Conflicto en la educación por salario: Algo huele mal en la Dinatra

Juan Castillo se despidió de la Dirección Nacional de Trabajo el día de la última “negociación” con los sindicatos de la educación, donde admitió dejar diferencias irreconciliables entre docentes y gobierno, con nulos espacios reales para negociar (presupuesto intocable y 6 días entre la primer convocatoria y la entrega del proyecto al parlamento), partidas de dinero que no alcanzan para cumplir lo conveniado en 2015 firmado sin aval de los trabajadores, y augurando como nuevo secretario general del PCU muchas movilizaciones en el segundo semestre del año, el mismo personaje era flamante director nacional de trabajo en 2015 cuando decretó la esencialidad en la educación ante la huelga docente. Uno de los dirigentes que rechazó la firma del preacuerdo, es su camarada José Olivera, responsable de firmar los nefastos convenios salariales en 2013 y 2015. Castillo abandona su cargo, pero queda un fuerte olor a podrido en la Diantra.

El presupuesto educativo es un área históricamente postergada por los gobiernos en nuestro país. El salario docente sumergido y ni que hablar el de los funcionarios de la enseñanza, es endémico. Más allá de que en algún momento los defensores de los gobiernos frenteamplistas han tenido el tupé de decir que “se destinó muchísimo dinero para la educación, como nunca antes”, la era del progresismo en nuestro país no ha sido ajena a esta condena a los trabajadores. El sistemático incumplimiento de la promesa electoral del 6% del PBI para Anep – UdelaR, ha llevado a revivir sobre todo en este tercer período de gobierno y desde finales del anterior, la lucha de los diferentes actores sociales vinculados a esta área, trabajadores y docentes, estudiantes y organizaciones sociales en general, puesto que la educación y sus falencias es crucial para cualquier concepción integral de país. Entonces el conflicto actual en la educación no nace de un repollo, por tanto no puede leerse correctamente si no se tienen en cuenta los antecedentes de estos últimos años y el papel de los principales actores en ese entonces que también están al frente de la resolución que tenga en el día de hoy. El romance entre la cúpula dirigencial del PitCnt (con Juan Castillo como coordinador del PitCnt y José Olivera dirigente de la FeNaPES) con el gobierno, llevó a aquietar por completo a las bases durante los primeros 8 años de mandato del Frente Amplio. Esta capacidad de la dirigencia sindical de manejar “a piacere” los acuerdos y convenios tuvo su primera lesión en el año 2013, última rendición de cuentas de ese período de gobierno donde pueden introducirse incrementos. Es decir, aparecieron las primeras movilizaciones contra el gobierno tras constatar que en pleno auge económico del país por el contexto regional, se cumplirían 10 años de gobierno del Frente Amplio, hundiendo el salario docente. Ese conflicto, que marcó las primeras movilizaciones realmente masivas contra un gobierno del Frente Amplio, fue entregado en un acuerdo entre gallos y medianoche por los dirigentes sindicales y las autoridades. En 2015, ante un nuevo período de gobierno y con el anuncio de presupuesto por 2 años (2016-2017), en el marco de la lucha presupuestal se desató nuevamente la movilización de los gremios educativos, con históricas ocupaciones en escuelas, asambleas multitudinarias, y huelga docente. En ese contexto y con Juan Castillo en su primer año como director de trabajo, se da el chantaje de aceptar los magros ofrecimientos o no dar nada; luego se decreta la histórica esencialidad en la educación, y tras estos episodios, los máximos dirigentes sindicales (entre ellos José Olivera) terminan firmando el convenio salarial que rige actualmente, en algunos casos desconociendo resoluciones de asamblea. En los momentos de mayor fervor, se habló de destituir a los representantes de los trabajadores de esa condición; pero luego del reagrupamiento de las filas oficialistas en el movimiento obrero, las bases dejaron impune esta segunda y fragrante entrega. En 2016 se da la rendición de cuentas, de cara a la aplicación del último año del presupuesto (recordemos que era 2016-2017); donde con la motosierra de Tabaré-Astori, se plantea un “abatimiento” de las partidas para educación, que afectaban tanto a la Anep como a la UdelaR. En este año, quien ganó en movilización y lucha real por presupuesto fue la Universidad de la República, que logró en la etapa parlamentaria MANTENER una parte de la plata comprometida en el presupuesto, y que el gobierno pretendía recortar. No así la Anep, donde ante un escenario peor al de 2015, pues se recortaba los dineros asignados en el año anterior, la movilización fue considerablemente menor, y la lucha presupuestal en términos reales fue nula. Lo que fue casi completo y fue real, fue el recorte presupuestal, que se está padeciendo justamente este año en su aplicación. Así llegamos al año 2017, con un convenio salarial firmado en 2015 que no satisfacía las demandas de los docentes de enseñanza primaria y secundaria, y que ni siquiera se aplica en este año, en el cual sí rige un tarifazo en los servicios públicos y una importante inflación en los artículos de primera necesidad y de consumo de las franjas de menores recursos. Junto con estos convenios ya firmados por la dirigencia sindical oficialista (mayoritariamente orgánica del PCU, al igual que las autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo), los sindicatos desmovilizados hasta el momento tras el conflicto 2015, se dan cambios en la correlación de los mismos. La profundización en las posturas combativas de Ademu Montevideo también empiezan a resonar en varias oportunidades en la FUM; la reciente elección en Ades Montevideo donde gana una lista del clasismo fue precedida por el cambio de correlación en la FeNaPES, que si bien mantuvo los principales conductores, el clasismo había conquistado más lugares y evidentemente influye en las posturas generales que debe asumir luego quienes la representan, por ejemplo José Olivera. Es importante tener en cuenta todos estos elementos, para comprender que el gobierno nuevamente no asigna nuevos recursos para la educación, apenas está otorgando lo que había quitado el año pasado que correspondía al presupuesto elaborado por 2 años en el 2015, y ante esta nueva elaboración de presupuesto asigna unas migajas, que de ninguna manera se acerca a lo comprometido del 6% del PBI, pero siquiera es suficiente para cumplir con lo conveniado salarialmente. Es importante para comprender por qué ante la instancia de “negociación” en la Dinatra el pasado martes, la FUM mandató explícitamente a sus representantes Elbia Pereira y Fernando Pereira por AFUPRIM de no firmar ninguna clase de acuerdo ni preacuerdo. Es importante para comprender por qué José Olivera, quien firmó acuerdos y preacuerdos desfavorables para los trabajadores en 2013 y 2015 sin su aval, en la “negociación” del martes rechazó la posibilidad de firmar un preacuerdo antes de que el proyecto se entregue al parlamento. Es importante para comprender que el salario docente ya está entregado de pies y manos de hace 2 años por Juan Castillo, José Olivera, Fernando Pereira y hasta la actuación de Marcelo Abdala desde el PitCnt en los conflictos. Es importante para comprender cómo el poder ejecutivo en la “negociación” del martes volvió a chantajear en que no otorgaría incrementos que puede dar (por más magros e insuficientes que sean) si no se firma un preacuerdo, que incluso no aseguran poder cumplirlo, alegando no tener mayorías parlamentarias. Es importante para comprender cómo Juan Castillo se despide de la Dinatra el día de la última “negociación”, dejando según el mismo expresa diferencias irreconciliables entre los docentes y el gobierno, y ya calzándose los zapatos de secretario general del PCU augurando muchas movilizaciones de los sindicatos para lo que resta del año. Es importante para comprender que el gobierno vuelve a condicionar la entrega de míseros recursos para salario chantajeándolos con que no entrega nada si no firman acuerdo ya y sin generar mínimos espacios de negociación real, igualito que en el año que decretó la esencialidad.