El gobierno español deja atrás a los migrantes irregulares

Durante el estado de alarma por el Covid 19 surgieron dos iniciativas diferentes que demandan un proceso de regularización urgente y amplio como único mecanismo para evitar que unos cientos de miles de personas vean agravadas sus ya precarias situaciones.

"Visité lugares que sospecho que muchas personas en España no reconocerían como parte de su país", aseguró tras su visita a España el relator de la ONU para la pobreza extrema. Fue apenas un mes antes de que llegara el virus a España.

"En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos.

Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental", alertaba. Nada ha cambiado para ellos pese a la pandemia, no están en los planes de reconstrucción.

Casi al mismo tiempo que avanzaba la pandemia surgieron dos iniciativas de forma paralela con una reivindicación que ya viene de años y que, según los más de mil colectivos que la impulsan, se hace más necesaria que nunca: la regularización extraordinaria de alrededor de 600.000 migrantes y solicitantes de asilo —según sus estimaciones— que actualmente residen en España.

Están entre el olvido institucional y la indiferencia social, sin poder beneficiarse de las ayudas del Gobierno, sin derechos reconocidos, desamparados y, una vez casi controlada la pandemia, muchos convertidos en focos de contagio por sus lamentables condiciones de vida y trabajo en las campañas agrícolas.