Unidad Popular advierte: Ley de riego es privatizar el agua

El agua es un recurso natural indispensable para la vida garantizado en la Constitución de la República, sin embargo, el gobierno pretende privatizarlo y transformarlo en un producto comercializable a través de la ley de riego. La Unidad Popular sale al cruce de la iniciativa y advierte sobre los perjuicios que acarrearía.

El gobierno promueve una Ley de Riego que, entre otras cosas, prevé la privatización del agua. Este proyecto, que fue impulsado por el Ministro de Ganadería Tabaré Aguerre, ya posee media sanción en el Parlamento y puede ser aprobado en las próximas semanas. Ante esta iniciativa a preocupado a varias organizaciones sociales y medioambientales por los perjuicios que acarrearía su aplicación. Hasta han planteado la inconstitucionalidad del planteo. En tal sentido, la Unidad Popular formó una comisión medioambiental para estudiar este proyecto, difundir los detalles y advertir acerca de las consecuencias de esta ley. La Juventud dialogó con Jorge Maiki, integrante de la Comisión de la UP, quien confirmó que el próximo martes 12 de setiembre visitarán la ciudad de Treinta y Tres. Allí realizarán una recorrida de prensa en la mañana y una charla abierta con los vecinos en horas de la tarde. Maiki explicó que la UP se opone a esta ley debido a que implica la privatización y extranjerización del agua. “Las asociaciones de riego que se vayan a formar para gestionar los embalses van a trabajar conjuntamente con operadores de riego y ese operador de riego puede ser una empresa, un consorcio, un conjunto de Afaps o una multinacional”, explicó. También preocupa la falta de control medioambiental de este proyecto. Maiki señaló que la ley de riego tiene una “falta de adecuados controles ambientales” debido a que los controles previos al momento de realizar un embalse se realizarán “cuando correspondan”. “Ahí deja abierta la posibilidad de que el gobierno decida si se realizan los controles o no”, resaltó. El proyecto alentado por el oficialismo establece además que, más allá de pagar por el agua, los productores deberán pagar un gravamen destinado a las sociedades de riego. Este gravamen estará vinculado al padrón, es decir que, si alguien compra la tierra, deberá seguir pagando el gravamen por más que no utilice el riego. Este elemento generará obligaciones que pueden llevar a hipotecar el bien. Muchos productores han mostrado preocupación por este punto. La ley establece la creación de las Sociedades Agrarias de Riego (SAR), lo cual habilita a inversores privados a participar del rubro. Maiki advirtió por “un peligro muy serio” debido a la contaminación del agua y al aumento de la concentración de la tierra. Están previstas varias actividades más de la comisión medioambiental de la UP en departamentos como Rivera y Soriano. Ya se realizó una charla en el departamento de Maldonado a comienzos de agosto donde participaron Silvia Martínez y Carlos Sosa. La comisión pretende también estudiar la instalación de la tercera planta de celulosa –la segunda de la finlandesa UPM– y la utilización del fracking para la búsqueda de hidrocarburos.

La bancada de la UP también analiza el tema

La bancada de la Unidad Popular ha estudiado el proyecto de riego presentado por el Poder Ejecutivo y ha llegado a una conclusión categórica: con esta iniciativa se intenta mercantilizar el agua, un recurso garantizado en la propia Constitución. El diputado suplente de la UP, Carlos Pérez, dijo hace algunas semanas a La Juventud que el ministro Aguerre quiere mercantilizar el agua y que este recurso sea visto como un insumo que se pueda comprarse y venderse, y no como un factor natural dependiente del clima. El propio Frente Amplio lo ha colocado dentro de las prioridades a aprobar en este año. “Quiere mercantilizar el agua y que se pueda comprar, que esté siempre a mano y que eso no ponga en riesgo la inversión del agronegocio. Lo dice claramente. Aguerre está hablando que este proyecto es para beneficiar al agronegocio, principalmente, al maíz transgénico, pero fundamentalmente a la soja transgénica. Nosotros históricamente hemos estado en contra del agronegocio y por eso es uno de los motivos de los que estamos en contra de este proyecto”, señaló Pérez. Aclaró que hay otro elemento de este proyecto de ley que los preocupa. Hoy los productores pueden asociarse para fomentar el riego, según el proyecto, los productores podrán incluir a un inversor extranjero y este podrá acogerse a la Ley de Participación Público Privada (PPP) y a la Ley de Inversiones.

“Unas vez más, el gran capital y el sistema financiero intentando abarcar otras zonas de la economía nacional. Lo que vamos a ver acá es la apropiación privada por los grandes capitales del agua para riego. La van a embalsar en las partes altas de las cuencas y de ahí para abajo habrá un serie de productores que serán sus rehenes”, señaló.