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ADES (Montevideo) ante la Comisión de Educación y Cultura: Docentes denuncian la privatización de l

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 24 ago 2017
  • 10 Min. de lectura

Una delegación del sindicato de profesores de la enseñanza secundaria fue recibida por la Comisión de Educación y Cultura de diputados, donde denunciaron el proceso privatizador que sufre la educación, la obtención del lucro de dineros públicos por parte de ONGs que trabajan en la enseñanza mediante mecanismos engañosos, el papel de organismos internacionales que se encargan de introducir estas políticas también en nuestro país, y volvieron a plantear la reivindicación del 6% del PBI como presupuesto mínimo para la Anep y UdelaR.

En una reunión que se extendió por 3 horas y media, la nutrida delegación del sindicato docente, realizó denuncias profundas y concretas acerca de la ONG Cimientos, que ha trascendido por el conflicto llevado adelante por el núcleo sindical del Liceo N° 13 y todo lo relativo tanto a la educación privada por sobre la pública, como la injerencia de privados en la educación desplazando a la competencia docente, y la transferencia de fondos públicos hacia privados ante un magro e insuficiente presupuesto educativo. Lo que se registró en las distintas intervenciones de los integrantes del sindicato docente y de los legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, es un importantísimo insumo en el que se evidencia la gestión del gobierno en materia educativa. La Juventud ofrece una muy pequeña selección de las intervenciones vertidas en la reunión, donde resulta alarmante que los legisladores oficialistas reconocen la política privatizadora del gobierno que integran y defienden.

Alesandra Martínez (ADES Montevideo)

Solicitamos esta reunión para corroborar cierta información respecto al funcionamiento de las ONG. Empezamos a estudiar el funcionamiento de algunas fundaciones u ONG que trabajan en liceos públicos. Las ONG no son novedosas, pero tenemos dudas, cuestionamientos respecto a cómo se organizan estas fundaciones y estamos recabando información sobre cómo se financian. Sabemos que las fundaciones tienen dos formas de financiarse: a través de donaciones de privados -muchas ingresan a través de la ley de donaciones especiales- y por aportes establecidos en leyes de rendición de cuentas o de presupuesto. Queremos conocer los mecanismos por los que se les otorgan esas exoneraciones fiscales, también si se sabe el funcionamiento y la forma de trabajar en los liceos. A grandes rasgos consideramos que este mecanismo forma parte de una privatización de la enseñanza que lleva a la generación de políticas educativas por parte de las fundaciones. Queremos que nos informen respecto a lo que establecen las leyes de exoneraciones y por qué se ha habilitado a estas fundaciones, a través de leyes de rendición de cuentas o de presupuestos, a disponer de dineros públicos gestionándolos directamente.

Emiliano Mandacen (ADES Montevideo)

Es clara la dificultad que existe respecto a cómo se trabaja a nivel educativo. Nuestro concepto es que hay elementos muy claros de un avance de la privatización de la educación uruguaya, en primer lugar, un avance del sector privado sobre el público, y ahora una injerencia en el proceso de aprendizaje y pedagógico en los centros educativos que se lleva adelante con algunas cuestiones llamativas y con el desconocimiento inclusive del Consejo de Educación Secundaria respecto a cómo funciona este mecanismo Nos parece que esta situación es sumamente irregular; nos preocupa que el principal referente de la perspectiva política de conducción pedagógica no sepa que en los centros de estudio del país están ocurriendo algunas cosas. Hay que conceptualizar, como decía la compañera Martínez, que esto está enmarcado en un proceso de privatización que caracterizamos como la filantropía del lucro, que mediante una supuesta neutralidad y benevolencia para ayudar, más allá de que los estatutos de estas fundaciones establezcan que no tienen fines de lucro, terminan lucrando con los dineros públicos. Sin duda es así, y es fácil comprobarlo. Si uno ve los números de la ONG Cimientos, el porcentaje de becas y dedicación a los estudiantes en torno a su acompañamiento es muy ínfimo respecto a lo que recibe de exoneración anual y mensualmente. Es escandaloso cuando estamos hablando de un presupuesto que tuvo serias dificultades para ampliar su espectro en algunos problemas estructurales. Analizando lo que está ocurriendo a nivel estructural, el avance de esto no se da solo en la enseñanza media; el principal patrocinador de la Facultad de Ciencias Económicas es el Banco Santander. Y lógicamente a partir de casos particulares también estamos estudiando la generalidad, como bien dijeron los compañeros. Ustedes recibieron nuestro pedido para que nos reciban como sindicato en los próximos meses. Vamos a entregar a la sociedad uruguaya una investigación de carácter muy profundo con respecto a la privatización en el Uruguay con el elemento central de que en definitiva lo que se está privatizando es la política educativa. ¿Por qué? Porque la voz de quienes pueden elaborar política en educación no es más la de los docentes. Ahora son los expertos, dígase economistas, sociólogos o quienes sean externos a los centros educativos quienes pueden elaborar la política, quedando los docentes como meros aplicadores. Esto lo vemos con la famosa expansión de la oferta educativa, un gran mercado de políticas educativas en el que se selecciona qué puede hacer, “pobrecito” y no lo que realmente cualquier niño, niña o adolescente se merecería recibir de la educación pública. Es un problema de carácter estructural que queda muy al desnudo con situaciones puntuales y gravísimas como estas. Además, Cimientos obedece a una especie de cártel de ONG que funciona en Argentina, la asociación civil América, que termina siendo como un mánager de ONG que expande sus tentáculos por diferentes lugares, con un vínculo muy directo con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la OCDE. No se quiere decir públicamente, pero la OCDE es un sistema de regulación de la inversión extranjera directa en el mundo que ranquea a los países según el grado de servilismo de la mano de obra que se construye en dichos territorios, principalmente en los países periféricos. ¡Eso es la OCDE! Y las pruebas PISA, más allá de algunos elementos que se quieran plantear de lectura cabal de la realidad con respecto a los resultados de aprendizaje, regulan ese ranking rápidamente. ¿Qué pasa con Uruguay? Más allá de las dificultades presupuestales y de la debilidad del presupuesto que tenemos, que seguimos reivindicando que tiene que crecer y que el piso mínimo es el 6% para la ANEP y Udelar, el problema central es que todo lo que se dice que no puede ir al presupuesto educativo, parte se da en exoneraciones fiscales a los privados, parte del déficit fiscal está compuesto por el aporte patronal que hacemos los públicos con respecto al del privado, y eso tampoco se dice. El debate requiere una estructuralidad, estudio y respuestas de un organismo de contralor como es el Parlamento; respuestas claras y contundentes.

Graciela Bianchi (Partido Nacional)

Uno podría encarar esto manifestando: “Sabíamos que iba a pasar”. No lo vamos a hacer porque lo que nos importa es la educación pública y que sea pública. Después, el que quiera mandar a colegios privados, que lo haga. Yo les voy a dar un dato más sobre algo que descubrí en el análisis de la rendición de cuentas. También voy a hacer una aclaración porque creo que tienen alguna confusión, y si las cosas están confusas, no las podemos resolver bien. En este momento, el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Sistema Nacional de Cuidados, está haciendo una transferencia de dinero directa. Me sorprendió muchísimo que haya una transferencia directa de cuatrocientos chicos de menos de tres años a jardines privados. De hecho, se iba a transferir vía váucher, dinero público directo a instituciones privadas. Estoy en absoluto desacuerdo con esta medida. Se me dijo que me quedara tranquila porque esto era subsidiario y provisorio, y a mí me preocupa lo que es subsidiario y provisorio en el Uruguay. No hay que confundir el perdón fiscal a las empresas que donan a las instituciones privadas, especialmente, a las universidades privadas. Inclusive, en la rendición de cuentas del año pasado esto fue severamente cuestionado (no por mí, porque eso va directo a las universidades privadas; se trata de una parte muy pequeña) y se bajó. Me preocupé por averiguar cuánto era exactamente lo que se estaba transfiriendo de parte del perdón fiscal de las empresas: US$ 1.500.000 anuales. Ustedes me dirán que eso es mucha plata. Lo es. Sin embargo, creo que hay parte de razón (es a lo máximo que llego) en que algún contribuyente haga uso del perdón fiscal (que es tan general; se puede elegir el tipo de instituciones) y opte por la educación. En realidad, yo prefiero que opte por la educación y no por otra cosa. Pero debemos tener claro que eso tiene que ver con instituciones privadas. El caso que se plantea hoy es mucho más grave. En este punto, entiendo que como docentes debemos hacer una autocrítica, ya que por algo tienen éxito centros como el Impulso o el Jubilar; se ve que ahí el Estado estuvo ausente. Los docentes no somos totalmente responsables, pero tenemos algún grado de responsabilidad, sobre todo, porque aceptamos las autoridades.

Emiliano Mandacen (ADES Montevideo)

Quisiera hacer una aclaración: al modo de ver de Fenapes, de alguna manera, el año pasado las donaciones especiales desvirtuaron el debate de la rendición de cuentas, no por su importancia y por sus características conceptuales, sino por el monto que implicaban. A veces hay términos que son muy graciosos. Cuando vino el ajuste, el recorte, se habló de consolidación fiscal. Y cuando se habla del monto extraordinario por el que se exonera a determinadas empresas, que supuestamente invierten en educación, estamos refiriendo a gastos tributarios. El Gobierno lo caracteriza como gastos tributarios. Ese es el monto que a nosotros nos preocupa. Nosotros fuimos los primeros en sacrificarnos, cuando en la rendición de cuentas pasada vino el ajuste, principalmente para la educación media, con los $ 793.000.000. A esto se lo caracterizó como consolidación fiscal, pero es un ajuste acá o en Tanganica. Y cuando se salta con el tema de las donaciones especiales, que van principalmente a las universidades privadas, más allá del monto ínfimo, lo que más me preocupa es en qué se investiga y para qué. Eso es lo que tendría que preocuparnos a todos: los ejes de investigación de esas universidades. En definitiva, lo central es el gasto tributario que representa un monto extraordinario de dinero. Si uno entra a la página de Cimientos, advertirá que debe de tener más patrocinios que cualquier cuadro de la NBA en Estados Unidos: Coca Cola, Ford, HSBC: eso es looby. Vuelvo a decir: Acá lo que está en juego estructuralmente es la privatización de la política educativa.

Enzo Malán (Salesiano de Soriano MPP-PS)

Voy a referirme a las privatizaciones. Hay gente que dice que las ideologías se terminaron, que ya no existen. La privatización está enmarcada en algo más general, en algo mundial. Esta ideología entiende que hay que achicar el Estado y que lo privado siempre es mejor que lo público. También sostiene que hay que desprestigiar al trabajador, especialmente, al sindicalizado. En resumen, si todo es privado y sin sindicato, muchísimo mejor. Esto no es de ahora; viene desde hace muchísimo tiempo. No solo se da en Uruguay; sucede en todo el mundo. Por otra parte, podría centrar en el Uruguay de la década del sesenta la privatización o extranjerización de la pedagogía. Yo estudié desde el año 1988 hasta 1991. Raramente, tuvimos acceso a autores como Agustín Ferreiro, Reina Reyes, Julio Castro, Jesualdo Sosa. No existían esos libros o habían muy pocos. Sin embargo, si uno los relee, ve que eran mejores que los que se traían de Argentina, Estados Unidos o Europa. Inclusive, son actuales, porque hablan de la dinámica de grupo o de proyectos, como en el caso de Jesualdo Sosa. Por lo tanto, la privatización y la extranjerización de la pedagogía, no son de ahora. También se ha privatizado la didáctica. ¿Qué son las evaluaciones estandarizadas nacionales? ¿Qué son las evaluaciones estandarizadas internacionales? En definitiva, se trata de adecuar lo que se va a enseñar a lo que se pide para llegar a un resultado. Esto implica entrar en un discurso económico. La economía es la que prima, y la educación se convierte en una mercancía. Hay que lograr resultados y ser eficaces: “Te doy plata, pero tenés que rendir de esta forma”. Ese es el lenguaje que ha triunfado a nivel mundial, no la educación como un derecho. En este marco, en Uruguay hay personas que creemos que hay que empezar a pensar distinto y que debemos rever las exoneraciones. Algunas exoneraciones están establecidas por ley y, otras, son constitucionales; habrá que discutirlas. Habrá que ver hacia dónde van las renuncias fiscales y todo lo que se estaba conversando. No solo nos preocupa la ONG Cimientos, quiénes son, etcétera, sino que a lo largo y ancho del país hay muchos grupos, que aquí se nombraban, diciendo que a esto hay que repicarlo en todas las capitales departamentales, que hay que llevarlo adelante. Y lo que más preocupa es lo que manifestaba el diputado García: hay mucha gente que piensa que esto es bueno. Entonces, a una sociedad que asumió el discurso de la educación como mercancía, la educación-economía o el lenguaje economicista de la educación, es difícil decirle que no es tan así. Es la propia gente (el pueblo, la sociedad) la que compra el discurso de que si no hay sindicatos, mejor, porque son los que trancan, porque esto y lo otro. Entonces, el tema que traen los invitados es muy preocupante, no solo por la ONG sobre la que se hace el planteo, sino por toda la realidad general que involucra. El diputado García hacía una comparación sobre la educación. Yo no creo que él compare su educación en épocas de dictadura con lo que la educación es hoy, pero, evidentemente, no había ningún tipo de privatizaciones.

Manuela Mutti (MPP-FA)

Increíblemente, estoy de acuerdo con gran parte de lo que dijo la diputada Graciela Bianchi en verdad no es increíble, porque muchas veces hemos estado de acuerdo. Yo soy hija de un zapatero y chacrero del interior del país; fui al liceo en el 90 e hice el IPA en el 2000 y en realidad el tema de la educación privada en mis pagos ya era muy fuerte: no asistimos a un fenómeno nuevo. Aclaro que yo también estoy en contra de que se avance en un proceso de privatización de la educación. Esos recursos aumentarían muchísimo el presupuesto educativo y no se transformarían en lucro (como sucede hoy y por eso estoy en contra) y, teniendo en cuenta los estudios que existen, no llegaríamos al 6% para la educación, sino que estaríamos superando ampliamente ese porcentaje, casi duplicándolo, eliminando este proceso de exoneraciones fiscales de impuestos a muchísimas empresas y ONG. Esos recursos bien le vendrían a la educación, no destinándolos a unos pocos seleccionados a través de instituciones privadas, para tener muy buenos ejemplos de cómo avanzar en un proceso que no solo se está dando en nuestro país, sino en otros lugares de América Latina. Ahora bien; estoy más preocupada aun por los contenidos que estoy escuchando que vuelcan estas ONG dentro de las aulas educativas públicas. Eso sí que es preocupante. No creo que todo esté perdido y que estemos en una debacle educativa; pienso que estamos en un proceso de masificación importante. En ese marco, las soluciones que se le da hoy a los problemas de contención social, al trabajar en el aula con un montón de gente que antes no estaba allí dentro, no se deben canalizar a través de las ONG, de privados. Efectivamente, se trata de un tema ideológico de hacia dónde va la educación, de cómo resolver los problemas y en ese plano coincido totalmente con la diputada Bianchi. Nosotros como integrantes del Gobierno, debemos dar un debate mucho más profundo y buscar la vuelta para optimizar los recursos y superar ese 6%, que en realidad es una propuesta de mínima. Hoy debemos apuntar a cuestiones que generen los recursos para que el Estado pueda dar respuesta a los problemas reales que tenemos en territorio.


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