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Entre pescadores y la población: Empresarios cobran 900% precio del pescado; Dinara no cumple la ley

  • Foto del escritor: La Juventud Diario
    La Juventud Diario
  • 25 jul 2017
  • 3 Min. de lectura

Intermediarios especuladores que se enriquecen alevosamente y el gobierno omiso ante las disposiciones constitucionales, hacen prohibitivo el consumo de pescado para la población. Una imagen y la voz de los trabajadores, valen más que mil palabreríos de autoridades de gobierno, dirigentes del PitCnt y empresarios juntos.

Pescadores - población. Mientras los intermediarios especuladores les pagan $1.400 por la caja de 24kg de brótola a los pescadores artesanales, la población puede comprar el kilogramo de bifes de brótola a $500.

Pescadores – empresarios - población. Entre el pescador -trabajador que produce el artículo-, y el comprador -trabajador que adquiere el producto-, la intermediación y comercialización se embolsan más del 750% de su valor. La población paga fortunas, los pescadores cobran miserias y los empresarios se enriquecen.

Pescadores - empresarios, gobierno - población. La Ley 19.175 Recursos Hidrobiológicos (ley de pesca), “declara de interés general su conservación, investigación y desarrollo sostenible”. Sin embargo intendentes, alcaldes, ministros, jerarcas de prefectura, y directores nacionales de medio ambiente y recursos acuáticos, por ejemplo entregan por unos cuantos vintenes y a secretos y escondidas de la población, la explotación de los recursos pesqueros al arrase total y devastación a manos de los pesqueros chinos; contrario justamente a estos preceptos de conservación investigación y desarrollo sostenible. Pero respecto a este tema en específico, la ley de pesca en su Artículo 1º (interés general y soberanía alimentaria), “declara de interés general la conservación, la investigación, el desarrollo sostenible, y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y los ecosistemas que los contienen. Se reconoce que la pesca y la acuicultura son actividades que fortalecen la soberanía territorial y alimentaria de la nación. A tales efectos, el Estado implementará las acciones necesarias para asegurar el suministro de productos pesqueros a la población en cantidad, calidad, oportunidad y precio”. Las autoridades de Dinara están completamente omisas en el cumplimiento de esta premisa de la ley; alcanza con volver a repasar los números: al pescador le pagan $58 el kilogramo de brótola, que a la población es vendido en lomos a $500.

Pescadores - empresarios, gobierno, PitCnt - población.

Si observamos aun mejor la imagen, no solo el llamativo precio del pescado sino quién lo comercializa, vemos que en este caso quien vende la brótola es Tienda Inglesa. Los trabajadores de esta empresa son acorralados por sus dirigentes sindicales, los dirigentes de Fuecys e incluso por los máximos dirigentes del PitCnt, presionados a aceptar una rebaja salarial y festejar que al menos mantienen la fuente de trabajo. La dirigencia sindical oficialista, resigna beneficios y salario de los trabajadores, en pos de velar por los balances de Tienda Inglesa, quien alega estar en números rojos desde hace 5 años. Tienda Inglesa, quien como muestra la foto que usamos de referencia, vende el pescado 9 veces más caro de lo que recibe el pescador.

Empresarios, gobierno, PitCnt de un lado; Pescadores, trabajadores, población del otro.

Aquí vemos claramente quién está en una vereda, y quién se posiciona en frente. Los empresarios atropellan a los trabajadores; el gobierno por omisión constitucional favorece a especuladores abusadores desamparando a pescadores y población consumidora; y el PitCnt legitimando y encubriendo el proceder de las autoridades, y velando por las arcas del grupo económico extranjero, resignando las más elementales premisas de defensa de los intereses de los trabajadores. Igual que para un trabajador defender el salario no es pecado; constitucionalmente tampoco debería serlo que cualquier trabajador pueda acceder al pescado para su alimentación a precio digno, así como digno debería ser lo que obtiene el pescador por su actividad. Hay quienes ya están organizados para impedirlo (gobierno, PitCnt, empresarios), y quienes deben organizarse aun más y seguir luchando por defender sus intereses.


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