Funcionarios de la UGD de Ose Maldonado: 12 años a medio camino entre la privatización y la descentr

Una delegación de Afugd, Asociación de Funcionarios de la Unidad de Gestión Desconcentrada de Ose Maldonado, integrada por su presidente y vicepresidente, un delegado y la abogada del sindicato, se presentaron esta semana ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, para buscar solución a la situación poco habitual en la que se encuentran estos trabajadores desde inicios de la era de gobiernos progresistas, tras el plebiscito del agua y la posterior reforma constitucional de 2004.

Según explicó el delegado Gerardo Delfino, “la UGD se forma en octubre del año 2005, cuando sale la empresa Uragua, que brindaba servicios de saneamiento y de abastecimiento de agua potable en el departamento de Maldonado. La UGD es una especie de parche, que intenta mantener a los empleados, que no podían pasar al ámbito público”. La abogada Gabriela Alonso ahondó que “la UGD se creó por la Ley Nº 17.902. Se recurre a la contratación de los trabajadores de acuerdo con la Ley Nº 17.556, lo cual se hace rápidamente, a fin de darles una solución”. Desde el año 2005, se cuenta con 157 empleados que en ese momento debían cubrir 55.000 conexiones, que hoy han pasado a ser 75.000. Después de Montevideo y Canelones, el de Maldonado es el sistema de red más grande en el que OSE brinda servicios. Sin embargo se sigue haciendo con el mismo personal. Desde hace 12 años trabajan en la UGD con contratos anuales a término. “Somos una especie de híbrido; no somos privados ni públicos”. Además de estos 157 contratos, a través de este mecanismo de la unidad desconcentrada a su vez “hay un montón de empresas contratadas”, apuntó Delfino. Respecto a su situación, señaló que “el hecho de trabajar por contratos anuales no nos permite tener estabilidad laboral. Puede decirse que somos más privados que públicos”, y agregó “el sistema de contratos anuales no es beneficioso, en tanto genera inseguridades y, a veces, tratos no responsables”. La abogada Alonso abundó en la situación en la que se encuentran estos trabajadores hace más de una década. “Estos trabajadores están en una situación muy especial. Para parte de la doctrina son funcionarios públicos, dado que prestan servicios al Estado, pero no están en igualdad de condiciones con ellos. No solo por la inestabilidad laboral; debido al régimen de contratos anuales no cobran lo relativo a zonas balnearias, que sí cobran los funcionarios públicos de OSE que trabajan en la UGD. Tampoco son funcionarios privados, porque no tienen derecho al salario vacacional. Están en una situación bastante complicada y de desigualdad”, sentenció. Si bien “sabemos que hay situaciones parecidas en el Mides”, la abogada de los trabajadores aseguró que “en ese caso los trabajadores llegaron a un acuerdo, cobran salario vacacional y tienen los derechos de los funcionarios públicos. Es decir, trabajan en un régimen más igualitario”. Luego de 10 años, recién a partir de éste se empezó a cumplir con lo que establece la ley de saneamiento “que considera ese trabajo como insalubre y, por lo tanto, se trabajaba seis horas, cobrando ocho. Los trabajadores tuvieron que pelear por sus derechos porque OSE no se los reconocía”. La Dra. Alonso se extendió al respecto: “Los trabajadores hacían ocho horas sin derecho a la media hora de descanso, porque la base quedaba muy lejos y comían en el camión. Además, utilizaban mal el vehículo público sin saberlo, porque paraban a comprar en una rotisería y ahora son sancionados por eso. O sea que la situación de UGD es muy peculiar, porque no está claro si se tiene que regir por el derecho laboral privado o por el público”.

Rebotando en busca de una solución

Los trabajadores han planteado para dirimir su situación, y aclarar bajo qué régimen deben regirse. Tanto en OSE como en el Ministerio de Trabajo, les explicaron que es situación “está enmarcada en la ley correspondiente” y que por tanto el parlamento a través de la Comisión de Legislación del Trabajo “es el ámbito en el que se la puede modificar”. “El Directorio de OSE y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sugirieron que lo hiciéramos, en el entendido de que para solucionar nuestra situación se debe modificar la ley”, explicó Delfino. La abogada Alonso reiteró que la situación de los trabajadores es muy compleja “porque hay funcionarios que eran públicos, que se acogieron a los beneficios, renunciaron, entraron a trabajar a Uragua y luego quedaron en UGD. Entonces, si los trabajadores de UGD pasaran a ser funcionarios públicos, ¿qué pasaría con los que no pueden volver a ser funcionarios públicos, que son la mayoría?”, se preguntó. “A mi entender, la solución es ir por la inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley N° 17.556. Incluso, hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante la cual se exhorta a la Suprema Corte de Justicia que se expida de oficio sobre la inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley N° 17.556. No obstante, la situación de los trabajadores es muy particular y no pueden acogerse a eso, porque quedarían fuera la gran mayoría de los funcionarios. Por lo tanto, necesitan buscar un respaldo antes de actuar, para saber dónde están parados, porque no pueden tomar una decisión y que la mayoría de los compañeros queden sin trabajo”.

Los trabajadores que esperen…

El presidente de la Comisión, Daniel Placeres propuso “pedir asesoramiento letrado para saber cuáles son los pasos a seguir. De lo contrario, la Comisión no puede tender ningún puente”, porque “leyendo el artículo 32 de la Ley N° 17.556 (…) Hay una resolución del organismo en el sentido de que no corresponde que los trabajadores sean funcionarios públicos, porque están acogidos a ese artículo”. “En el artículo 32 de la Ley N° 17.566 está bien claro que los contratos son a término y no pasan a la calidad de funcionarios públicos. Entonces, el organismo se basa en eso para no incorporarlos como funcionarios públicos”, agregó. La propuesta fue acompañada por su par oficialista, Luis Puig. Mientras tanto, el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, que coincidió con la propuesta, y que también reivindicó que “lo peor es la incertidumbre a la que están sometidos los trabajadores. Hay que tener claro en qué régimen están y no quedar a mitad de camino”, introdujo cómo afecta en el servicio que se brinda: “no solamente crea zozobra en los trabajadores sino que conspira contra la calidad del servicio, que es lo que debemos garantizar. Más allá de asegurar algunas garantías particulares, la idea es que el servicio se cumpla correctamente”. Amarilla introdujo un debate sobre el papel de la descentralización y la participación de autoridades locales en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. El trabajador Gerardo Delfino, tuvo que interrumpir “Se está discutiendo si UGD debe continuar o no, pero a nosotros no nos importa quién nos paga el sueldo. Nos da lo mismo si es OSE, UGD, un privado o un público. Lo que importa es que estén bien claros los términos”, reafirmando la desesperante preocupación.