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En defensa del agua y contra la privatización: Organizaciones sociales dispuestas a interponer recu

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 11 oct 2017
  • 3 Min. de lectura

En la tarde de ayer, la Cámara de Diputados discutía y votaba la Ley de Riego, que si bien en lo previo contaba con algún tipo de reparo de algún legislador de algún partido, la única oposición decidida al proyecto y de denuncia de la oculta privatización del agua fue de la Unidad Popular, en palabras de Carlos Pérez, diputado suplente que desarrolló un importante trabajo de estudio y posterior divulgación junto al equipo de trabajo de su fuerza política en esta materia.

Si bien la Unidad Popular fue el único partido político que se opuso a esta Ley de Riego en el Parlamento, son varias las organizaciones sociales y académicas que se han pronunciado en contra del proyecto privatizador y mercantilizador del recurso vital como lo es el agua. La Juventud consultó a María Selva Ortiz, integrante de REDES Amigos de la Tierra, organización que a su vez conforma la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, sobre su posicionamiento ante la Ley de Riego, sus fundamentos, y los pasos a seguir tras la sanción parlamentaria del proyecto. Ortiz explicó que el documento que posiciona REDES Amigos de la Tierra contra la Ley de Riego fue trabajado “sobre los 2 proyectos de ley: del gobierno pasado y de este, el proyecto que elevó el Poder Ejecutivo al Senado”. María Selva apuntó que “durante el tratamiento en el Senado, nunca tuvimos acceso a cuál era el proyecto que se estaba discutiendo”, y que si bien “el documento que tenemos elaborado es sobre el proyecto de ley que entró al Senado”, en realidad “no tuvo tantos cambios” y “el espíritu sigue siendo el mismo”. Desde REDES denuncian que “abre un mercado de aguas”, lo que aseguran “es inconstitucional porque claramente todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público, después de la reforma constitucional de 2004”. Por lo tanto, “desde ese punto de vista para nosotros es una privatización; aparece un operador del sistema de riego, que es un privado que va a ser el dueño del agua que va a operar”, sostuvo Ortiz. Por otro lado, en cuanto al fomento del agronegocio en detrimento de lo ambiental, desde REDES Amigos de la Tierra entienden “que se pone en riesgo, más riesgo aún ya que las cuencas hidrográficas están con un alto impacto producto del crecimiento del agronegocio que se ha dado los últimos 15 años, y que en esto toda la argumentación es para profundizar e impulsar que se pueda producir más; que podamos producir más soja, más maíz, más arroz”. Ortiz agregó que “eesde el punto de vista ambiental, nuestras cuencas están con mucha carga de fósforo e nitrógeno, lo que está produciendo una eutrofización de los ríos”. “Deberíamos estar frenando o prohibiendo en determinadas cuencas este tipo de producción; sin embargo esta ley la impulsaría, ambientando y creando ecosistemas de embalsamiento que son justamente los más propensos a que este tipo de problemática se agudice”, denunció María Selva. Consultada por la posición de la academia al respecto, Ortiz señaló que “justamente, todo esto de la eutrofización del agua, nosotros como ecologistas lo levantamos de la academia, no lo inventamos”. “El proyecto que fue elevado del Senado a Diputados no cita ni nombra en ningún momento el informe que hace el Departamento de Limnología de Facultad de Ciencias, que lo eleva el Decanato de la Facultad a la comisión que estaba estudiando en el Senado la Ley, donde justamente explicita toda esta preocupación. Este informe se leyó en una mesa en la que estuvimos sobre el tema, y está firmado por toda la Cátedra de Limnología”, por lo que es de conocimiento público, pero ignorado por quienes recibieron y estudiaron el proyecto en el Parlamento y siguen adelante con él. Ante la inminente aprobación del proyecto privatizador del gobierno, María Selva Ortiz aseguró que “nosotros como REDES Amigos de la Tierra, y otras organizaciones con las que conformamos la comisión nacional del agua, entendemos que es inconstitucional, y estamos dispuestos a interponer recurso de inconstitucionalidad”.


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