POR ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA

Todo habitante del Uruguay tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa. Así está planteado en el artículo 45° de la Constitución de La República, en el que queda establecido que será el Estado quien deba asegurar el acceso a una vivienda higiénica y económica. Siendo el acceso a la vivienda uno de los principales problemas que enfrentamos los jóvenes de nuestro país, nos parece totalmente pertinente y necesario divulgar y dar a conocer la única iniciativa viable que hoy está sobre la mesa para solucionar el problema de la vivienda: El Plan Nacional de Vivienda Popular por Construcción Pública, planteado por el diputado Eduardo Rubio.

Según datos del MVOTMA el déficit habitacional es de alrededor de 80.000 viviendas en todo el país; a su vez, el último censo mostró que existen 253.000 viviendas deshabitadas. Lo lógico en este contexto sería que el precio de los alquileres se modere, pero la especulación en el mercado inmobiliario no ha dejado de crecer, prueba de esto es el aumento del precio de los alquileres que sostenidamente ha estado 3% por encima de la inflación. Como agravante al problema de la especulación en el mercado inmobiliario aparece la situación del mercado de trabajo: la tasa de desempleo de los trabajadores jóvenes ronda el 20% desde hace años (y es incluso más alta para las jóvenes mujeres) y los salarios de los jóvenes son más bajos que los de sus compañeros de mayor edad. Sumémosle a esto la existencia de 139.000 hogares con jefatura joven y el hecho de que solamente el 32% de los jóvenes son propietarios de su vivienda, claramente se verá que la gran mayoría de los jóvenes de clase trabajadora se ven imposibilitados de tener una vivienda digna y – algo que no es menor – propia. El Plan Nacional de Vivienda Popular establece que anualmente el Estado debe destinar el equivalente al 1% del PIB para los requerimientos del plan. Tomando como base el PIB del año pasado, esto equivaldría a algo más de 540 millones de dólares que el Estado destinaría a financiar la construcción de viviendas. Se establece que la Agencia Nacional de Vivienda licite las construcciones dando preferencia a empresas, mano de obra y materiales de origen nacional, y más aún, de origen local. Esto último es de suma importancia dado los encadenamientos productivos que genera, permitiendo atacar con una sola inversión el problema de la falta de vivienda, la falta de empleos y la inestabilidad de la demanda para la industria nacional, además de que abre el paso para un mayor enfoque local de las políticas de desarrollo productivo. Para lograr que las viviendas construidas sean económicas se plantea la exoneración de los impuestos que recaigan sobre los materiales usados para la construcción y para los trámites legales que deban hacerse; complementando esta lógica, se plantea la declaración de utilidad pública de las expropiaciones de inmuebles necesarias (recordemos que hay 253.000 viviendas deshabitadas), y se plantea construir en las tierras improductivas e inutilizadas que son propiedad de organismos públicos. Atacando a la extranjerización de la tierra, el plan prevé que las expropiaciones se hagan preferentemente sobre tierras propiedad de empresas y personas físicas extranjeras. Un aspecto de suma importancia es la calidad de la vivienda. No solo se permitirá el acceso a una casa propia, sino que se tratará de una vivienda digna. Las casas construidas no podrán tener menos de 50m2 cuadrados, más 12m2 mínimos por cada dormitorio adicional que posea la vivienda; toda casa deberá contar como mínimo con un baño, cocina, comedor y sala de estar, sistema de desagüe de aguas servidas, conexión eléctrica a la red pública, techos impermeables y con buena aislación térmica, paredes que impidan la entrada de humedad, buena ventilación e iluminación natural, entre otras condiciones de calidad que se exigirán como mínimas. Podrán ser beneficiarios del Plan las personas que no sean propietarias de otra vivienda y tengan ingresos nominales de hasta 20 BPC (para el valor 2017 esto equivale a $72.220), sin límite de edad, sin exigencia de ahorro previo y sin tener en cuenta sus antecedentes crediticios. Es muy importante destacar esto último, ya que el acceso a la vivienda es un derecho humano y por tanto nadie puede quedar por fuera. Los beneficiarios del Plan pagarán su vivienda a partir del momento en que la ocupen, destinando el 10% de los ingresos mensuales de la familia hasta cubrir el valor de la misma, o en su defecto, por un máximo de 25 años. En otras palabras, la trabajadora que gana $18.000 y tiene dos hijos a cargo no deberá pagar $12.000 mensuales por un alquiler, sino que pagará $1.800 por mes para amortizar su propia casa. Desde la bancada de la UP y desde la militancia se están maximizando esfuerzos para sumar apoyos y viabilizar el proyecto. Estaba previsto para el pasado miércoles 13/09 el inicio del debate sobre el Plan en la Comisión de Vivienda, pero la renuncia del Licenciado obligó a convocar a la Asamblea General y por tanto hubo cambios en la agenda parlamentaria, quedando la convocatoria a la Comisión para el próximo 4/10. Parlamentarios de todos los partidos han mostrado su apoyo al proyecto, y fuera del parlamento varios departamentos han declarado este proyecto de interés departamental, tal es el caso de San josé, Colonia, Treinta y Tres, Tacuarembó y Lavalleja, y seguramente en estos días se sumen varios departamentos más. Son muchas las organizaciones sociales, sindicales y de jubilados que han mostrado su apoyo y respaldo, por lo que se están generando las condiciones políticas y sociales que permiten hacer viable al proyecto. Los jóvenes somos los más afectados por las dificultades de acceso a una vivienda digna, y por tanto seremos los más beneficiados cuando este proyecto se convierta en ley y el Plan Nacional de Vivienda Popular comience a funcionar. Ante esto, es necesario que redoblemos esfuerzos para seguir sumando apoyos entre vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, en sindicatos, etc. El gobierno pseudo progresista del FA no nos va a facilitar la solución al problema de la vivienda, pero sumando apoyo popular podemos obligar la voluntad política de los legisladores frentistas, y esto solo se puede lograr con más y mejor militancia por parte de cada uno.

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