Judiciales en conflicto hace 6 años al Gobierno: “¡Nos colmaron la paciencia!”

Comenzó la feria judicial, y si bien ello no implica el cese de actividades del Poder Judicial (PJ), muchos funcionarios gozan de su licencia y merma notoriamente la exposición pública de sus actividades. De todos modos, los funcionarios judiciales tuvieron la semana pasada una intensificación de las medidas, en el marco de un conflicto que mantiene con el Poder Ejecutivo (PE), donde cuentan con una sentencia judicial firme, y el gobierno de forma despótica se niega a cumplir sus obligaciones con los trabajadores. La Juventud entrevistó a Eduardo Silveyra, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (Afju). El Gobierno honra la deuda externa pero no paga deuda que mantiene con judiciales.

Nos colmaron la paciencia

Ha habido pocos avances ante la eventualidad de lograr una solución a nuestro conflicto. Se han agudizado las medidas de lucha: hemos pasado de algunas medidas del tenor como la no participación en los cursos de capacitación para el nuevo CGP (Código General del Proceso –penal-), o no tramitar juicios de carácter económico donde el Estado es actor; pasamos a participar después en el Consejo de Ministros, entregamos una nota al Prosecretario de Presidencia planteando la situación de los judiciales; después se hizo una actividad en Plaza Independencia, una movida donde los trabajadores denunciamos la situación que tenemos; para pasar finalmente a las ocupaciones, donde se ocupó la sede de Juan Carlos Gómez y al día siguiente la de Tribunales, frente a la Corte; y terminamos la semana con un paro de 48 horas, para dejar claro y que quede testimonio que los judiciales estamos llegando a una etapa en la que se colmó la paciencia de la gente. Hace 6 años que estamos en este juicio, y en estas medidas que tomamos constatamos que hubo un alto acatamiento. El hecho que los magistrados hayan tenido que organizarse para resolver ellos algunos temas de urgencia que tenían planteado, evidencia el acatamiento de nuestras medidas por la ausencia de funcionarios.

Hasta ahora no aparece una solución que contemple lo que los trabajadores entendemos que es justo; lo único que hubo fue la propuesta que en su momento presentó el Ministerio de Trabajo que fue declarada totalmente insuficiente y rechazamos los trabajadores judiciales tras una asamblea, e hicimos una contrapropuesta que el Poder Ejecutivo consideró que no era viable.

El gobierno insiste con la misma fórmula, la que no solo nosotros rechazamos sino que contamos con una sentencia firme, y la sentencia ya es inapelable.

Rendición de Cuentas

En el Inciso 16 de la Rendición de Cuentas que es Poder Judicial, no hay un solo artículo, está el enunciado del inciso 16 pero está vacío. Esto no es nuevo, es una característica de estos últimos tiempos del Poder Ejecutivo para con el Poder Judicial; no se prevé montos ni para funcionamiento. Ya no hablamos solo de la cuestión salarial, que venimos postergados hace un montón de años; no se prevé ningún rubro, y ni siquiera ningún artículo que no tenga costo, nada.

Por otro lado, sí hay un probable monto de un dinero para hacer frente a los que llegaron con otras agremiaciones de magistrados, defensores, fiscales; pero seguimos quedando postergados los auxiliares, los administrativos y los actuarios. Es paradójico que arreglaron con quienes no tienen sentencia, con los que ganan más y son menos; y dejaron por el camino los que ganan menos y son más, y que sí tienen sentencia.

Y después introduce en el artículo 15 de la Rendición de Cuentas, una radiografía de lo que el PE cree que tiene que hacer, atribuyéndose potestades que no le corresponden y otra nueva inconstitucionalidad fragrante. Esto es una situación muy compleja que debería denunciarse por el conjunto de la sociedad, porque esto no está pensado solo para los judiciales sino que se involucra a la ciudadanía en general, a cualquier persona que le gane un juicio al Estado.

El Estado se atribuye la eventualidad de si puedo hacer frente a esto, si no tengo otras obligaciones. Ni siquiera tiene que fundamentar, solo le basta decir “ante la situación que tengo, no voy a pagar esto”, y configura un atropello hacia el PJ, porque las sentencias deben cumplirse, nos guste o no.

Todos dan la espalda a los judiciales

Está clarísimo que el PJ no es una prioridad, pero ni siquiera un elemento a considerar por el PE. El PJ sigue arrodillado ante un absoluto desprecio a su función; en el Uruguay tenemos un Poder Judicial casi mendigo. Los funcionarios judiciales somos seguramente entre los funcionarios públicos un vagón de cola en cuanto a lo salarial. Nosotros hemos sido rehenes de esta situación, porque después de la porcentualidad, el enganche y la sentencia, jamás se consideró una mejora salarial para los trabajadores. Se amparan en que algún día se va a cobrar la sentencia, eso es lo que dicen los legisladores fundamentalmente del oficialismo; pero hace años que venimos golpeando puertas para encontrar el camino, pero nos dicen que no, que no es el momento, que la sentencia la vamos a cobrar y por tanto no tiene sentido considerar aumento salarial.

También está el artículo 733 del último presupuesto, que difiere en el tiempo el pago de sentencias judiciales contra el Estado a futuras instancias presupuestales. Nosotros aspirábamos a que en esta instancia presupuestal que es la Rendición de Cuentas, a que el PE más allá de la solución que encontró con otras agremiaciones, diera algún paso positivo tendiente a solucionar este largo conflicto, y que previera algún fondo para hacer frente aunque sea en parte la adecuación salarial, que es una de las cosas que marca la sentencia. No lo prevé, no lo tiene en cuenta y ni siquiera habla del tema, y vemos que lo hace ex profeso.

En esto hay responsabilidad del PE con una actitud que ya está muy clara; pero a esta altura ya creemos que falta una actitud proactiva por parte de la oposición, que en su rol debería denunciar estas cosas. El oficialismo pero también la oposición debería empezar a abordar el tema para encontrar una solución, y no seamos solo los funcionarios los que lo estemos denunciando. El oficialismo mantiene su actitud, y la oposición mira para el costado. Ahora mismo la discusión no está en el PE, sino que en el ámbito parlamentario.

Ningún trabajador judicial ni ningún ciudadano del Uruguay puede eludir una sentencia judicial firme; las sentencias son ley. Están ejecutoriadas y son para cumplirse. Sentamos un muy mal antecedente si nos damos el lujo de hacer como que las sentencias no existen. Estamos dando una muy mala señal, porque cualquier ciudadano ante una sentencia, no tiene más remedio que hacer frente; sino pierde sus bienes, su fábrica, parte de su patrimonio o salario, tiene que hacer frente le guste o no.

El Estado es inembargable, pero ni siquiera establece mecanismos para encontrar una solución. Hemos mantenido reuniones con el Ministro de Trabajo en distintos ámbitos, incluso a instancia nuestra. Antes de que la sentencia quedara firme, a nosotros el Ministerio de Trabajo nunca nos convocó. Cuando ves que estás ante la eventualidad de que pierdas un juicio que significa un montón de dinero, veamos cómo solucionar este tema antes que la sangre llegue al río. Acá jamás se le convocó o se le hizo una propuesta a los judiciales, nada.

Por lo menos debería existir la voluntad, sentémonos a ver cómo podemos resolver este tema. La sentencia condena a futuro, y condena una deuda. Por lo menos procedamos a adecuar el salario, que se necesitaría un 13% de aumento, y ahí comenzamos a cumplir lo que está dispuesto por la sentencia. Y además comenzamos a trancar el crecimiento de la deuda, porque a nosotros también nos preocupa que la deuda siga creciendo día a día, porque somos ciudadanos de este país.

Cuando se planteó en su momento la equiparación de los salarios de senadores y ministros de estado, fuimos a decirles al Parlamento que si aprobaban eso, atrás vienen un montón de reclamos. Hay leyes que establecen equiparaciones, porcentualidades, enganches… nosotros advertimos que si lo votaban, iban a generar una catarata de reclamos ajustados a derecho.

No se nos hizo caso; nosotros hemos tenido una actidud no de favorecernos y quedarnos quietos, sino que somos consecuencia de la actitud que tuvo el Poder Legislativo en su momento que cometió un error… pero ya hace mucho tiempo de esto. La gente ya tiene claro que acá no es un problema meramente económico; acá hay una actitud y una postura política de apostar al desgaste, que el sindicato se parta en mil pedazos y nos ganen por cansancio.

Por eso estamos adoptando estas medidas, porque está claro que obligado cualquiera pelea.

Designar al fiscal ya

Nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad en 2016 contra el artículo 733 del último presupuesto, y sobre ello hay 2 trámites. Ya hubo uno de una trabajadora de Asse que ganó; logró la inconstitucionalidad del 733 por unanimidad de la corte. En el caso nuestro, somos 3.000 funcionarios en un juicio y 400 más en otro. En el caso de los 3.000, 5 fiscales se excusaron por razones fundadas. El PE desde noviembre de 2016 tiene que designar un fiscal para que evacúe la vista, y una vez se resuelva. Y ha dilatado la designación del fiscal; hemos buscado la forma, hablamos con el secretario de Presidencia, hemos reclamado… el Poder Ejecutivo debe designar un fiscal ya para que se resuelva en los tribunales, como corresponde.