Nueva central sindical: Este Presupuesto castiga a los trabajadores y somete al Estado ante el gran

Damián Ortiz del Sindicato de Trabajadores Postales; Marisa Castellanos del nuevo sindicato del INAU; Laura Gularte, Sindicato de Enfermeria-Sitras y Juan Iglesias, Sindicato Ferroviario.

Una delegación de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay fue recibida este viernes por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, donde expresaron su análisis del contexto socioeconómico en el que se discute el proyecto de Ley de Presupuesto del gobierno multicolor para el quinquenio, desde la perspectiva de los trabajadores. Los representantes de la nueva central sindical lamentaron que “el Presupuesto va a contramano de nuestro planteo” y objetaron decenas de artículos, proponiendo modificaciones, agregados o directamente su eliminación según el caso.

Crítica y propuesta

El Ejecutivo de la CSGU valoró positivamente la participación ante los senadores y los aportes realizados al estudio parlamentario del Presupuesto, dado que en la instancia de Diputados no habían sido recibidos. De todos modos la CSGU llegó a presentar un documento escrito, en el que por ejemplo se fundamentaba que las personas privadas de libertad que trabajan para instituciones públicas o privadas, dentro o fuera de la cárcel, a través de convenios celebrados con el Instituto Nacional de Rehabilitación, perciban un salario no menor al mínimo nacional más las prestaciones sociales. Hasta ahora podían percibir hasta la mitad de lo que nuestro país establece como mínimo para cualquier trabajador. Esta modificación está contemplada en el artículo que resultó como 185 del articulado que el Pleno de la Cámara de Diputados dio media sanción.

Entre las más de 30 observaciones puntuales que la nueva central pudo trasladar al Senado en los escasos minutos que les brindaron, destacamos algunos de ellos en los que se ataca al salario y los derechos de los trabajadores públicos, a los servicios que brinda el Estado al pueblo trabajador, y en los que se debilita a las empresas públicas y los entes estatales frente a la competencia con el sector privado.

Ajustan por el salario

Por ejemplo y en primer lugar, la CSGU criticó el Artículo 4 del proyecto de ley de Presupuesto, referido a la potestad del Poder Ejecutivo a adecuar anualmente las remuneraciones de los funcionarios comprendidos en los Incisos de la Administración Central, dado que una vez más “la variable de ajuste aplicada” por los presupuestos del gobierno “es el salario de los trabajadores”.

Denuncian que “la fórmula para aplicar los aumentos salariales a la mayoría de los Funcionarios Públicos genera una pérdida salarial importante para estos trabajadores”, rebaja que “incide también a la baja directamente de las jubilaciones y pensiones”.

Rechazan además que “ante el aumento del desempleo y la pérdida salarial de los trabajadores públicos y privados, que se aumenten las remuneraciones y los salarios de directores de entes y algunos sectores públicos”. Tampoco aceptan “que haya rebaja salarial a los trabajadores, pero se mantengan o aumenten las exoneraciones al gran capital”.

Castigan a unos, privilegian a otros

Entre las tantas bofetadas a las remuneraciones a los trabajadores públicos, por ejemplo por el Artículo 41, en el que se dispone “el régimen de quebranto de caja para los Incisos del Presupuesto Nacional”, la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay denuncia que se genera una pérdida quienes se desempeñan como cajeros por el hecho que 20UR era el piso y se podía llegar por escala hasta 50UR, mientras que ahora 20UR será el techo. “Por lo tanto se hace un daño concreto a los ingresos y garantías al trabajador”.

Además mostraron su disconformidad con los Artículos 101 y 102, en los cuales se disponen rubros dentro del Ministerio de Defensa Nacional, en un caso con destino al pago de partidas diarias para el personal que desempeña tareas de control fronterizo, y en el otro directamente de incremento salarial para el personal militar. “Nosotros no vamos a pedir que se le baje el salario o que no se le aumente a un trabajador, pero estos artículos van a contrapelo de lo que se le pide a la mayoría de los empleados públicos”, rechazaron desde la CSGU.

Socializan las pérdidas

La delegación de la nueva central reclamó directamente eliminar Artículo 7, por el que se faculta al gobierno a establecer límites de ejecución de créditos destinados a gastos de funcionamiento e inversiones cuando exista riesgo de no cumplimiento de la meta indicativa de resultado fiscal o ante la evolución desfavorable de las finanzas públicas en el contexto macroeconómico del momento.

Denuncian que esto “pone en riesgo casi todo el funcionamiento del Estado, porque claramente permite recortes en casi todas las áreas (excepto si no se cumple con la meta fiscal no tomando en cuenta todos los elementos que pueden hacer que no se cumpla con dicha meta. Claramente este presupuesto no pone en discusión como está distribuida la riqueza en nuestro país, sino que profundiza un modelo económico que genera y mantiene beneficios a las multinacionales y el gran capital siendo el Estado el que termina subsidiando a los que tienen más sacándole a los que tienen menos.

No hay vacantes

En lo que refiere al llenado de vacantes de funcionarios, la CSGU fue muy clara en que “no puede tener como regla la aplicación del decreto del 11 de marzo de 2020, donde cada 3 vacantes ingresa 1”, teniendo en cuenta que ya se suprimieron las vacantes generadas antes del 1 de enero de 2020, “porque en muchos casos tiende a precarizar las condiciones de trabajo y no brindar un buen servicio”.

Agregaron que en el caso de los Organismos Descentralizados y Entes Autónomos “no se debería tampoco aplicar esta regla y se debería ver caso a caso, por el hecho que los servicios prestados allí en muchos casos son en régimen de competencia o son imprescindibles para el desarrollo social y productivo del país; por lo tanto el no llenado de vacantes no solo puede ir en desmedro de los servicios prestados, sino que pone al Estado en una situación de inferioridad al momento de competir con privados y/o para el desarrollo de los proyectos productivos y/o de carácter social”.

El trabajo es salud

Un decidido rechazo expresaron a los artículos 27 y 28 sobre las certificaciones médicas, dado que constituyen una pérdida importante de derechos castigando al que se enferma o sufre un accidente. “El trabajador no se enferma porque quiere” reivindicaron, “y más en tiempos como el que estamos viviendo por la pandemia y donde el propio gobierno envió a los trabajadores mayores de 65 años y a los grupos de riesgo a sus casa”.

Al respecto, recuerdan que ya “en el año 2008 un Decreto eliminó que el Banco de Seguros del Estado cubriera al trabajador una hora antes y una hora posterior a la entrada o salida del trabajo”, y ahora con estos artículos “se castiga al trabajador que sufre una enfermedad o un accidente, haciéndolo culpable por lo que le está pasando”.

Denuncian que estos artículos someten “a la mayoría de los funcionarios públicos a un régimen de trabajo de principios del siglo pasado, eliminando el concepto de igualdad y desprotegiendo al trabajador en el momento que hay que apoyarlo”.

Alegaron que en la actualidad “un funcionario que se certifica pasa al menos por 2 médicos (el tratante y el certificador) y en los partes médicos largos también se va a la junta médica”. Por lo tanto de existir abusos, deberían de ser estos profesionales quienes los detecten y denuncien. “Por otra parte entendemos que van a haber 2 tipos de funcionarios públicos: los que se le aplique la norma y a los que no, por lo tanto dejamos de ser todos iguales ante la ley”.

Manifestaron que si el argumento fuera que a los trabajadores de la actividad privada se les aplica y esto sería un criterio de igualdad, desde la CSGU reclaman que también sería un criterio de igualdad pagarle a los funcionarios públicos el salario vacacional.

Sobre los abusos y los Parte Médico, entregaron a los Senadores un documento del Sindicato de Trabajadores Postales que fue remitido a la ONSC y al Director de OPP con una propuesta concreta: “Entendemos que el camino del pago de un presentismo puede dar una solución, en el caso que se esté considerando que pueden haber abusos”, proponen recordando que el presentimo se aplica mucho en la actividad privada. Consideran que si se estuviera de acuerdo en una solución de ese tipo “el dinero para pagarla puede salir de la reconversión de partidas existentes como el Sistema de Redistribución Variable y/o por las economías generadas por las reestructuras que plantea el Presupuesto”.

Además tildaron de “hecho injusto” que en los artículos “cuando se habla de excepciones se dice ‘accidentes laborales’ y no se incluye las enfermedades que pueden producirse por la realización de la tarea”.

Puntualizan a su vez en los casos de las juntas médicas, “es importante que si los funcionarios tuvieron cirugías y/o tratamientos prolongados por enfermedades graves, el plazo a aplicar la prejubilación por enfermedad sea de 24 meses y se pudiera reincorporar total o parcialmente al trabajo ya sea en la tarea que prestaba u en otra por la patología que sufre no puede haber pérdida salarial ni de derechos.

Por último observaron “un error conceptual” en la redacción cuando se habla de ‘inasistencias por enfermedad’, dado que “en la función pública la inasistencia superior a 3 días consecutivos u 11 en el año son pasible de destitución, por lo tanto no son inasistencia sino licencia médica”.

Consideraciones generales

“Analizando el contexto económico y social en nuestro país y en el mundo entendemos que este Presupuesto no se ajusta a las necesidades de los y las trabajadores de nuestro país” consideraron, reparando en que “si bien algunos creen que el Presupuesto afecta solo a los funcionarios públicos, sabemos que esto no es así ya que nos afecta a todos los habitantes de nuestro país”.

En ese sentido se mostraron preocupados por muchos de los artículos que aparecen en el Presupuesto, pero también por muchos que deberían y no están.

Señalaron que no se brindan los recursos necesarios tanto para la Salud y la Educación y se siguen manteniendo los beneficios para el gran capital. Se pretende una Reforma del Estado basada en la eliminación de vacantes, sin tomar en cuenta que los incisos en muchos casos prestan funciones diferentes, que las tareas que realizan deben de ser prestadas sí o sí por el Estado y en otros casos ha quedado demostrado que con privatizaciones totales o a través de la tercerizaciones los costos son mayores y la calidad no ha mejorado.

“También quedó demostrado que frente a una crisis sanitaria han sido los trabajadores del Estado los que están en muchos casos en la primera línea para asistir a la población, tanto en los servicios de salud como en el resto de las actividades”.

Rechazan que la variable de ajuste sean los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores. “Y rechazamos, que en su conjunto, este presupuesto sea funcional y continuidad del modelo económico- social que impera desde hace años en el país”.

Consideran que, frente a la crisis económica y social, crisis de empleo y salarios, el Estado debe recuperar para reactivar algunas actividades que hoy están en mano de capitales extranjeros.

“Capitales que utilizan los privilegios que las leyes en nuestro país les brindan (exoneraciones fiscales; privatizaciones, zonas francas, etc.) y que perjudican a la mayoría del pueblo trabajador”.

Indicaron además que este presupuesto da continuidad y profundiza los procesos de extranjerización de la producción, la distribución y comercialización de bienes y servicios. “Estos procesos afectan de manera grave, la propiedad de la tierra y el agua, los frigoríficos, la lechería, el transporte, la producción de alimentos, el comercio exterior, etc., que se encuentran en manos privadas y extranjeras; perdiendo el Uruguay, la necesaria soberanía para un proyecto de país que nos permita salir de la dependencia y el subdesarrollo actual con creciente justicia social”.

Propusieron que en una situación como la actual, de crisis social y económica, el Estado debería recuperar protagonismo y soberanía en la generación y distribución de la riqueza, “que reposa en lo fundamental, en el trabajo de los uruguayos; asegurando el apoyo presupuestal a las principales actividades sociales y productivas”.

Sostienen que “nuestro país tiene un número importante de trabajadores en negro y un porcentaje muy alto de desocupados y trabajadores en condiciones laborales precarias”, y ante ello “con un Presupuesto como el que se presenta, lejos de resolver los problemas de los trabajadores y el pueblo, se apunte a mantener los privilegios y ganancias a las corporaciones transnacionales y al gran capital”.