Judiciales presentarán acciones de inconstitucionalidad contra artículo de la Rendición

Son 3600 funcionarios afectados

La Asociación de Funcionarios Judiciales anunció que sus afiliados presentarán acciones de inconstitucionalidad contra el artículo 15 de la Rendición de Cuentas una vez que el Poder Ejecutivo promulgue el texto. “Apenas se promulgue la ley, se va a presentar”.

Al respecto señalaron que van a preparar un escrito de inconstitucionalidad que será presentado ante la Suprema Corte de Justicia por dicho artículo. El secretario general del sindicato, Richard Ascurraín, anunció que se analizarán otras medidas a la brevedad, pero no detalló cuáles, porque son resorte de la asamblea, dijo. “Lo que vamos a hacer entonces es primero presentar el reclamo de inconstitucionalidad y a partir de ahí las asambleas decidirán si se toma alguna medida. Lo que queremos es intentar llegar de una buena vez a adecuar los salarios a lo que corresponde”, agregó. Los funcionarios piden el pago del salario adeudado después de las sentencias judiciales que amparan su reclamo de haber ajustado sus haberes a las variaciones salariales de ministros de Estado y jueces. Según Ascurraín, el artículo 15 de la Rendición faculta al Gobierno a no cumplir con el pago de la deuda salarial, por lo que se entiende que es inconstitucional. Este artículo de reciente aprobación, habilita al Estado a postergar el pago de deudas generadas por juicios perdidos cuando el monto de los mismos exceda los 75 millones de UI, unos US$ 10 millones. En esos casos, el Estado puede optar por pagar de inmediato o formular la previsión correspondiente en el próximo ejercicio presupuestal, o sea, en la siguiente Rendición de Cuentas, por ejemplo. Vale recordar que este reclamo de los judiciales surgió en 2010, cuando se aprobó un “enganche” entre los incrementos salariales de los funcionarios, los ministros de la Suprema Corte de Justicia y los ministros de Estado, con el objetivo de atender el reclamos de los ministros del gobierno del FA para aumentarse los salarios. El gobierno se ha negado incluso a aceptar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a la necesidad de cumplir con el pago reclamado por los funcionarios, gerándose un conflicto entre poderes. Hoy son unos 3600 trabajadores afectados.