Como perejil en feria: El Pit-Cnt firma cláusula de paz para que el gobierno siga coqueteando con U

La central obrera oficialista suscribió un acuerdo con las cámaras empresariales, el gobierno y UPM, comprometiéndose a un régimen especial para quienes trabajen en la zona franca en la que se pretende que se instale la nueva planta de celulosa.

UPM aun no se ha comprometido a invertir en nuestro país, y el gobierno busca por todos los medios que la inversión se concrete a toda costa, incluso endeudándose y utilizando la plata de los trabajadores para alcanzar la inversión en infraestructura de 1.000 millones de dólares que le exige la gigante finlandesa. Del mismo modo que nadie se cuestiona que el proyecto del Ferrocarril Central va a beneficiar a UPM y no a la población, ¿cabe siquiera preguntarse si la firma “inédita” de un acuerdo previo con el gobierno desesperado y el aparato conciliador de las cámaras empresariales y el PitCnt, es en beneficio de la multinacional devastadora o de los trabajadores que eventualmente vaya a contratar? En la jornada de ayer el Poder Ejecutivo, el PitCnt y las cámaras empresariales firmaron en la Residencia de Suárez un acuerdo con la multinacional UPM para establecer las condiciones laborales que regirán dentro del régimen de zona franca en caso de que la papelera finlandesa instale una nueva planta de celulosa en nuestro país, como pretende el gobierno. El Frente Amplio desplegó el mecanismo aceitado de conciliación que expone en cada gira internacional buscando inversión extranjera directa a cualquier costo y procurando tratados de libre comercio por doquier; el respaldo total a su proyecto neoliberal y de entrega por parte de empresarios y la central obrera oficialista. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro reconoció que “es inédito en el país que se firme un acuerdo laboral previo al de inversión”, un acuerdo que “incluye a las empresas contratistas y subcontratistas, a trabajadores uruguayos y extranjeros, en todas las fases del proyecto desde el comienzo de la construcción de la planta”. De este modo, ahora UPM tiene el camino allanado de lo que deberán hacer y lo que no podrán hacer los obreros que vayan a ser contratados para trabajar en la construcción de una eventual segunda planta.

Usted decide

UPM no se comprometió a invertir tal como pretende el gobierno, por lo que queda claro que lo que se firmó el martes es otra de las garantías que pide la multinacional para instalarse en nuestro país. El director de la OPP Álvaro García, explicó que trabajaron para llegar a un documento” al que denomina “acuerdo de inversión” pero que en realidad es un “pre-acuerdo de inversión, porque no implica la definición de que la planta se va a realizar”. Este documento establece “los compromisos que asume el gobierno nacional y la propia empresa (…) para que se pueda instalar una inversión de este tipo”. El documento que elaboran y espera “tener pronto en las próximas semanas”, que se basa en lo acordado el martes en Suárez “abre una segunda etapa que va a culminar con la decisión final por parte de la empresa en un futuro”; “un futuro que no está determinado” admite García, que aun no conoce los plazos en los que podría decidir la empresa, porque claramente esto será a su antojo y según su conveniencia. La celeridad en la definición de UPM si concretar o no la inversión, dependía de que empresarios y el PitCnt ratificaran este acuerdo. “Esperemos que sea lo más rápido posible, en función de cómo avance este acuerdo de inversión. Es importante que esto quede bien claro.

La suerte de los trabajadores

Lo “inédito” de este acuerdo y que el ministro Murro valora como positivo, es que en esencia establece una cláusula de paz para quienes pretendan (o no tengan otra alternativa) que trabajar en la construcción de la planta, aunque aun no lo sepan (incluso no se sabe si se construirá). “Se incluye un mecanismo de prevención y solución de conflictos que fortalece las instancias de diálogo y negociación colectiva que este gobierno impulsa”; “hay un compromiso de las partes de no adopción de medidas que afecten la regularidad del trabajo antes de haber finalizado total y formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previas”, aseguró Murro.

Cláusula de paz

El documento habla de diversos ámbitos bipartitos o tripartitos incluyendo al gobierno para la conciliación y mediación, que funcionarán ordenados, escalonados y sucesivos para prevenir conflictos, y se determinan los procedimientos y plazos en cada uno de ellos. Pero particularmente los dirigentes del PitCnt acordaron con el gobierno y los empresarios la “no adopción de medidas por las partes que afecten la regularidad del trabajo o el normal desarrollo de las actividades de obra, antes de haber finalizado total o formalmente todas las instancias de conciliación y mediación previstas”, para tranquilidad de la multinacional. El ministro de Trabajo agregó que “se reafirma expresamente la importancia del trabajo decente, los principios y derechos fundamentales de trabajadores y empleadores, la importancia de la calidad del trabajo, la productividad y las nuevas tecnologías”, que enmarca “las condiciones de trabajo, salud y seguridad, capacitación, transporte, alimentación, vivienda y los impactos que el proyecto tendría en la zona de influencia”.

Los abajo firmantes

Los responsables garantizar que el Uruguay de un paso más en la entrega de su soberanía y los recursos naturales en beneficio de las trasnacionales y en detrimento de los trabajadores en el marco de una gigantesca zona franca que logre poner en carrera nuevamente al Frente Amplio en la próxima campaña electoral, quienes participaron de su rubricarlo fueron: Ernesto Murro, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); Álvaro García, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); Marcelo Abdala, Oscar Andrade, Julio Burgueño y Fernando Pereira, por el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT); Ignacio Otegui, por la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU); Andrés Castiglioni y Flavio Pérez, por la Cámara Metalúrgica del Uruguay (CMU); y Javier Solari y Gonzalo Giambruno, por la empresa finlandesa UPM.