San José - El gobierno jugado a un solo modelo económico: favorecer al gran capital

Las consecuencias de la implantación en el país y en la región del modelo de producción que han impulsado las grandes multinacionales y que se ha dado a conocer como “agronegocio”, ha causado un gran daño en el sector agropecuario uruguayo.

Por: Darío Camilo Departamental del 26M en San José

Sustentado en un paquete tecnológico que está basado en semillas genéticamente modificadas y en el uso indiscriminado de agrotóxicos, este modelo ha promovido la mayor concentración y extranjerización de la tierra, como nunca antes, alcanzando actualmente la cifra de 53% , incrementando en gran forma lo que se conoce como éxodo rural urbano. Los datos del censo rural de 2011 son elocuentes. En el mismo se da cuenta del abandono del campo de más de 10.000 productores de menos de 100 hectáreas en los últimos años. La extensión de monocultivos forestales en territorios que hoy son parte de las mayores empresas latifundistas del país como UPM y Montes del Plata entre otras; el avance de la soja transgénica y ahora además del maíz transgénico, se contrapone entonces con la menor cantidad de productores familiares en los distintos rubros, granja, lechería, quesería, horticultura, apicultura. etc., responsables de la mayor producción de alimentos; y aquí es bueno señalar la pérdida de soberanía alimentaria, concepto clave para definir el rol social de los pequeños productores agrícolas en la multiproducción de alimentos de calidad respetando la naturaleza, aún en períodos críticos. Este sistema de producción de “alimentos” que se ha tratado de imponer es insostenible e injusto, promueve métodos de producción que envenenan lentamente y matan. Cada año en el mundo por el uso de agrotóxicos se intoxican cerca de tres millones de personas, de ellos más de 220.000 mueren. Esto significa 660 muertes por día, 25 muertes por hora. Un crimen impune que debería ser evitable. En Uruguay, de los 95.000 trabajadores rurales, una buena parte está expuesta a las consecuencias de los agrotóxicos que generan más de 400 toneladas de envases plásticos. Para tener una idea de los volúmenes a que hemos llegado es bueno saber que en el año 2014 el país importó casi 15.000 toneladas de Glifosato. Se estima que cada hectárea de campo promedialmente recibe 6,7 litros de agroquímicos. Son cifras demenciales que denotan la falta de control en esta materia y un grado de permisividad extrema para estas prácticas agrícolas que en definitiva terminan afectando a la naturaleza y a la vida humana. En la red fluvial del Uruguay también se han detectado residuos de insecticidas clorados. Nombrar la cantidad de denuncias establecidas y la falta de respuestas seria redundante. El “Uruguay natural” es una grifa que por la vía de los hechos quedó sepultada por la realidad. Y la frase “rentabilidad o muerte” debería conceptualizarse de manera distinta ya que la misma no debería venir de la mano de tanto desastre y destrucción. El artículo 47 de la Constitución declara de interés general la protección del medio ambiente y establece que todos los habitantes tienen el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y saludable, por tanto es deber del Estado protegerlo a él, a la sociedad y a su conjunto. Los hechos ocurridos hace pocos días en Salto, donde se afectaron más de 2.000 colmenas, también en Ecilda Paullier, y las patéticas y repudiables declaraciones del ministro Aguerre en referencia a este tema, dan cuenta del estado de situación en que nos encontramos. Por otra parte son esclarecedoras también las declaraciones del ministro Danilo Astori, (quien fuera premiado en su oportunidad por el “Financial Times” de Londres como Ministro del año), cuando anunciaba la tercera planta de celulosa en el país y nos decía: “El cambio estructural que viene teniendo el país no tiene retroceso”, manifestaba, para luego agregar: “La expansión forestal está muy lejos de haber culminado”. Lo que en criollo básico significa que podrá venir una cuarta, una quinta, una sexta, o séptima planta más. Estas declaraciones revelan el compromiso del partido de gobierno para la continuidad de un modelo de producción que solamente beneficia a los grandes capitales, expulsa gente del campo, requiere uso masivo de agrotóxicos y que en realidad le deja muy pero muy poco el país. Pero más allá de los compromisos del partido de gobierno que ya sabemos de qué lado de la raya está y a quien responde, es necesario y urgente luchar por restablecer a los pequeños productores agrícolas, a aquellos quienes producían la mayor parte de los alimentos, con la implementación de políticas agrarias, con la debida asistencia, que abarquen el marco productivo pero que también se tenga en cuenta las necesidades del resto de la población. La importación de alimentos que se sigue realizando, en muchos casos sin los pertinentes controles sanitarios, en donde en la mayoría de los casos se podrían producir aquí no tiene sentido. En esta realidad que nos indica que el campo uruguayo está cada vez más vacío, pero teniendo un potencial fantástico para producir alimentos sanos y de calidad, rescatar la soberanía alimentaria es de fundamental importancia, por el otro camino vamos derecho al acantilado.