El Plan Nacional de Vivienda Popular es el único proyecto existente para atender a los más pobres

No le busquen más vueltas

Mientras el proyecto presentado por la Unidad Popular a través del diputado Eduardo Rubio espera hace 2 años a ser estudiado en el Parlamento, y luego de ser pospuesto se prevé comience a discutirlo finalmente la Comisión de Vivienda de diputados el próximo miércoles 4 de octubre, la realidad sigue demostrando que es la única alternativa cierta, real y viable existente en nuestro país para garantizar el acceso a la vivienda propia para las decenas de miles de familias que no pueden hacerlo por los precios y las condiciones de financiamiento que tienen los planes hoy en día.

Al tiempo que el Plan Nacional de Vivienda Popular se propone la construcción compulsiva de miles de vivienda por año a bajo costo y que garantiza que la población de menos recursos pueda financiarla con un 10% del ingreso del núcleo familiar sin ningún tipo de restricciones, el gobierno despliega una serie de políticas focalizadas en esta materia, que o bien no califican para la inmensa mayoría de la población necesitada y urgida, o bien no atiende ni por asomo la demanda, o por no ser concebidas como políticas populares de vivienda, se caen por su propio peso.

Planes de financiamiento

Los distintos planes que ofrece el Ministerio, la Agencia Nacional de Vivienda y el BHU no atienden la realidad que atraviesa la inmensa mayoría de la población urgida por acceder a un techo propio. 800 mil trabajadores ganan menos de $20.000 por mes, y un alquiler digno en el mejor de los casos no baja de los $10.000. Alimentación, educación, salud, transporte y vestimenta, además de las tarifas públicas, evidentemente no permite que la gente genere capacidad de ahorro, por lo que todos los planes que requieren de ahorro previo los excluyen. Además, quienes estén en el clearing no acceden a ningún plan, y los que tengan incluso ingresos muy superiores, solamente con algún tipo de descuento hace que no lleguen al ingreso mínimo requerido para acceder al plan. Madres jefas de hogar, hogares monoparentales, con menores, ancianos o discapacitados a cargo, se les hace inviable la autoconstrucción o las horas a cumplir en una cooperativa.

Totalmente insuficiente

Tal como hemos dado cuenta en pasadas ediciones en detalle, la construcción por parte del Estado es insignificante, prácticamente una vergüenza anunciarlas. 32 viviendas se construyeron el año pasado para jubilados. Entre decenas de iniciativas, son apenas cientos las viviendas las construidas, generalmente para atender realojos, a quienes ya no tenían donde vivir.

Inversión privada no atiende a los más pobres

La ley de Vivienda de Interés Social promovió la construcción de viviendas en zonas consolidadas de la ciudad, estableciendo importantes beneficios tributarios a los proyectos presentados. Uno de los objetivos principales fue facilitar el acceso a la vivienda a los sectores socioeconómicos medio y medio bajos. Hoy día llamada “Vivienda Promovida”, su objetivo fue contravenido por la propia Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, ya que siempre sostuvieron que no es una política “para los extractos más pobres”. El propio Ministerio de Vivienda consideró que estos objetivos no se cumplieron, y por lo tanto en 2014 y en marzo de este año introdujo modificaciones en la ley, poniendo topes a los precios de las viviendas, para que pudieran ser más accesibles a los sectores más bajos de la población. Pero esta política cae por su propio peso; al ser topeados, los negocios dejaron de ser rentables, llegando a este año la promoción de apenas 3 proyectos, es decir, resultados nulos (ver cuadros). Tal es así, que en la Rendición de Cuentas del Ministerio, no se rinden cuentas de la vivienda promovida, al tiempo que se muestra la voluntad de construir casas mediante las PPP. Otra iniciativa sin resultados para resolver el problema; la privatización es un negocio para el privado, los pobres no son buenos clientes para ellos. No le busquen más vuelta; la responsabilidad constitucional del gobierno de facilitar el acceso a una vivienda propia de condiciones dignas, puede ser resuelta tomando el Plan Nacional de Vivienda Popular como punta de lanza para erradicar de una vez el problema de la vivienda para el pueblo oriental.