No avanza la investigación al Presidente Piñera por delitos de lesa humanidad

S.Piñera y Gral. M.Rozas, de Carabineros.

Prácticamente detenida se encuentra la investigación de la Fiscalía sobre autoridades –como el Presidente y los ex ministros Chadwick y Blumel– por su eventual responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante el estallido social ocurrido durante el 2019.

No se han tomado declaraciones y la pesquisa sólo reúne listas de armamento, protocolos para el uso de la fuerza y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y Ejército, entre otras informaciones genéricas que se pidieron a fines del año pasado e inicios de este. El tema cobra vigencia ahora que la defensa del Presidente en otra causa –por el manejo de la pandemia– pidió la remoción del fiscal a cargo, se informa desde un trabajo del Centro de Investigacion Periodistica, Ciper, de Chile.

Con extrema lentitud avanza la investigación iniciada a raíz de las cinco querellas contra el Presidente Sebastián Piñera, el general director de Carabineros Mario Rozas, y los ex ministros del Interior Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel –entre otras autoridades–, por sus eventuales responsabilidades en supuestos delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

A nueve meses de interpuestas las acciones judiciales, ni siquiera se han completado las diligencias iniciales solicitadas por los querellantes. Tampoco se han tomado declaraciones, aunque sea por oficio, a los involucrados. Así lo corroboró CIPER tras revisar la carpeta del caso, a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

Hasta ahora, la pesquisa sólo reúne listados del armamento policial utilizado en el control del orden público durante las manifestaciones; los protocolos sobre el uso de la fuerza publicados en el Diario Oficial; los programas de los cursos que siguen los funcionarios de Carabineros sobre el empleo de armamento “no letal”; antecedentes de casos individuales que podrían constituir violaciones a los derechos humanos y respuestas parciales sobre la cadena de mando en Carabineros y el Ejército, entre otras informaciones genéricas de tipo documental.

En todo caso, al cabo de estos nueve meses, la Fiscalía tampoco logra que todos los organismos requeridos respondan las solicitudes de información que ha enviado.

El tema cobra vigencia ahora que los abogados del Presidente Piñera han pedido, en otra causa, la remoción del fiscal a cargo de esa indagatoria. Se trata de la investigación que afecta al mandatario, al ex ministro de Salud Jaime Mañalich y a los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, por presunto “actuar negligente y grave” en el control de la pandemia de Covid.

Los abogados de las autoridades que enfrentan esta querella –presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC)– pidieron al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, que remueva al persecutor Marcelo Carrasco debido a que en una audiencia efectuada en junio habría vulnerado el principio de objetividad: “Somos objetivos, no podemos ser neutrales”, fue la frase de Carrasco que cuestionan los abogados del Presidente.