Oficialismo será minoría en la comisión: Gobierno decretó esencialidad en ASSE, parlamento aprobó i

Diputados finalmente aprobaron la Comisión Investigadora de ASSE. El diputado Eduardo Rubio (UP) que presentó la denuncia y solicitó conformarla, aseguró a legisladores que defienden ciegamente la gestión de las autoridades: “Soy usuario de ASSE, no me cuenten como funciona”. Por su parte, el Ministro de Trabajo Ernesto Murro decretó la esencialidad contra los trabajadores de Salud Pública, que ocupaban distintas dependencias reclamando salario en el marco de la Rendición de Cuentas.

Tras 5 horas de discusión en Cámara de Representantes y a instancias del Diputado del Movimiento 26 de Marzo - Unidad Popular, Eduardo Rubio, el miércoles se aprobó la conformación de una comisión investigadora sobre la gestión de ASSE desde el 2008 hasta la fecha y la llamada estafa del Fonasa. En la “coordinación de los partidos” a inicios de la próxima semana seguramente cada uno proponga sus legisladores para integrar la comisión, y definirán cuándo se comenzará a trabajar y bajo qué características. La investigadora estará conformada 4 representantes del Frente Amplio, mientras que la mayoría, 5 lugares estarán en manos de la oposición que se repartirán entre los diferentes partidos que la conforman. Eduardo Rubio de la Unidad Popular será el décimo diputado que la integre, pero como “miembro denunciante”; es decir que tendrá un papel activo y protagonista en el funcionamiento, pero no tendrá derecho al voto en la comisión, por ser justamente quien realiza la solicitud. La denuncia está dividida en siete capítulos; cubre todas las áreas de ASSE y se refiere a los servicios que se brindan en todo el país. “El principal objetivo de esta comisión investigadora es proteger lo público y los recursos de la gente”, dijo el diputado de Rubio. La bancada oficialista pretendía sustituir la denominación de “estafa al Fonasa” por “presuntas irregularidades en el Fonasa”, pero esto fue rechazado por los 50 votos de la oposición, quienes respaldaron el informe en minoría que venía de la pre-investigadora que se pronunció previo a la discusión por la rendición de cuentas. “Hemos presentado esta denuncia solicitando que se investigue la gestión en ASSE, desde 2008 hasta la fecha, y la llamada estafa del Fonasa, ambos temas vinculados a la salud, partiendo de nuestra concepción de que la salud es un derecho humano esencial, no una mercancía, y de que la sociedad realiza un gran esfuerzo, a través del Estado, volcando una importante cantidad de recursos para que este derecho se concrete. Como parlamentarios, tenemos la obligación de velar por el cumplimiento del derecho a la salud y de controlar el uso de los cuantiosos recursos que la sociedad vuelca, precisamente, a todo el sistema de salud, que no son pocos. Esta denuncia puedo decirlo con tranquilidad porque no estoy hablando a título personal; esto es trabajo de equipo parte de un trabajo serio y fundamentado. Aquí no hay literatura; son setenta y cuatro páginas que plantean hechos concretos. Antes de seguir desarrollando nuestro pensamiento, quiero agradecer, en primer lugar, a los compañeros de la bancada, que dedicaron horas y horas, durante meses, para hacer este informe tal cual es: fundamentado y serio. En segundo término, quiero agradecer a los trabajadores de la salud, al personal médico y no médico, que aportaron todo su conocimiento, su experiencia, su información y, sobre todo, su compromiso con la salud del pueblo. También quiero agradecer al pueblo, a la gente común que nos arrimó información y que prestó su voluntad de pelear en defensa de la salud pública. Asimismo, quiero reconocer la actitud de todos los partidos que integran este Cuerpo, que van a apoyar unánimemente la instalación de esta comisión investigadora, lógicamente, por distintas razones, pero no creo que nadie vote una comisión investigadora porque sí, si no hay un informe que lo amerite. Las razones pueden ser distintas, pero partimos de una denuncia concreta y fundamentada. Entendemos que esta decisión de todos los partidos de respaldar la comisión investigadora es una buena señal política del Parlamento a toda la sociedad. Cuando tan mal se habla de la política, son estos pasos los que también jerarquizan la actividad política. Quiero decir que en materia de defensa de las empresas públicas, de la lucha contra las privatizaciones, no nos sentimos más que nadie, pero nadie nos puede dar clase, señor presidente. Tenemos una historia de enfrentar la política privatizadora, en los gobiernos de antes y en los gobiernos de ahora. Para poner un solo ejemplo, hace pocos días, cuando el artículo 100 de la Rendición de Cuentas consagraba la liquidación de AFE, la privatización del sistema ferroviario, acá pudo haber más de un discurso, pero hubo un solo voto en contra de la privatización: el nuestro. Por lo tanto, no es nuestro objetivo destruir la salud pública; al contrario, lo que queremos es fortalecer el sistema público ante una ofensiva privatizadora, pero después vamos a hablar de esto. ¿Cuál es nuestro objetivo con la creación de esta comisión investigadora? Corregir lo que está mal; que todo lo que se invierte en la salud, que es -mucho vamos a dar cifras-, redunde en un mejor servicio de salud para la gente, y que, ante lo que está mal, se establezcan las responsabilidades, para terminar con la impunidad y con el amiguismo. Nosotros decimos en la denuncia que cuando se sanciona la Ley Nº 18.211, que consagra la reforma de la salud y crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, se coloca a ASSE como un prestador más de salud de todo ese sistema, pero con una diferencia esencial: como prestador público de salud, ASSE no tiene entre sus objetivos el lucro, en tanto los prestadores privados tienen como objetivo principal de toda su actividad el lucro. Ahí es donde hay una contradicción insalvable. La complementación entre lo público y lo privado tiene, generalmente, la misma consecuencia: pierde el público, que no tiene afán de lucro, y gana el privado, que sí lo tiene. Los números y la historia lo están demostrando. Creemos que a partir de una concepción que define la salud como un derecho humano esencial que nunca puede ser objeto de lucro, es el Estado el responsable de garantizar el acceso a una atención digna y gratuita en salud a todos los habitantes de la República. Somos conscientes de que esa no es la realidad de hoy, puesto que el sistema vigente, que combina lo público con lo privado, consolida el criterio de la salud como mercancía. El otro día nos visitaron los trabajadores de la Federación Uruguaya de la Salud y, hablando de este tema y de esta denuncia a la que ellos aportaron información, les planteamos que este sistema consolida la privatización de la salud. Les preguntamos por qué la Federación de Salud Pública, que hasta último momento mantuvo la consigna de un sistema único y estatal de salud, había cambiado su consigna. Una trabajadora dijo que les habían dicho que el Sistema Nacional Integrado de Salud era el camino para el sistema estatal y único, público, de salud. Le dije que les mintieron, porque por ese camino nunca van a llegar a eso; todo lo contrario. Miremos las cifras. ¿Saben cuánto se invierte en el país en salud, en su conjunto? US$ 3.000.000.000; el 6% del PBI, lo que necesitamos para la educación. ASSE se lleva un poco más de US$ 1.100.000.000; es lo que votamos en la Rendición de Cuentas. Los privados se llevan US$ 2.000.000.000. ¡US$ 2.000.000.000! Y el 22% del presupuesto de ASSE se va en tercerizaciones y privatizaciones. ¡Caramba! ¿Quién está fortaleciendo lo privado contra lo público? ¿Quién está favoreciendo la privatización de la salud? Este sistema.

Tendríamos mucho gusto de establecer un debate programático e ideológico sobre este tema; estamos dispuestos a darlo en cualquier ámbito, pero somos conscientes de que hoy el sistema vigente es este. Por eso, el fin de la comisión investigadora no es plantear una discusión de fondo sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. Con gusto también la daremos, pero lo que pretendemos es que, dentro de este sistema, cuando se terceriza, cuando se privatiza, se respeten el Tocaf y las resoluciones de los organismos de contralor, y que se sea especialmente cuidadoso en evitar caer en conflictos de intereses. En la conjunción del interés público con el privado se debe ser absolutamente transparente. Yo defiendo esto, aun en un sistema que no comparto. Pero esto es lo que ha pasado, a nuestro juicio, en la gestión de ASSE. De ahí la denuncia, que se basa en información con sustento documental; acá están los documentos. Se ha dicho en la prensa y también aquí que, en realidad, lo que nosotros estamos denunciando ya está presente en las auditorías de ASSE y ya está encaminada la solución de la mayoría de las cosas. ¡Ojalá fuera así! En parte de nuestra denuncia nos basamos en las auditorías, porque es un documento incontestable. Ahí es que se están plasmando las irregularidades, las ilicitudes, la conjunción del interés público y el privado, que yo les digo perdónenme que es corrupción. ¿Cómo puedo llamarle cuando un jerarca, con responsabilidades, de una unidad ejecutora se contrata a sí mismo y cobra cualquier precio? Le pueden poner el nombre fino que quieran, pero es corrupción. Agregamos otros elementos. Es más, nos privamos de agregar denuncias que no tuvieran una documentación fehaciente, porque como además vamos a investigar la gestión de ASSE desde 2008 hasta ahora van a aparecer más cosas. ¡Cómo que no! Miremos las auditorías. Ya se dijo aquí que en la auditoría externa de setenta unidades ejecutoras, solo veintinueve presentaron información, y veintisiete tenían irregularidades. ¿Y el resto? Los que no presentaron nada, ¿será que allí no hay cosas para investigar? La lógica es que, en este caso, el 3% de las unidades ejecutoras que presentaron información no tenían irregularidades ni ilicitudes; solo el 3%. Si mantenemos esa proporción, habrá para investigar en ASSE, ¿verdad? Lo mismo sucede en la interna: de veinte, veinte, es decir, el ciento por ciento. ¿Y las cincuenta restantes? A nosotros nos parece que esta misma realidad -que se plantea, además, como el elemento de que no hay nada nuevo- nos está demostrando que tenemos que investigar. En el tema Arquitectura, la auditoría se había propuesto auditar veinte de las setenta unidades. No llegó a las veinte; auditó solo once y en todas encontró irregularidades. Entonces, ¿no les parece que cuando estamos hablando de un presupuesto de US$ 1.100.000.000 tenemos que investigar? Ojalá que la mayor parte de las cosas ya estén corregidas, pero tenemos que obligar a que se corrija lo que no lo está. Nosotros hemos dividido esta denuncia en siete capítulos. El Capítulo I abarca todo el tema de tercerizaciones. Allí están: a) Contratación de empresas de limpieza, vigilancia, mantenimiento, etcétera; b) Contratación de camas de CTI y cuidados moderados; c) Traslados; d) Contratación de estudios médicos, servicios de oxigenoterapia, contratación de profesionales y técnicos. El Capítulo II es una puesta a punto con la Rendición de Cuentas 2015 de cómo se dividen los gastos en ASSE y cuánto se va en privatizaciones. El Capítulo III trata de Arquitectura. El Capítulo IV engloba las situaciones de varias unidades ejecutoras que merecían un tratamiento especial. El Capítulo V tiene que ver con la Comisión de Apoyo. El Capítulo VI tiene relación con los aportes de los suplentes en ASSE. Tanto la situación de la Comisión de Apoyo como la de los suplentes son denuncias que nos llegan de parte de los trabajadores. El Capítulo VII trata sobre el Fonasa.

Sobre las tercerizaciones ya se ha referido el diputado preopinante leyendo parte de nuestra denuncia, pero allí surgen irregularidades e ilicitudes gruesas. Me quiero detener en esto. Por ejemplo, en el Centro Hospitalario Pereira Rossell hubo un expediente de contratación de servicio de conserjería que no pudo analizarse porque le habían arrancado hojas al expediente. Esto me parece que es gravísimo y que merece, sin duda, ser investigado, así como la falta de dictámenes de las comisiones asesoras en la adjudicación, la falta de intervención del Tribunal de Cuentas, la inexistencia de resoluciones de adjudicación y la inexistencia del depósito de garantía exigido por la ley. ¿Saben qué pasa? Que cuando no está el depósito, y esta situación se daba en el 83% de las unidades ejecutoras, y la empresa no cumple, paga ASSE, paga el Estado. ¿Por qué decimos que el proceso de contratación de camas de CTI alienta la privatización? Hay varias denuncias concretas en este ítem. ¿Cómo es que ASSE no apunta a crecer en la construcción de CTI? Cuando se construyó el CTI en Rivera, el ahorro fue sustancial. Sin embargo, miren lo que pasa en Artigas. ASSE precisaba contratar un promedio de 42 días/cama al mes. Entonces, realiza un convenio con la mutualista Gremeda, que le da un precio de $ 33.927 más IVA por día, por cama. Como dijimos, ASSE precisaba 42 días/cama por mes. Gremeda no tenía esa cantidad, por lo que le contrata 30. Y mientras le va pagando 30 días/cama, con esa plata la mutualista construye las otras camas. Cuando las construye, ASSE contrata las 42 días/cama por mes. Es decir que le pagamos la construcción al privado. ¿Esto no es privatización? En cuanto al tema traslados, acá se ha manejado una mejora en este rubro. Nosotros votamos gustosamente todas las mejoras que vinieron en la Rendición de Cuentas, como por ejemplo una dotación importante de recursos para la compra de unidades móviles. Pero esto que voy a nombrar es de ahora, de agosto de 2017, de la asamblea de Gremios Médicos de las Unidades de Emergencia Móvil y Núcleo Base de ASSE. Estamos hablando de SAME 105. Dicen los médicos y los trabajadores de SAME: “En los últimos años venimos siendo testigos” de un empeoramiento “de los servicios brindados por SAME 105, a diferentes niveles: pobre cobertura de guardias, llevando a tener en varias oportunidades menos de 4 móviles para asistir a los usuarios de ASSE en la zona metropolitana, realizar traslados de centros periféricos, interinstitucionales y área de cobertura; bases en malas condiciones; móviles en malas condiciones”. Esto fue dicho en agosto de 2017; no lo dice la Unidad Popular, sino el Núcleo de Base de los trabajadores de SAME 105 y los médicos. Claro que reconocemos las mejoras, pero esto es lo que dicen los trabajadores en materia de traslados. También en esta materia encontramos convenios y contratos que hablan claramente de la conjunción del interés público y el privado. Ya se hizo referencia al Hospital de Bella Unión y también se dijo -acá están los documentos- que en la inauguración de la empresa de los médicos que siguen ocupando cargos de altísima responsabilidad estuvieron la entonces ministra, doctora Muñiz, y la presidenta de ASSE; todos sabían de quién era la empresa. Estuvo tres años contratada, le levantaron el contrato y después siguieron trabajando por compra directa. El incremento del gasto es brutal: en el año 2012 se gastaron en Bella Unión $ 450.000 en traslados; en el año 2013 se contrata a la empresa y crece el gasto a $ 6.200.000; en el año 2014 el gasto fue de $ 13.000.000, y en el año 2015 un poco más de $ 13.000.000. Capaz que en la comisión investigadora vienen y nos dicen que pasó tal y cual cosa, y que a eso se debió el incremento del gasto. Cualquiera piensa que hay que investigar y determinar responsabilidades. Hay una clara situación de conjunción del interés público y el privado. Es verdad que lo detectó ASSE, pero ¿qué pasó después? Lo mismo ocurrió en Dolores, Soriano, con la misma empresa, que fue denunciada a la Justicia por parte de un edil de la Junta Departamental. En dos centros hospitalarios se dio la misma situación con la misma empresa. ¡Y hablamos de millones de pesos! Además, cuando se levanta el contrato se mantiene la contratación a través de compra directa. ¿Qué hacía el director regional en ese momento? ¿Qué pasaba con las autoridades de ASSE? Los traslados es un tema que debemos investigar, para mejorarlo, ¡claro que sí!, y para terminar con la impunidad, porque es plata que se paga de más. Hablando de los traslados y de las carencias del SAME 105, los trabajadores del Hospital Pasteur me decían que un traslado del Hospital Español al Hospital Pasteur cuesta $ 40.000. ¡Un traslado! ¿Cuántos traslados se harán por mes? ¿Esto no merece algún control? ¿No merece una investigación? ¿Está todo bien? ¿Denunciar esto es ir contra lo público? No; denunciar esto es salvar lo público, porque ahí se va la plata de los trabajadores. Con respecto a la contratación de estudios médicos profesionales y técnicos, por ejemplo, queremos referirnos al convenio de complementariedad en Cerro Largo con Camcel. ASSE contrata ciento ochenta tomografías de regiones al mes durante el primer año. Esto es muchísima plata: $ 5.000 cada una. No soy especialista en temas de salud, pero si además se necesita anestesia, van $ 5.000 más, y si se trata de otro tipo de tomografía se van $ 12.000 más. Entonces, si hay que hacer tantas tomografías, ¿no convendrá tener un tomógrafo en el Hospital de Cerro Largo? ¿Quién gana con esto? Ciento ochenta tomografías por mes a $ 5.000 como base ¡Luego sumen lo otro! ¡Y ASSE dice que conviene hacer este convenio porque, si hubiera que trasladar al paciente a Montevideo, la tomografía saldría más cara! ¡Claro, si le suman el traslado! Ese es otro problema con el que nos encontramos, es decir, ASSE no tiene un precio para contratar. Es el mayor comprador de servicios de salud de todo el país. Una cama de CTI en Artigas le cuesta $ 33.000 más IVA; en Cerro Largo, $ 28.000 más IVA; en San José, $ 18.000 más IVA. ¿Quién fija el precio? ¡El privado! Lo mismo ocurre con los traslados. Hoy escuché que hay que pelear para cambiar. Bueno, si de este trabajo y de esta investigación surgen iniciativas, sería algo espectacular. Tendríamos muchos más ejemplos para dar, pero queremos resumir para respetar el tiempo. En los cuadros que presentamos en el Capítulo II, claramente se muestra cómo se gasta el dinero de ASSE, cuánto se va en privatizaciones y en cuánto se ha incrementado el costo de los traslados, por ejemplo, de 2009 a 2015, cuando además se nos dice que ha mejorado el servicio de traslados que tiene ASSE. La División Arquitectura de ASSE no tiene un valor del costo del metro cuadrado de construcción y acepta el que le dan. Después tenemos la situación de las comisiones de obras, la falta de controles y el pago por adelanto de obra sin ningún control. Hay un hecho inédito, insólito. En el Hospital Pasteur se pidió precios para arreglar una cúpula, recibieron el presupuesto, se pagó la obra, pero esta no se hizo. ¡Se pagó la obra! También se ha hecho referencia a la situación de las colonias psiquiátricas, que es un tema complejo. En la sesión del día de ayer se analizó el proyecto de ley de salud mental, que no creemos que avance demasiado en la mejora de estas situaciones. Allí nos encontramos con faltas de control en el manejo del dinero de los pacientes, en los gastos de cantina; en las colonias en que hay ferias internas los pacientes concurren solos, pero no se controla si compran lo que no pueden ni si se les entrega lo que compran. ¡Hay una realidad muy grave! Cuando se hizo la auditoría faltaba declarar por la situación los ahorros que tenían los pacientes antes de su fallecimiento. ¿Qué pasó con todo esto? La auditoría lo detectó. ¿Qué pasó con todo esto? También queremos referirnos a la situación de algunas unidades ejecutoras. Aquí se ha planteado cuánto ha mejorado la salud, y nosotros decimos que hubo cosas que mejoraron. A mí no me van a contar cómo se atiende en ASSE porque soy usuario de este servicio; lo era hace tiempo y lo sigo siendo. Conozco el esfuerzo y las condiciones en la que trabajan los trabajadores y los médicos; hago cola en el hospital que me toca. ¿Saben cuántas veces no están los medicamentos que se necesitan? ¡No me lo van a contar! ¡No me tienen que pasar un volante con propaganda! Sé lo que está bien, lo que se ha mejorado y lo que no está bien. Hablamos de fortalecer la salud pública. La diferencia salarial de los trabajadores y médicos de la salud pública con respecto a la salud privada es una forma de desmantelar lo público. ¿Por qué la salud privada puede pagar los sueldos que paga? ¡Por toda la plata que le pasamos! ¡Claro que le pueden pagar mejor a los cirujanos y anestesistas si la plata la pone la sociedad! ¡Esto sí que es un mecanismo muy concreto de privatización! El centro de salud del Cerro no tiene guardia pediátrica los días sábados y domingos, y los días miércoles, jueves y viernes queda sin guardia pediátrica entre la hora 20 y las 8 de la mañana. Estamos hablando del Cerro, que es la cuna del Uruguay, porque es donde más niños nacen en este país. El 47% de los niños que nacen en el Cerro están por debajo de la línea de pobreza y el 40% de ese porcentaje se encuentran en una situación de grado 1 respecto a los requerimientos de atención. Allí faltan 96 horas semanales de guardias pediátricas y en Piedras Blancas, si no recuerdo mal, faltan 54 horas semanales. El tiempo de espera para especialidades pediátricas en la zona periférica es de tres meses, y el tiempo de espera en el Cerro para el control médico pediátrico es, por lo menos, de dos meses. El centro de atención del Cerro está precioso, espectacular, y lo reconocemos, pero tenemos estas carencias. Los médicos del Cerro me decían: “¿Sabe qué? Estamos acá por convicción y por vocación. Si cruzamos enfrente, ganamos el doble, y no tendríamos los problemas que tenemos acá”. Por suerte hay médicos, enfermeros y trabajadores que dejan el alma en la lucha por la salud pública. En cuanto a la situación en el hospital de Las Piedras, debo decir que allí no hay CTI. Un edil del Frente Amplio, en el período pasado, denunció que la morgue de ese hospital -nos acercó esta denuncia- se encuentra en el subsuelo, frente a la cocina, debajo de la sala de maternidad, y que la ventilación comunica todo el edificio. En la denuncia se dice que en la heladera de la morgue hay dos lugares -esto no tiene mucho que ver con salud pública- y que una familia debió llevarse un cadáver a su casa durante dos o tres días esperando que hubiera un lugar. En cuanto a la situación del hospital de Canelones, quiero decir que el otro día estuve visitándolo; me invitó la asociación de usuarios. Estuve con la directora, quien me mostró el CTI. Se desmanteló antes de inaugurarse; no había personal. Es realmente poco creíble. Me voy a referir a la situación del Hospital de Ojos. La directora del Hospital de Ojos estuvo supervisando la operación de los médicos cubanos, a quienes no les revalidaron el título. ¡Así están los oftalmólogos uruguayos, firmando y cobrando por acto médico! Ella aparece firmando cuando el reloj la ubica fuera del hospital. Una resolución de ASSE dice que, fuera del horario de trabajo, la directora puede ejercer su profesión. Yo me pregunto cuál es el horario de trabajo de un director de hospital. ¿Cuándo se deja de ser director del hospital, estando en el hospital? Nunca lo había escuchado. A las trabajadoras que denunciaron el hecho, las sumariaron, y la directora sigue siendo la directora. Termino con la denuncia del Fonasa, la llamada “estafa del Fonasa”. Lo que planteamos no es la novela policial que tuvimos en la televisión. Acá hubo estafa del Fonasa porque salieron datos del BPS que habilitaron a las mafias a ir a buscar a las personas que podían cambiar de prestador de salud o ingresar al prestador de salud. Queremos investigar por qué se dio esa situación, señor presidente. Estamos convencidos de que todas estas denuncias y el avance de la investigación van a ayudar a salvar la atención pública en salud y a terminar con el amiguismo, las ilegalidades y los hechos de corrupción donde los haya.