Públicos anuncian paro general de 24hs para frenar la rebaja salarial y recortes en el Estado

El próximo 27 de agosto los trabajadores del Estado realizarán un paro general de 24 horas en caso que el Poder Ejecutivo siga adelante con la propuesta de rebaja salarial y recortes en el Estado. Joselo López manifestó que “el Poder Ejecutivo concretó una propuesta de pauta salarial para que realmente está lejos de las aspiraciones que tenemos” y el paro solo podría detenerse con un “cambio radical” en la fórmula que propone el gobierno.

Los funcionarios del Estado tuvieron un plenario de delegados cercano al fin de semana pasado, y tomaron decisiones de movilizarse a partir de este mismo mes de agosto. Además tienen planificado un paro general en caso de que el Poder Ejecutivo siga adelante con la propuesta de rebaja salarial y también de recortes en el Estado. Entrevistamos a José Lorenzo López, secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado.

¿Qué análisis hicieron en ese Plenario Nacional de Delegados?

Básicamente lo que estuvimos viendo fue lo que se había planteado en el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público -que es el ámbito superior de la negociación colectiva en el sector público- donde el Poder Ejecutivo después de tres reuniones, concretó una propuesta de pauta salarial para este sector público que realmente está lejos de las aspiraciones que nosotros tenemos.

En ese marco, el objetivo central para las diferentes ramas de la actividad pública era en el entendido de que todos somos consciente de que hay una situación compleja en el país, que tenemos más de 200 mil -o alrededor de 200 mil- trabajadores en el seguro de paro, y a eso se le suma otra cantidad de gente similar o mayor que está en una situación que ni siquiera tiene cobertura en la seguridad social, que era previsible que no fuéramos por un aumento del salario real. Pero por lo menos establecer un mecanismo que asegurara que no va a haber pérdidas en el salario real.

Y en ese marco en principio, el gobierno lo que había manifestado antes de su asunción y posteriormente también, era que se iba a cumplir eso, que en realidad no iba a haber pérdida del salario real.

Pero la fórmula que se plantea en el Consejo Superior no dice lo mismo. Por más que la quieran dibujar de un lado o de otro, no establece ni siquiera el correctivo que debería plantearse este año en función de cómo ha evolucionado o cómo va a terminar evolucionando la inflación, sino que tampoco da una seguridad ni siquiera a lo largo del período de que se recupere la pérdida que se genera en este primer año.

Y ahí es que -en función de eso- se definió la Asamblea Nacional de Delegados de COFE, que si no cambia radicalmente esta propuesta, la cual nosotros estamos de alguna manera intentando de que así sea, claramente vamos a desarrollar un plan de acción que tiene un planteo de diferentes movilizaciones y que su punto máximo sería el próximo 27 de agosto con un paro general de 24 horas, para de alguna manera intentar modificar esta situación.

Joselo, hablaste de los ajustes salariales y la posibilidad o la eventualidad de que exista un correctivo, también está el análisis de todo esto, ¿está el decreto 90 también?

Sin duda. El decreto ya se está aplicando digamos, el decreto que nosotros por supuesto no compartimos, que de hecho tuvimos una reunión con el propio Presidente de la República hace algunos días atrás donde le planteamos la situación que genera esta situación.

Hay grandes sectores de la Administración Central que en este período de gobierno tienen prácticamente el 50% de su personal con causal jubilatoria, si esos trabajadores de alguna manera se estableciera la posibilidad de aceptar o voluntariamente establecer que se van a jubilar quedarían grandes servicios -tanto en el área productiva como social del Estado- que no tendría personal para poder prestar esos servicios. Y para nosotros eso es un tema muy preocupante.

Ahí lo que dijo el Presidente que iba a haber cierta flexibilidad con ese decreto, pero no tenemos ninguna seguridad en ese sentido, ninguna seguridad de que no se cumpla con el llenado de las vacantes para servicios que son absolutamente esenciales para la vida productiva y social del país, y que sin duda eso es otra gran preocupación que tenemos porque a eso se le suma aparte del no llenado de vacantes, recortes importantes en los gastos de funcionamiento de prácticamente todos los incisos de la Administración Central. Y eso también es una preocupación para los trabajadores estatales, porque ese recorte de los gastos de funcionamiento son servicios que no se van a prestar a la sociedad.

El decreto dice que puede haber excepciones en algunos de los ministerios, pero hasta ahora no se ven las excepciones más que en el Ministerio de Defensa Nacional.

Las excepciones que se marcaron sí fueron el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, dos de los ministerios que desde el punto de vista de los servicios que se prestan a la sociedad no son de los más importantes, o por lo menos desde nuestro punto de vista, eso de alguna manera se manifiesta así.

Aparte de eso hay una cuestión que por ahora la hemos venido tratando de tirotear con algunas negociaciones que hemos llevado adelante que es el tema de que también ese decreto establece una reducción del 40% del crédito para los contratos que tiene el Estado en diferentes organismos.

Me parece que esto es importante remarcárselo a la gente, porque muchas veces cuando se habla de la cantidad de funcionarios públicos, se generaliza y se piensa que los 270 y pico mil vínculos, los 300 mil contratos que tiene el Estado son funcionarios que están en las oficinas, sin atender al público, con algo parecido a lo que expresaba aquel sketch de Gasalla. Y en realidad el aparato burocrático del Estado, los funcionarios de la Administración Central, tiene para atender a lo largo de todo el territorio nacional, lo que es la burocracia estatal, son apenas 18 mil trabajadores de esos 270 y pico mil que hay, porque ahí cuando se cuentan los 270 mil y pico está incluido ahí la policía, el ejército y los servicios descentralizados de las empresas públicas, las intendencias municipales, la enseñanza, etc.

O sea que esa globalidad es un número que excede de una manera muy importante lo que es el aparato burocrático del Estado, que son básicamente los Ministerios que en definitiva operan todo lo que tiene que ver con los servicios estatales. Y aparte, de esos 18 mil trabajadores hay 4 mil contratos que esos son los que se pretenden reducir en un 40%, y producto de las negociaciones y las movilizaciones que tuvimos en el Ministerio de Ganadería, en el Ministerio de Vivienda, en el Mides -y estamos ahora en un proceso en Presidencia de la República-, hemos logrado mantener esas fuentes de trabajo, en algunos casos con una negociación y con la voluntad de los trabajadores de que para no perder los puestos de trabajo, se pudieran reducir la cantidad de horas que tenían esos contratos. Pero bueno, es una situación también muy compleja porque ahí hay un achique también importante del Estado que va a impactar sobre los servicios que se prestan a la sociedad.

¿Hay alguna reunión prevista para ver si se podría suspender el paro del 27 de agosto?

Hemos tenido durante el fin de semana pasado varios contactos con gente del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Economía, hay alguna posibilidad de que cambie en algo la fórmula, pero todavía no tenemos ninguna seguridad al respecto.

La única posibilidad digamos de que ese paro no se ejecute digamos, es que concretamente haya un cambio radical en la fórmula que el Poder Ejecutivo presentó, y hasta ahora no tenemos ninguna seguridad de eso.