Ley de Salud Mental pasa al Senado: Unidad Popular votó en contra con respaldo de organizaciones soc

El diputado por la Unidad Popular, Carlos Pérez (suplente de Eduardo Rubio e integrante del equipo de bancada), realizó una contundente exposición que fue aplaudida y aclamada por militantes de organizaciones sociales que se encontraban en las barras. Pérez fundamentó su rechazo a este proyecto de ley, de cuya elaboración denunció que el gobierno realizó un “simulacro de participación”.

En la jornada del martes, la cámara de diputados aprobó con votos de todos los partidos excepto la Unidad Popular, el proyecto de Normas sobre Salud Mental “por el que se aprueba el proyecto de ley que establece un marco regulatorio garantista de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas vulnerables a causa de su salud mental”, que ahora pasa al Senado para su sanción. El diputado del 26 de Marzo Carlos Pérez, proveniente de San Carlos, amplificó la voz de los militantes quienes ovacionaron su intervención desde las barras, cuando confrontó el argumento del resto de los legisladores de que esta ley tiene una visión enfocada en los derechos humanos: “Se habla de los derechos humanos y de no discriminar ni estigmatizar. Según lo que establece el ar­tículo 11, a uno le tienen que poner un cartelito ‑es un estigma‑ que diga “trastornado mental” para poder acceder a los beneficios que brinda esta iniciativa. O sea, uno tiene que estar diagnosticado como trastornado mental. Después, se señala que se promoverá el trabajo y las cooperativas de trabajo. Uno se imagina a una cooperativa de trastornados mentales vendiendo sus servicios en el mercado. ¡Es difícil que se mantenga esta terminología y se hable en serio de no discriminar ni estigmatizar!” Ofrecemos la intervención completa del diputado Carlos Pérez, respecto a este tan importante proyecto, muy necesario, pero tan equivocado en su contenido.

Carlos Pérez Señor presidente: también tenemos que comenzar reconociendo que este proyecto implica un avance, por supuesto, partiendo de una normativa vigente francamente indefendible. Sin embargo, aun así, decidimos no acompañar este proyecto con nuestro voto. El primer elemento que nos lleva a esa decisión es que en el largo proceso de elaboración de esta iniciativa ‑se habló de ello‑ se convocó a más de cincuenta organizaciones, pero en forma consultiva; es algo a lo que nos ha acostumbrado el Gobierno, a que todo sea consultivo. Hoy pregunté a dos militantes de las organizaciones cómo definían ese proceso de participación, y me hablaron de “simulacro de participación”. Les pregunté si yo exageraría si lo dijera en la Cámara, y me dijeron que no, insistiendo en que fue un simulacro de participación. Nosotros no queremos avalar con nuestro voto este tipo de procesos, por el que se tiene a más de cincuenta organizaciones durante uno o dos años participando de forma consultiva y, luego, las objeciones más esenciales que hacen las organizaciones sociales a este proyecto ‑que es el del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud Pública‑ no se toman en cuenta. El segundo elemento ‑para nosotros, tal vez, el más importante‑ no es el proyecto en sí, sino su relación con el Sistema Nacional Integrado de Salud. A nuestro entender, el Sistema Nacional Integrado de Salud asegura la privatización y la mercantilización, aun en un marco de avance. O sea, se va a avanzar, pero para que el que pueda pagar el tratamiento, tenga una mejor atención a su salud mental. Digo esto porque la relación de este proyecto con el Sistema Nacional Integrado de Salud y la ausencia de la asignación de recursos públicos, harán que las instituciones que puedan desarrollar infraestructura ‑en esto del abandono del sistema asilar‑ sean las que brinden mejor asistencia a la salud mental. Seguramente, será el sistema mutual, el sistema privado, el que tenga más condiciones de invertir en la nueva infraestructura que se necesita. Por lo tanto, este es el nudo gordiano del proyecto de ley. Voy a leer el numeral 13 del informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que utiliza un lenguaje muy diplomático. Dice así: “Resulta necesario advertir también que para ello se requiere de la previsión presupuestal y de un esfuerzo sostenido en el tiempo para no reproducir en nuevos espacios asistenciales la segregación, el estigma, la vida tutelada y otras formas de confinamiento, propias del modelo manicomial”. Es decir que se necesita de la previsión presupuestal para que después no se avance en el ámbito privado y, como acá ya se dijo, no se repitan manicomios en chiquitito, que no van a tener contralor. El tercer elemento que voy a señalar también fue manifestado en este ámbito. Aprovecho para decir que compartimos las críticas que se hicieron acá, pero a nosotros nos llevan a votar en contra de esta iniciativa. Como decía, el otro elemento que quiero mencionar es el órgano de revisión. En este punto también voy a leer el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos. El numeral 29 señala: “En lo que refiere a las garantías legales para proteger los derechos humanos de las personas afectadas por discapacidades psicosociales, los estándares internacionales en la materia exigen la creación de órganos de revisión de carácter independiente e imparcial”. Más adelante, el inciso b del numeral 33 determina: “El Órgano de Revisión debe ser autónomo, no sometido a jerarquía, por lo que no puede recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad, y estar facultado para dictar sus normas de funcionamiento interno”. El inciso c señala: “A efectos de asegurar esa independencia dicho Órgano debe actuar fuera de la órbita de la autoridad de aplicación y/o del Poder Ejecutivo”. Como en esto tienen participación el Poder Ejecutivo y, también, el Poder Judicial, y sin perjuicio del proyecto de ley que aquí se mencionó, vamos a presentar un sustitutivo al ar­tículo 39. Si bien voy a hacer llegar mi propuesta a la Mesa, la leeré ahora para no seguir participando luego en el debate. Dice así: “Créase la Comisión Parlamentaria de Contralor a la Atención en Salud Mental. Se establecerá la función de un Comisionado que presidirá en su función el contralor del cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente, y de los convenios internacionales ratificados por la República referidos a la situación de las personas que reciben tratamiento en salud mental. Especialmente de aquellos que en virtud de proceso judicial u hospitalización involuntaria se encuentren privados de su libertad ambulatoria temporal. La Comisión contará con la figura del presente Comisionado quien la presidirá y convocará a un equipo interdisciplinario especializado en salud mental y en derechos humanos. Así como presidirá la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental que tendrá carácter honoraria. El Comisionado Parlamentario no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad. Será designado por la Asamblea General de Representantes siendo su mandato de una duración de 3 (tres) años, pudiéndose renovar por una vez consecutiva”. Voy a agregar un argumento más al análisis. En el numeral 38 del informe que he mencionado, se cita al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es muy duro con el Estado uruguayo. El documento hace referencia a garantizar “[…] recursos humanos y económicos para fortalecer las funciones del mecanismo de prevención y protección contra la tortura”. Así se expide ese organismo con relación a la situación de las personas con discapacidad ‑incluidos niños y adolescentes‑ que están en hogares y son cuidados por el Estado. Concretamente, habla de tortura. Otro elemento ‑ya se ha mencionado aquí y a él hace referencia la Institución Nacional de Derechos Humanos‑ es que el proyecto se centra en la patología mental, en la enfermedad, no en la salud. Como también se ha dicho, en esta iniciativa figura treinta y cuatro veces la expresión “trastorno mental”. En la medida en que se centra en la patología, omite centrarse en la prevención y en las causas sociales. En consecuencia, deja afuera de los equipos interdisciplinarios a otros profesionales, como los del ámbito del deporte, de la cultura, del trabajo social, etcétera. Voy a poner un ejemplo sobre cómo uno cree que la población ve esta situación, y espero que no se tome jocosamente. Se habla de los derechos humanos y de no discriminar ni estigmatizar. Según lo que establece el ar­tículo 11 ‑hoy nos lo señalaban algunos militantes‑, a uno le tienen que poner un cartelito ‑es un estigma‑ que diga “trastornado mental” para poder acceder a los beneficios que brinda esta iniciativa. O sea, uno tiene que estar diagnosticado como trastornado mental. Después, se señala que se promoverá el trabajo y las cooperativas de trabajo. Uno se imagina a una cooperativa de trastornados mentales vendiendo sus servicios en el mercado. ¡Es difícil que se mantenga esta terminología y se hable en serio de no discriminar ni estigmatizar! (Aplausos en la barra.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (José Carlos Mahía).- La Mesa agradece a la barra no hacer manifestaciones. Puede continuar el señor diputado.

Carlos Pérez: Señor presidente: también vamos a hacer llegar a la mesa un sustitutivo al ar­tículo 2º. Nuestra propuesta dice así: “A los efectos de la presente ley, se entiende a la salud mental como un proceso dinámico, determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, siendo una parte fundamental de la salud integral. Su preservación y mejoramiento abarca acciones de promoción, prevención, tratamiento adecuado a la persona, así como atención al medio familiar e inserción social, garantizando desde las políticas estatales el pleno goce de derechos hacia una vida digna”. Es decir que proponemos eliminar lo que define el trastorno mental. También hay que tener en cuenta que una consecuencia de centrar esta iniciativa en la enfermedad es lo que se ha dado en llamar la psiquiatrización de la salud mental. Precisamente, se trata de la negación de las profundas causas sociales y de los padecimientos o sufrimientos mentales graves, terminología que utiliza el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros no nos oponemos a que el psiquiatra sea el que oriente a los equipos multidisciplinarios, pero creemos que el tratamiento debe estar a cargo de un equipo. Por lo tanto, vamos a proponer al Cuerpo algunos cambios mínimos en los ar­tículos 27, 31 y 33. El literal A) del ar­tículo 27 establece: “Evaluación, diagnóstico y motivos que la justifican, con la firma de un profesional médico”. Nosotros proponemos agregar: “y de un profesional del equipo multidisciplinario, preferentemente psicólogo o trabajador social”. De esta manera, se requerirá, por lo menos, la firma de otro profesional del equipo multidisciplinario. Lo mismo decimos con respecto al ar­tículo 31. En el literal B) del ar­tículo 31 se establece “[…] firmado por dos profesionales médicos […]”. Proponemos que el texto sea: “[…] firmado por un médico y un profesional del equipo multidisciplinario, preferentemente psicólogo o trabajador social […]”. En el mismo sentido, en el primer párrafo del ar­tículo 33, proponemos sustituir “[…] cuando cuente con informe médico […]” por “[…] cuando cuente con informe del equipo interdisciplinario, con la firma de un médico y de otro profesional de dicho equipo interdisciplinario […]”. No redactamos nuevamente estos ar­tículos porque se trata de modificaciones mínimas. Vamos a proponer un aditivo al ar­tículo 19, que refiere al abordaje, y que haremos llegar a la Mesa. Dice lo siguiente: “La atención en salud mental deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, en todos los niveles de atención integrados por profesionales, técnicos y todos aquellos trabajadores de la salud con competencia en la materia. Se garantizará una cobertura nacional en todos sus niveles de atención, inclusive con políticas públicas de descentralización para atender a aquellas comunidades y poblaciones que requieren de abordaje particularizado. Los equipos básicos del primer nivel de atención constituirán el primer contacto y serán referente permanente del proceso asistencial. Estos equipos serán de carácter interdisciplinarios en salud mental, estarán integrados considerando distintas áreas de conocimiento, fortaleciendo así una mayor capacidad de atención convocando en los mismos a los titulados en: Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Educación Social y Educación Especializada, así como Deportes, Cultura y Arte; se atenderán con particular énfasis aquellas experiencias en formación para el trabajo y la inclusión en comunidad”. Lo que pretendemos al presentar este ar­tículo es incluir en este proyecto una dimensión nacional, pensando en ciudades como Castillos o Young, donde la tasa de suicidio de adolescentes y jóvenes es de las más altas del país y de Latinoamérica. Recordemos que, lamentablemente, en la Ley de Presupuesto del año 2015 se suprimió la unidad ejecutora Centro Auxiliar del hospital de Castillos, quitando recursos a dicho centro. Por eso es necesario incluir esta dimensión nacional e incorporar equipos multidisciplinarios, teniendo en cuenta las particularidades de estas localidades. También vamos a proponer un sustitutivo al ar­tículo 37, al que daré lectura. Dice lo siguiente: “Se impulsará una política de desinstitucionalización de las personas que permanecen en establecimientos asilares y monovalentes tanto públicos como privados, mediante un cierre progresivo de las actuales estructuras. Los nuevos dispositivos serán organizados en diferentes niveles de atención y abordaje bajo la órbita estatal, pudiéndose contar en la comunidad con recursos de intercambio que favorezcan la progresiva inserción social de los sujetos que son atendidos en salud mental. Considerando sus características individuales, sus ámbitos de socialización, fortalezas familiares, grados de dependencia y ciclos de vida, se crearán Centros Comunitarios Inclusivos de Salud Pública con objetivos de atención en salud integral y de inclusión socioeducativa con todos los recursos necesarios y en todo el territorio nacional. Sus funciones serán de articulación interprofesional, interinstitucional, implementando las más amplias acciones en red dentro del territorio de anclaje y en la comunidad. Sus estrategias abarcarán el tratamiento en formato diurno incluyendo los fines de semana, así como centros de referencia y funcionamiento durante las 24 horas del día con diferentes niveles de residencia y permanencia adecuada a las necesidades de la persona que recibe la atención y sus familiares”. No vamos a votar el ar­tículo 34. Solicitamos su desglose. Este ar­tículo refiere al ar­tículo 121 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Entendemos que deberíamos aprovechar esta oportunidad para modificarlo nuevamente a fin de adecuarlo a este proyecto de ley. El literal A) del ar­tículo 121 del mencionado Código establece: “Niño o adolescente con patología psiquiátrica”. Entendemos que habría que modificar esta redacción. El ar­tículo 121 también refiere a la prescripción médica. Creemos que debería referir a la prescripción de un equipo interdisciplinario. Más adelante establece: “Cuando el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay constate […]”. Esto es, no refiere a quién debe constatar. Creemos que también en este caso debe ser un equipo multidisciplinario el que lo constate. Por otra parte, el ar­tículo 5º nos deja muchas dudas, dado que incluye las adicciones como cuestión de salud mental, sobre todo las de consumo problemático. Si un joven que nunca tomó ni tiene relación con ninguna sustancia psicoactiva, un día, en una fiesta, toma por primera vez, toma de más, sale y tiene un accidente, ese también es considerado un consumo problemático. El ar­tículo 5º establece genéricamente que el consumo problemático será abordado en el marco de las políticas de salud mental. Entonces, capaz que también le ponen el rótulo de trastornado mental. De manera que el ar­tículo 5º nos parece muy genérico y, por lo tanto, nos genera dudas. Creemos que debería ser un poco más concreto. Para terminar, queremos señalar que, si bien reconocemos avances, al no haber una participación efectiva, sino decorativa, de las organizaciones sociales, al no asignar recursos para una política pública estatal, al aplicarse en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, que asegura su mercantilización, al mantener una visión central en el trastorno mental y en la psiquiatrización y al no contener el órgano de revisión y contralor no sujeto a jerarquía, autónomo e independiente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto en general con nuestro voto. Gracias.

(Manifestaciones de la barra.- Campana de orden)