Ante las inundaciones: Plan Nacional de Vivienda Popular es cada vez más urgente

¿Qué dirá el presidente Vázquez ahora? ¿Responderá con soberbia también al problema de los inundados? La realidad de muchas personas afectadas por las lluvias se debe a las condiciones económicas en las que viven. Los bajos salarios, la falta de trabajo y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y de calidad hace que los asentamientos crezcan y que la gente no tenga otra posibilidad que construir en zonas inundables y poco seguras.

Pueden ser 200, 800 o más de 4000. Pueden estar en el litoral o en la zona metropolitana o en el centro del país. Año a año se repite el drama de los inundados en el Uruguay. Esta gente, la gran mayoría de las veces de condición humilde, pierde gran parte de lo poco que tiene. Y lo pierde una y otra vez. En abril del año pasado, San José fue uno de los departamentos más afectados por las inundaciones. Este año, durante los meses de mayo y junio, las inundaciones afectaron duramente al litoral, siendo el departamento de Salto el que llevó la peor parte con más de 4600 personas evacuadas. Esta vez, el país mira hacia Paso Carrasco, una localidad de Canelones en el límite con Montevideo. El arroyo Carrasco se salió de madre unas cuatro cuadras tras las intensas lluvias de los últimos días y los vecinos padecen las duras consecuencias. Hasta ayer lunes las cifras oficiales hablaban de unas 200 personas que habían tenido que dejar sus hogares. Las ciudades de San Ramón y Santa Lucía también se vieron duramente afectadas por el desborde del Río Santa Lucía y decenas de familias tuvieron que ser evacuadas. A las familias de Paso Carrasco que viven en condiciones precarias en la cercanía del arroyo Carrasco se les ha prometido ser realojadas en varias ocasiones, pero las autoridades aún no han cumplido. Muchos están esperando el realojo desde hace años, sin embargo, algunas de las familias que sí fueron realojadas igualmente han vivido las inundaciones. En el Consejo de Ministros de Nuevo Berlín, el presidente Vázquez trató de “malagradecida” a una vecina que se quejó públicamente por la baja jubilación que recibe. ¿Responderá esta vez nuevamente con soberbia el presidente ante la situación de los inundados? Los planes de vivienda del gobierno son muchas veces inalcanzables para la población trabajadora que gana menos de 20 mil pesos. Las condiciones materiales y los altos costos de vida hacen que la gente tenga que construir donde puede. Esto es responsabilidad del propio gobierno del Frente Amplio que lleva ya más de 12 años en el poder. La Juventud dialogó con Carlos Pérez, vecino de Paso Carrasco, quien dijo que, a diferencia de las cifras oficiales, hay unas “500 o 600 viviendas bajo agua”. Además, confirmó que hay muchas personas “viviendo en el techo de las casas” por miedo a ser robadas. En cuanto a los realojos, Carlos indicó que a muchas familias “las realojaron media cuadra más adelante” del lugar inundable pero igualmente el agua llega hasta allí. “Está complicada la mano para la gente. Es un tema endémico, cada vez que llueve se desborda el arroyo, además, debido a la contaminación, cada vez desborda más rápido”, explicó. Carlos dijo que se ha visto a “gente que iba y venía” pero que la ayuda concreta de las autoridades no ha llegado al lugar. Indicó que los vecinos se han organizado por sí mismos y han hecho ollas populares para paliar la situación de los más afectados. La Juventud contactó a Gonzalo Martínez, integrante de la bancada de la Unidad Popular, cuya fuerza política integra la Comisión de Vivienda de Diputados y presentó el Plan Nacional de Vivienda Popular que se estudiará en dicha Comisión en el mes de setiembre. Martínez dijo que el gobierno gastó en 2016 1 millón 400 pesos para la política de realojo lo cual tuvo 366 realojos. Sin embargo, remarcó en que este presupuesto es insuficiente y aseguró que hay “inoperancia” de las políticas de vivienda del gobierno. Indicó que los más vulnerables y más perjudicados por las inclemencias del tiempo son los trabajadores. Dijo que es urgente la de aprobación del Plan de vivienda y que es necesaria una fuerte inversión presupuestal para que eso se refleje en miles viviendas.

Los detalles

El Plan Nacional de Vivienda Popular presentado por la Unidad Popular en julio de 2015 establece que los beneficiarios deban pagar solamente el equivalente al 10% de los ingresos mensuales del núcleo familiar desde el momento de la ocupación hasta amortizar el valor de la misma, o por un plazo máximo de 25 años si no se llegara a la amortización. El proyecto plantea que se priorice a los núcleos familiares que posean alguna de estas características: jefatura de hogar monoparental, integrantes discapacitados a cargo, niños, niñas y/o adolescentes a cargo, contar con personas mayores de sesenta años, contar con personas afectadas por enfermedades raras o contar con personas afectadas por enfermedades crónicas o con personas pacientes oncológicas. El Plan prevé que, si los ingresos del núcleo familiar disminuyeran al valor de un salario mínimo nacional, podrá pedirse el reajuste de la cuota ante la Agencia Nacional de Vivienda, la cual resolverá atendiendo al caso, pudiendo llegar a la suspensión provisoria del pago de las cuotas o incluso al subsidio de las mismas en casos extremos. Bajo ningún concepto se afectarán los derechos de los ocupantes. También se establece que la construcción esté a cargo del Estado y que los adjudicatarios de la vivienda tendrán derecho a la propiedad y la posesión en las condiciones que establecen los artículos siguientes. También se prevé que se utilicen “tierras improductivas e inutilizadas de cualquier organismo público que sean aptas para el desarrollo del Plan”.