Resumen semanal - Ya están los votos en diputados para investigar Asse: ¿de qué lado estará la banc
- La Juventud Diario
- 1 jul 2017
- 8 Min. de lectura

La agenda parlamentaria y los principales temas políticos manejados por el diputado del Movimiento 26 de Marzo – Unidad Popular, Eduardo Rubio, en este resumen semanal que ofrece La Juventud. Esta semana dedicamos enteramente este espacio a la presentación de la Unidad Popular por intermedio de su Diputado Eduardo Rubio, de la solicitud al Parlamento para conformar una Comisión Investigadora sobre la gestión de Asse desde el 2008 a la fecha, y la estafa del Fonasa. A comienzos de la semana será puesta a consideración del pleno de la Cámara de Representantes, donde Rubio asegura contar con los votos necesarios de toda la oposición. El Frente Amplio deberá evaluar si la rechaza en minoría o también la apoya para quedarse con la mayoría en la comisión, convirtiéndose así en el voto 51 o hasta el 99 de la acción parlamentaria de la Unidad Popular.
Pre-Investigadora
El diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio presentó en la mañana del viernes a la presidencia de la Cámara de Representantes la solicitud para que se conforme una comisión pre-investigadora sobre la gestión de Asse desde el 2008 a la fecha, y lo propio sobre la llamada estafa del Fonasa. La pre-investigadora se conformó con los diputados oficialistas Gerardo Núñez (Partido Comunista del Uruguay) y Silvio Ríos (Alianza Progresista – FLS), y el diputado Juan José Olaizola por el Partido Nacional; y en la tarde el propio diputado Rubio fue recibido en la comisión para defender el documento por más de 1 hora. El próximo martes al mediodía debe expedirse la pre-investigadora y enviar el informe a la Cámara de Diputados. Si bien dijo que en estas horas se debería estudiar el vasto material presentado por Eduardo Rubio, el diputado Gerardo Núñez se ha mostrado partidario de derivar el tema a una Comisión Investigadora con Fines Legislativos (o Comisión Especial con Fines Legislativos), lo que no tendría como objetivo constatar irregularidades, mal gastos y posibles hechos de corrupción, y en función a ello establecer las responsabilidades políticas en cada caso, sino que solo se abocaría a determinar que normas o procedimientos se podrían incorporar al actual sistema. Por su parte, el integrante de la comisión por parte de la oposición Juan José Olaizola ya adelantó públicamente que si los diputados oficialistas resuelven presentar un informe en ese sentido, desestimando así la investigación de lo que considera una denuncia bien fundada y con elementos más que suficientes, enviará también un informe en minoría, proponiendo que se conforme la Investigadora con todo su alcance.
El voto 51 ó 99
La comisión pre-investigadora tiene plazo hasta el próximo martes a la hora 11, para enviar el ó los informes a la cámara, según lo antes expuesto del informe que elaborará el diputado nacionalista, el pleno de diputados deberá decidir en última instancia si conforma o no la comisión investigadora. El diputado Eduardo Rubio asegura reunir los 50 votos necesarios para aprobarla, por lo que se presenta una situación particular para la bancada frenteamplista. Si los legisladores del Frente Amplio mantienen su posición contraria a investigar las irregularidades surgidas de su gobierno, al aprobarse una comisión investigadora con votos de la oposición, la misma se conformaría con mayoría de legisladores opositores, por lo que contaría con la dirección del trabajo de la comisión y la mayoría para el informe final. Es por esto que existe la posibilidad que la bancada oficialista vote a favor de la investigadora, para así ser conseguida con sus votos y de ese modo asegurarse la mayoría y la conducción de la comisión. Esta opción constituiría el hecho histórico de que el trabajo de 1 solo diputado de izquierda, con convicción, principios y coherencia lograría reunir los votos del oficialismo y de la oposición reaccionaria en pos de velar por los recursos del pueblo y orientar el acceso a la salud pública a ser reivindicada como un derecho humano fundamental por encima del lucro privado. De este modo, se resuelve el circo de que Rubio es el voto 50 del gobierno o de “los rosados”, donde el Frente Amplio pasaría a poner el voto 51 y hasta el 99 al servicio del programa de acción de la Unidad Popular, el de la causa de los pueblos. Por lo que pudo saber La Juventud, a la interna de la bancada oficialista habrían legisladores que apoyan discretamente la iniciativa de Rubio. Aunque el Frente Amplio de este modo contara con el poder de elaborar la resolución final de la Comisión Investigadora, como ocurrió con la de Ancap surgiría abundante material e información para determinar las responsabilidades políticas y continuar con las acciones que amerite.
Denuncia de la bancada de Unidad Popular
Rubio explicó que es “una denuncia de 73 páginas, en que la introducción lleva una página y media. El resto son hechos, sobre hechos y sobre hechos comprobados, documentados de cómo se nos llevan el dinero que está destinado a la salud”, y agregó que “una parte importante de ese dinero se va directamente a los que lucran con la salud de la gente, ya sea en forma de empresas tercerizadas de limpieza. Nos llama la atención cómo hay empresas que tienen especialidad en los más diversos rubros tanto te limpian un piso, como te sirven la comida, como son camilleros, como son todo. ¿Cómo hacen?”, se preguntó el legislador. El documento que presentó Rubio, detallaría sobradas razones para que el Parlamento Nacional investigue la gestión de Asse y también la administración del Fonasa, por la sensibilidad e importancia del tema Salud y por la magnitud de los dineros que están en juego. El planteo de la Unidad Popular parte del precepto que la salud es un derecho humano fundamental, en el cual no cabe lugar al lucro. Sin embargo, tras la reforma de la salud que implementa el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), se establece la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) como un prestador público de salud sin fines de lucro, que bajo el principio de complementación, se integra con prestadores privados de los cuales el lucro es su fin principal. En esta diferencia de objetivos, siempre pierde lo público en detrimento de lo privado. Si bien la Unidad Popular es partidaria de un Sistema Único Estatal y Público de Salud, donde las condiciones de atención no varíen según las posibilidades económicas del ciudadano; el sistema vigente -que favorece al empresariado médico y los privados en la salud- de todos modos debe cumplir por lo pronto con el conjunto de mecanismos, procedimientos, normas y leyes que así lo determinan. En esta solicitud de investigadora, el diputado Eduardo Rubio asegura que se constatan desde distintos tipos de documentación, una serie de irregularidades que se contradicen con los principios de transparencia y de buena gestión. El documento elaborado por el equipo de bancada de la UP, se apoya entre otras cosas en una auditoría externa realizada, donde alrededor de 75 centros que prestan servicios de salud bajo la órbita de Asse, únicamente 29 presentaron la información solicitada. De los 29 centros que brindaron información, solo 2 de ellos no presentaron irregularidades. Por su parte en una auditoría interna, fueron 20 las Unidades Ejecutoras que brindaron información, y se constataron irregularidades en todas ellas. Prácticamente todas las irregularidades, algunas de ellas con apariencia delictiva o de corrupción, emanan de las tercerizaciones y de la contratación de servicios a empresas privadas. Por tanto, el propio espíritu del SNIS de integrar lo público y lo privado es el que da lugar al mal manejo de los dineros públicos, a la conjunción del interés público con el privado, y al despilfarro de los dineros del pueblo, que según maneja Rubio ascienden a 1.000 millones de dólares por año. A su vez, Rubio sostiene que tras analizar la ejecución presupuestal y comparando la del 2008 con la del 2015, el crecimiento exponencial del gasto en beneficio de privados, y de ello se desprende que el 20% del presupuesto de Asse se va en las tercerizaciones y contrataciones de servicios a privados; por tanto se puede deducir que 1.000 millones de dólares de un presupuesto quinquenal se van a estas modalidades de privatización, en las cuales se registra casi la totalidad de las irregularidades, que en muchísimos casos son realmente disparatados. Respecto a la estafa del Fonasa, a Rubio le preocupa la filtración de los datos de los ciudadanos afectados, que están bajo órbita exclusiva del BPS. También denuncia desconocer hasta el momento alguna acción a la altura de la gravedad de estas circunstancias por parte de la Junasa, cosa que hace tiempo debería haberse llevado adelante. La extensión del documento se divide en 7 capítulos que abarcan desde tercerización de limpieza, mantenimiento, camas de CTI, traslados y estudios clínicos; las obras de construcción y remodelación; vínculos laborales de dependientes directos, suplentes y tercerizados y las situaciones más alarmantes de algunos centros en particular; hasta la mencionada estafa del Fonasa.
Eduardo Rubio
Eduardo Rubio expresó “el reconocimiento al trabajo inmenso de los compañeros de nuestro equipo de bancada, inmenso, no tengo manera de expresar, de poder calificar el esfuerzo, la seriedad, las horas de trabajo que tiene esta denuncia junto con todas las demás cosas que se hacen con el equipo de la bancada”. Tras su comparecencia, el diputado Rubio denunció que son “empresas que surgen de la nada, empresas que están contratadas en todo el país, empresas que fueron dejadas de lado por actitudes delictivas y que vuelven a ser contratadas. Es complicado”, acusó. “Ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado: la contratación de servicios a empresas que forman los mismos funcionarios de los hospitales que las contratan”. Rubio expresó que ““la injustificable privatización en camas de CTI, en análisis médicos, clínicos cuando se pueden desarrollar recursos propios que implicarían un ahorro sustancial en los gastos de ASSE. ASSE comprando los mismos servicios a los más diversos precios de acuerdo a quién se los venda siendo el principal comprador. Después la gestión de la Comisión de Apoyo, el incumpliendo de las normas laborales, trabajadores en negro en salud pública. Son siete capítulos que incluyen la división arquitectura, un capítulo solo lo dedicamos a demostrar que más del 20% del presupuesto de ASSE que de mil millones de dólares se va en privatización de servicios, es grueso, es mucha plata, súmale además las transacciones del FONASA y ahí vas sacando la cuenta de cuánto nosotros como pueblo, como Estado ponemos arriba, adentro y en las arcas de los empresarios privados de la salud. Por último la estafa del FONASA. Hace un par de días recibimos en el despacho una de las estafadas, una jubilada enferma crónica que se atendía en ASSE, queda entre las personas liberadas del corralito en esos dos meses que le permiten hacer el cambio de prestador. Sin que ella llamara a nadie llegan ahí los promotores, la embarullan, la afilian a una mutualista, la hacen firmar, que no tenía que pagar nada, que iba a tener todo gratis y cuando va a la mutualista se encuentra con que es todo al revés. Hace la denuncia en BPS, recorre el largo camino de la denuncia y tuvo cuatro meses sin atención médica y sin el medicamento porque con 6.000 pesos de pensión no se puede comprar los medicamentos que precisa. Este es el resultado concreto de esa estafa, no de la novela policial, la pregunta que nosotros hacemos concreta es cómo llegó a esos promotores truchos la información que esta señora podía cambiarse, una información que solo maneja el Estado, el BPS. ¿Ante tanto desastre qué ha hecho la JUNASA? ¿Por qué no sanciona, no pena, no castiga? Porque allí en esa transferencia en la que hay gente que les apareció hijos que no tiene lo que recaudan los prestadores de salud es mucho dinero sin dar ninguna prestación. Pasan meses hasta que esa situación se regulariza para que inmediatamente al otro día vuelva a ser patente la irregularidad. Son dos cosas que hemos presentado, esto es el cuerpo de la denuncia. La dinámica desencadenada por la nota nuestra aceleró procesos porque en realidad estaba previsto que la pre-investigadora se constituyera el lunes. El FA ha acelerado el trámite y en la tarde del viernes nos presentamos en la pre-investigadora con toda la documentación, con la denuncia y toda la documentación que la fundamenta. Esperemos que podamos avanzar en la investigación de estos hechos y en la erradicación de estas irregularidades que son en definitiva en detrimento únicamente de los sectores más vulnerables de la población”.
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