Editorial: ¿Quién quiere la salud privatizada?

En los últimos años hemos escuchado un amplio espectro de argumentos, sobre los temas sanitarios, encarados en los últimos tiempos por los gobiernos nacionales del Frente Amplio y más concretamente en el llamado sistema integrado de salud, que no ha sido otra cosa que una coordinación de recursos de grandes empresas que se han beneficiado largamente ahora, con los recursos que también le proporciona el estado, a través de los últimos gobiernos nacionales. En estos días que la Unidad Popular, a través del diputado Eduardo Rubio, ha presentado las denuncias a los efectos que se investigue la situación de ASSE, las actitudes han sido diversas en la política dominante, sobretodo porque ello está evidenciando que no todo está también sino que esta ha sido una política que se ha asentado en grandes irregularidades, que no han sido explicadas por ninguna autoridad nacional. Lo que si hemos escuchado durante estos días son pretextos, o balbuceos que se expresan por ahora en intentos de justificaciones, pero que lejos han ido al fondo del asunto. Nosotros estamos convencidos que el derecho a la salud debe ser garantizado en toda su extensión y durante la gestación y la vida de las personas en todas sus etapas. Ello por más que pueda estar formulado en la realidad no existe. Pues el único que puede garantizar esto es el estado, ya que cuando está el beneficio económico individual de los propietarios de la salud, ello, no ha sido posible hasta hoy, Es más se presenta la situación contradictoria, que en la medida que avanzan los procedimientos técnicos y el conocimiento científico de los profesionales y trabajadores de la salud, esta brecha se torna más distante en muchos aspectos. Lo más significativo es que quienes han sido responsables de este proceso a medias tintas que ha producido una más que significativa ineficiencia e irresponsable utilización del presupuesto público, cerrando hospitales, y privatizando funciones y costosos servicios, como es el de cuidados intensivos por solo tomar un ejemplo, afirman que este proceso de tener una iniciativa de investigación, puede traer privatizaciones. Francamente un afirmación irresponsable, carente de fundamentos y que oculta la verdad, sobre lo que ha sucedido por ejemplo con las enormes campañas desatadas por privados, verdadera organizaciones delictivas, descubiertas hace unos meses en el país que involucran en el BPS, y la utilización de estos datos para maniobras delictivas. Es evidente que en el tema toda la política de privatizaciones está en juego, en donde la salud pública ha sido el soporte de empresas privadas habilitando importantes recursos financieros, a todo nivel. No hay más que observar lo que sucede con las camas de CTI, y su contratación por parte de ASSE a privados, a precios desorbitantes. Otro tanto han sido los traslados de pacientes, donde se recurre a privados a precios desorbitantes en todo el país. Es obvio que la culpa no es del “gran bonete”, ni del diputado Rubio que denuncia el hecho. Si algo hay que debe funcionar en primer lugar debería ser la “transparencia” cosa que hoy no sucede, y lo que si funciona son grandes negocios privados, mientras lo que queda para atrás es la finalidad del interés público y de toda la población, no sólo de algunos.