Editorial: La vivienda digna un derecho constitucional

Existen muchos temas, que si se observa detenidamente, no deberían ser parte de grandes programas que definen a la izquierda al centro político o a la derecha tradicional., sin embargo a la hora de definir concretamente lo que se va a hacer siempre aparecen las diferencias políticas que son la mayoría de las veces, algo más que un matiz. Por ejemplo cuando hablamos de derechos humanos, o de la impunidad por más que se dice que no existen banderas, los intereses políticos o filosóficos siempre han estado a la orden del día, mientras los gobiernos encaran esta lucha, para que la impunidad se mantenga. En el tema de la salud, otro derecho constitucional, todavía falta mucho para que esta deje de ser tratada como un negocio rentable y resuelva los problemas sanitarios del país en toda su dimensión.

Podríamos repasar largamente, varios aspectos de las obligaciones constitucionales y como ellas aun no han sido resueltas para la vida de los ciudadanos de nuestro país. Nadie puede decir que en nuestro país no se construyen viviendas, lo que sí se puede afirmar es que son largamente insuficientes y que las viviendas para los trabajadores no han sido una prioridad para el gobierno nacional.

Se ha privilegiado la vivienda suntuaria, y para niveles de ingreso a los que los trabajadores no llegan nunca, y luego masivamente tiene dos caminos o pagar altos alquileres, o construir en lugares informales como los llamados asentamientos que han proliferado en las últimas décadas resultado de la desocupación y empobrecimiento social de los trabajadores uruguayos.

En el próximo mes es probable que el proyecto de la Unidad Popular, entre en el parlamento a pesar de las dilatorias oficiales en el tema que no han sido claro en relación al proyecto por lo menos públicamente a pesar que es altamente probable que el partido de gobierno vote negativamente el tema, pues la iniciativa de construcción de construcción de viviendas en forma constante y masiva para superar el déficit existente no se ha producido. La propuesta de ley supone una inversión del 1% del PBI anual, con tierras en desuso existentes hoy en distintas jurisdicciones del estado nacional, para ello existen tierras estatales y privadas que pueden utilizarse. Se supone que más de 12 mil puestos directos de trabajo pueden establecerse en forma directo lo que supone un fuerte empuje a la ocupación y al conjunto de la economía nacional. Aunque lo más novedoso es que la adjudicación de las viviendas supone una entrega sin endeudamiento del trabajador, ni ahorro previo. Se podrá ingresar al plan cuando el ingreso familiar esté por debajo de la canasta básica, y se podrá pagar la vivienda en un plazo de 25 años, con una cuota mensual que no supere el 10 % del ingreso familiar. En estas condiciones se asegura que la inmensa mayoría de trabajadores del país, podrán acceder sin mayores trámites a la vivienda popular. Se requiere por cierto voluntad política y social para resolver darle el apoyo a la iniciativa que hoy es un proyecto de ley y entrara en comisión parlamentaria, contando con importantes apoyos políticos parlamentarios, que nuevamente trascienden la fuerza de la Unidad Popular, que tiene un solo parlamentario. En los últimos meses varias Juntas Departamentales han hecho suyo el proyecto así como, así como importantes Intendencias, y pobladores que han ido haciendo suyo el proyecto en forma cada vez más amplia en un numero de ciudades que van adhiriendo a la idea de construir viviendas y encarar el tema con recursos del estado, y fuerzas que son del país.