses de presentado, o sea que ha habido tiempo suficiente para hacer estas cuestiones. Nosotros seguiremos empujando con todas nuestras fuerzas este proyecto, que lo importante es que cada miércoles está ya en el debate. Estuvimos conversando y discutiendo un rato, se acordaron las convocatorias, son los pasos previsibles que hay que dar para el tratamiento de los proyectos de ley.” Son decenas las organizaciones sociales, gremiales y sindicales que apoyan el Plan Nacional de Vivienda Popular en todo el país. Es que este proyecto busca solucionar un problema crónico para el Uruguay como lo es el de la falta de vivienda digna para los trabajadores uruguayos. Al mismo tiempo, la iniciativa busca solucionar la falta de trabajo en zonas deprimidas del país y reactivar la venta de materiales de construcción en comercios locales. El proyecto original presentado por la UP propone que se destine el 1% del PBI para la construcción de viviendas de calidad que contemplen las necesidades de las familias. También prevé que los beneficiarios paguen una cuota correspondiente al 10% de los ingresos del núcleo familiar. El pasado 4 de octubre, día en el que comenzaba a estudiarse el Plan de Vivienda, una multitud esperaba en las afueras del edificio anexo del Palacio Legislativo acompañada por Carlos Pérez y Gonzalo Martínez, diputados suplentes de la UP. Las diferentes organizaciones, la mayoría provenientes del interior del país, esperaban con entusiasmo las novedades que surgieran desde dentro de la Comisión. Es que el pueblo trabajador uruguayo no puede acceder a los planes de vivienda que le ofrece el gobierno y los costos de construcción son cada vez más altos. El pueblo trabajador necesita vivienda, y la necesita ¡ya!
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