El legado de Mujica: Como te digo una cosa, te digo la otra

Nadie niega la condición de traidor de Amodio Pérez, más allá de que la Suprema Corte de Justicia lo haya absuelto de las causas por “privación de libertad”. Por más que la máxima entidad judicial haya rechazado el recurso de casación presentado por la fiscalía, ratificando la inocencia de Pérez basada en la legalidad por resolución parlamentaria a las detenciones en el año 1972 previo a la dictadura, y agregando que no se pudo probar los “señalamientos” de militantes, y la prescripción y amnistía en el caso que existiesen delitos; Amodio Pérez no dejará por eso de ser responsabilizado de todas las consideraciones negativas que puedan realizarse sobre la actividad del MLN. No porque fuera legal colaborar con las detenciones de sus compañeros, alguien puede entender legítimo ese despreciable proceder. Sin embargo, líderes del partido de gobierno han señalado que un fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio podría no ser determinante para la renuncia del vicepresidente Sendic, hasta que no fuera condenado por la justicia. Desde filas del sindicalismo oficialista, se llama a defender en abstracto los intereses de los trabajadores; pero se mantiene el respaldo y la pertenencia de los propios dirigentes al partido de gobierno que utiliza el decreto de esencialidad pachequista, para violar por la vía de los hechos el derecho a huelga. La mayoría de los sectores que integran el gobierno pueden emitir comunicados y declaraciones de solidaridad con Venezuela y llamarse antiimperialistas, latinoamericanistas y cuestionar el accionar de presidentes golpistas y hambreadores y a su ex canciller Luis Almagro como secretario general de la OEA; pero que ante la traición a la revolución bolivariana que tan solidaria fue económicamente con su gobierno, no actuar en consecuencia ni con Almagro, ni con el actual canciller Nin, ni con el presidente Vázquez, ni con el Consejo de Ministros, ni con los órganos de dirección de la fuerza política como pueda ser la Mesa Política. El senador Rafael Michelini fue uno de la casi totalidad de legisladores oficialistas que impulsaron acérrimamente la eliminación del delito de funciones, desestimando determinar la condena por responsabilidad política si la actuación de algún jerarca no configura ningún otro delito. La bancada del Frente Amplio con el diputado Gerardo Núñez a la cabeza, intenta hacer creer que ante la constatación de alevosas y millonarias irregularidades a lo largo y ancho de la gestión de ASSE en todo el país, la utilidad de conformar una comisión investigadora debe ser para defender el trabajo de las autoridades, y la reforma de la salud que configuró que el Sistema Nacional Integrado (SNIS). Núñez pretende que la población considere innecesario determinar las responsabilidades y sanciones que correspondan a quienes administraron ilegalmente, contrataron de forma irregular, despilfarraron dineros del pueblo, trasladaron a privados cuantiosos recursos destinados a la salud pública, y se corrompieron en muchos casos para transferirlos a sus propias arcas personales o de familiares o correligionarios; solamente por el hecho que existan auditorías que justamente lo constatan.