A seis años de la masacre de Ayotzinapa, la herida sigue abierta

Al presentar un informe sobre los avances en la investigación, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió perdón en nombre del Estado y anunció que se emitieron órdenes de captura contra policías y militares implicados en las desapariciones.

"Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos" es el grito desgarrador que hace seis años repiten las madres y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

El 26 de septiembre de 2014, los normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos partieron en cinco colectivos rumbo a una actividad para recordar a los caídos en la masacre estudiantil de Tlatelolco. Nunca llegaron a destino. Ya son seis años sin justicia en un caso que pudo haberse resuelto en los primeros días si de la investigación no hubiera participado activamente el expresidente Enrique Peña Nieto, señalan organismos de DD.HH. y familiares de desaparecidos. Bajo su órbita se permitió la tortura de testigos y la liberación de sospechosos, lo que derivó en la construcción de una "verdad histórica" que hace agua por todas partes.

La versión oficial de los hechos indicaba que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de una banda narco, los Guerreros Unidos. Estos los habrían asesinado y luego incineraron sus cuerpos en un basurero en Cocula.

Pero la identificación de los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre a 800 metros del lugar señalado fue un golpe de nocaut a esa versión. Ahora, los familiares de los desaparecidos exigen más avances en la investigación y agradecen la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el sábado presentó un informe del caso y anunció que hay 70 órdenes de captura emitidas contra miembros de la policía federal y del ejército involucrados en la desaparición de los estudiantes.

"Peña Nieto nos recibió muy mal. Fueron cuatro años de mentiras. Desde que llegó nos obligó a manifestarnos en las calles porque quiso cerrar el caso con su mentira histórica. Dijeron que nuestros hijos fueron incinerados en el basurero de Cocula con todas sus pertenencias.

Pero gracias al trabajo del Centro Prodh, de Serapaz y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos descubrimos que los teléfonos estuvieron activos después de los hechos, que estuvo presente en el lugar la policía y el ejército mexicano", asegura en diálogo con Página/12 Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas desaparecidos.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes, resaltó que aunque el gobierno mexicano "muestra voluntad para llegar a la verdad, permanecen células de corrupción en el poder judicial". Se refirió en ese sentido al "soborno que recibió la juez que liberó al Mochomo", seudónimo con el que se conoce a José Ángel Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos. En declaraciones testimoniales, Mochomo confesó haber dado la orden de matar a los estudiantes.

Otro personaje clave en la estructura de impunidad de la causa es Tomás Zerón. En junio, Interpol emitió alerta roja para facilitar la captura internacional del jefe de la extinta Agencia de Investigación Criminal. Zerón estuvo a cargo de la investigación inicial de los normalistas y cuando se pidió su detención huyó del país. Está acusado de ocultar pruebas y torturar a testigos. El pasado 14 de septiembre, el presidente López Obrador aseguró que Zerón se encuentra en Israel, por lo que el gobierno mexicano le exigió a las autoridades israelíes que colaboren con su extradición.