Ahora contra el reclamo de los judiciales: El gobierno sale nuevamente al cruce de la lucha de los

Una vez más los trabajadores son dejados de lado por el gobierno progresista. Esta vez, sale a legitimar la posición de recorte y ajuste que está manteniendo hasta el momento y busca que los trabajadores moderen sus reclamos salariales.

Este viernes, Presidencia de la República emitió un comunicado en respuesta al reclamo que hizo la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) de que se coloque un Fiscal para trabajar en el recurso inconstitucional que presentaron los funcionarios. A través de este comunicado redactado por el propio secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, y publicado en la web, el Poder Ejecutivo responde al planteo de los trabajadores “lamentando” que no se haya llegado a un acuerdo y que se haya profundizado la lucha. Los trabajadores están reclamando que el Estado cumpla con lo que el gobierno de Mujica estableció en 2010. En aquella oportunidad, se estableció un aumento salarial para los ministros de Estado de un 26%. El entonces presidente Mujica salió a defender su postura de aumentar de $ 83.000 a $127.000 el sueldo de los secretarios de Estado. Por ley, este aumento también recae sobre los funcionarios del Poder Judicial. Esto implicaba una importante suma de dinero que el gobierno comenzó tratar de negociar cuando notó la magnitud de la cantidad y aún no se ha llegado a un acuerdo total. Esta semana, los judiciales hicieron paro nacional y una concentración en el centro de Montevideo para reforzar el reclamo y para exigir que se asigne a un Fiscal que aborde el recurso de inconstitucionalidad que presentaron en 2016. En el mes de mayo, el presidente Vázquez les había pedido a los funcionarios que “reflexionaran” y aceptaran la propuesta del 15% de aumento en lugar del 21,6% como estaban reclamando. Con fecha 1° de junio, un grupo de trabajadores Judiciales que no estaba de acuerdo con lo que les proponía el gobierno presentó una carta al Sr. Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, Guy Ryders, donde denunciaban que se había aprobado una ley a través de la cual el Estado podía tomarse hasta tres años para cumplir con los acuerdos adeudados. Los trabajadores entienden que esto “constituye una violación del principio de igualdad”. “Tenemos sentencias judiciales firmes que disponen el pago de diferencias salariales y por imperio de esa legislación discriminatoria su cumplimiento queda librado al arbitrio del Poder Ejecutivo”, argumentaron. Es pertinente recordar que el propio presidente Tabaré Vázquez, en el marco de una gira por Europa y Egipto, participó en la ceremonia de apertura de la 106° Conferencia Internacional del Trabajo llevada a cabo en Ginebra el pasado 5 de junio. La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara de Comercio (CNCS) habían acordado llevar sus objeciones a la Ley de Negociación Colectiva ante la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo. Posteriormente dieron marcha atrás y entre el gobierno, el PIT CNT y los empresarios acordaron para no dejar a Uruguay en la lista negra de la OIT.