Investigadora de ASSE: “Se debe investigar a fondo para que quede claro las responsabilidades”

Entrevistada por Puesta al Día – Primera Edición, informativo de Radio Centenario, la profesora Romy Silva ubicó las condiciones en las que comenzará a trabajar la investigadora de ASSE el próximo lunes, y realizó un repaso de las irregularidades que han cobrado notoriedad y que fundamentan el acierto de investigar el manejo de los dineros públicos destinados a la salud de la población, en el marco de un sistema perverso que bajo la fachada de “integración” o “complementariedad”, privatiza la prestación de los servicios de salud convirtiendo la asistencia en una mercancía, que da rienda suelta a irregularidades y enriquecimiento ilícito de particulares y del empresariado médico que lucra con la salud de la población.

Romy Silva, integrante del equipo de bancada de la Unidad Popular que ha trabajado intensamente en la elaboración de la denuncia a partir de la cual el parlamento respaldó unánimemente la iniciativa de conformar una comisión investigadora de ASSE, confirmó a José Luis Vázquez que “El lunes 11 de setiembre a las 10 de la mañana comienza a funcionar la Comisión Investigadora, que va a abordar -como lo hemos titulado- la gestión de ASSE desde el 2008 hasta la fecha y la denominada estafa al FONASA”. La prof. Silva explicó que en esa instancia del lunes “se va a armar la agenda de trabajo con los primeros temas a abordar y se conformará la nómina de citados”, y aclaró que en ello radica el trabajo de la Comisión, “que más allá de que nosotros en la denuncia la hayamos dividido en 7 capítulos con el contenido, allí se va a definir concretamente la agenda de trabajo a abordar”. Romy Silva centró la importancia de esta iniciativa, en que “en la denuncia nosotros hemos dejado al descubierto lo que es la esencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, que implica la mercantilización de un derecho fundamental del ser humano, y ha llevado por lo tanto a la privatización del sistema de atención”, y apuntó que a esto “se ha mezclado la acción de diferentes involucrados que han actuado al margen de lo que establecen las normas, dándose por ejemplo la conjunción del interés público y privado, donde se encuentran a jerarcas de la salud, que al mismo tiempo se desempeñan como funcionarios de salud pública, y a su vez empresarios”. Un ejemplo claro de ello es “lo que ha sucedido en el caso del Hospital de Bella Unión con la empresa SIEM, que involucra a directores de 3 centros hospitalarios que son propietarios de la empresa que contrata el hospital, incluso siendo en su momento uno de ellos director del Hospital de Bella Unión”. Silva aseguró que esta situación se reitera por ejemplo en el Hospital de Dolores, “donde también la directora contrata a su propia empresa EMS”, y se da también en el Hospital de Mercedes, donde “la subdirectora y también ordenadora del gasto, contrata a la empresa de la que ella es también copropietaria; en este caso es también EMS”. “Es decir que esa realidad se va reiterando en distintas unidades ejecutoras”, concluye Romy. Por otro lado, está la situación de Rivera con “los gastos en estudios médicos con la transferencia de un rubro para el otro, a través del cual se contrataba a especialistas y funcionarios cuando no corresponde, y se contrata además de una manera tercerizada, de compra de servicios, sin contrato”. A esto se suma que “ahora en los medios están saltando nuevas realidades como la situación de la compra de servicios de tomografía, en una clínica que está en Brasil”. “Esa conjunción de intereses se ha destapado en distintos centros hospitalarios y llama realmente la atención”, destacó la parlamentaria. “Luego tenemos por ejemplo la situación del Hospital de Ojos, donde la directora firma operaciones cuando incluso no está en el centro hospitalario, y no se condicen lo que son las marcas de ingreso al hospital con la firma que se establece en el momento de realizar la operación”, denunció Silva. La integrante del equipo de bancada del dip. Rubio, estableció la gravedad del caso “de las colonias psiquiátricas, donde se da la existencia de préstamos otorgados a pacientes que son descontados de su jubilación o pensión, compras en cantinas que hacen los pacientes, y compras también en las ferias donde no hay acompañamiento, no hay supervisión si el paciente consume realmente por cuestión de salud lo que debe, si efectivamente en la feria se les entrega lo que han comprado. Figuran compras de electrodomésticos con dinero de los pacientes”, añadió. Romy Silva asegura que existen infinidad de irregularidades de este tipo; “también hay muchos más temas para abordar en distintas unidades ejecutoras que están vinculados con todo este proceso que estaba mencionando”. Hay que investigar el crecimiento exponencial y excesivo en hospitales de todo el país en distintos rubros. “El Hospital de San Carlos por ejemplo, los gastos excesivos en limpieza, aseo y fumigación. En 2008 figuraban $400.000 en gastos en ese rubro, y al 2015 salta a $8.600.000. El caso del Hospital de Rocha, donde el rubro vigilancia también tiene un gasto exponencial”, recordó Silva. “Entonces esas contrataciones que se comienzan a realizar, que muchas veces están al margen de lo que establece la ley deben ser estudiadas a fondo”, y enfatizó que “no basta con lo que vemos en estos días de sacar a un jerarca de un lugar y establecerle una suspensión preventiva y sin que quede claro lo que vaya a suceder. Se debe investigar a fondo para que quede claro las responsabilidades correspondientes o descartarlas, pero se debe estudiar en profundidad este tema”. Por otra parte está el tema de las tercerizaciones, que “son todo un capítulo variado, que abarca desde la compra de servicios médicos, la contratación de camas de CTI, y empresas incluso de vigilancia, limpieza, conserjería, etc. Es todo un espacio allí a investigar”. Romy asegura que “hay más unidades ejecutoras” con irregularidades para invesigar, y que “la Comisión irá decidiendo cuáles son las que tendrán más peso. Por ejemplo el Hospital de Canelones, en 2012 estaba pronto un CTI como para inaugurarse, pero realmente no se inaugura jamás. El mismo fue completamente desmantelado, y se envía por lo tanto a los usuarios al privado. Hay situaciones donde nosotros tenemos denuncias de particulares, donde realmente se le podría haber salvado tal vez la vida a la persona, si allí estuviese funcionando un CTI”. El trabajo de recopilar y ordenar denuncias no se interrumpió entre que se presentó la solicitud de conformar la investigadora y la próxima semana que comenzará el trabajo, sino todo lo contrario. “Las denuncias al despacho llegan diariamente, hay que irlas además ordenando; y día a día nos vamos dando cuenta de la importancia que incluso el ciudadano que escucha en los medios la realidad y la importancia de investigar, ante la aparición de nuevas irregularidades”. La prof. Silva asegura que “muchas de ellas son irregularidades que van de la mano de presuntas ilicitudes también. Muy lejos de lo que sostenían incluso algunos integrantes del oficialismo al momento de conformarse la investigadora, donde se decía que se iba a trabajar sobre lo que ya estaba denunciado; lo que salta a la luz pública todos los días va demostrando la importancia que tiene esta investigadora y la presión que ha realizado mucho antes incluso de estar funcionando, porque se buscó tomar alguna medida paliativa pero esto no es suficiente”. Romy enfatizó que “estamos hablando del manejo de fondos públicos, que se ha desviado en beneficio del empresariado privado de la salud. Estamos hablando de un derecho fundamental y por lo tanto se debe lograr que se actúe dentro de lo que establece la norma, dentro de lo que establece la ley, y se beneficie concretamente al usuario de la Salud Pública, y no a todos aquellos que han aprovechado de esta situación para sacar tal vez algún rédito personal”.