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ASSE: Para Muñiz las normas que limitan el conflicto de intereses obstaculizan el sistema integrado

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 11 oct 2017
  • 2 Min. de lectura

En un sistema de salud en el que privados se enriquecen con dineros públicos, “las normas a esta altura, no acompañan el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”, dijo Susana Muñiz en la mañana de ayer entrevistada por “De ocho a diez”, programa de Radio Uruguay.

Según informa la emisora, la Presidenta de ASSE “opinó que algunas de las normativas hay que repensarlas y que ese es uno de los puntos que tiene que salir de la Comisión Investigadora parlamentaria”, e insistió en que “los legisladores están investigando sobre lo investigado”, y que todos los temas que están sobre la mesa fueron “auditados, detectados e investigados por ASSE y se aplicaron los correctivos y las sanciones correspondientes”; desconociendo que hay hechos que han salido a luz tras la instalación de la investigadora, que se han sumariado, sancionado y removido jerarcas al comenzar el seguimiento parlamentario por hechos que datan de varios años, incluso del Directorio anterior, que las irregularidades constatadas desde hace años siguen reproduciéndose en las unidades ejecutoras en distintas partes del país, y que desde el MSP se prevé regularizar los mecanismos de designación evitando el amiguismo y los cargos políticos a dedo, mientras que hay hechos que están en la Justicia en la órbita de Crimen Organizado, sin haber intercedido las autoridades de ASSE. Susana Muñiz defiende el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero reconoce que trae de la mano la conjunción del interés público con el privado, “Para ASSE es ineludible el conflicto de intereses”, aseguró, por lo que son las normas que determinan la corrupción las que deben relativizarse, y no impulsar un Sistema que las combata. La presidenta de ASSE lo justifica porque se deben resolver situaciones para las que no alcanzan los recursos propios, dijo en “De ocho a diez”. En un país en el que el Estado destina más de 3.000 millones de dólares a la salud, de los cuales las 2/3 partes van a parar a manos de privados, Muñiz se ampara en que “No tenemos servicios especializados de ambulancias en todos los puntos del país (…); ¿Qué se pretende?, ¿Que la gente se muera?”, dijo en alusión a los cuestionamientos a las contrataciones. Apuntó que hubo llamados a licitación —dio el ejemplo del Hospital de Salto— que quedaron desiertos porque en las direcciones de todas las empresas que se presentaron había funcionarios del hospital, dejando bien en claro qué es lo que promueve el sistema integrado: que los jerarcas de la prestadora de la salud pública no desarrollen ciertos servicios y amparados en la complementariedad o en la compra directa por responsabilidad para garantizar la vida, conformen sus propias empresas o clínicas para venderle más caro al Estado de lo que le hubiera costado desarrollar. Con un sinfín de irregularidades, ilicitudes, omisiones, pasividad, hechos que por lo menos presentan apariencia de corrupción, sin ser resueltos definitivamente, la jerarca sugirió que “los parlamentarios podrían estar ayudando a repensar cómo tiene que ser la normativa del sistema de salud”, en lugar de gestionar la administración ajustada a la normativa vigente.


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