La impunidad, el “socio muy importante” del presidente y la respuesta de los magistrados

Guido Manini Ríos y su esposa Irene Moreira en la asunción

del Presidente Luis Lacalle Pou. 1° de Marzo de 2020

Las declaraciones del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre la falta de imparcialidad en los juicios contra militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, originaron una respuesta de la comisión directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU).

El líder de Cabildo Abierto dijo que le planteó al presidente Luis Lacalle Pou “reinstalar” la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

“Aquí se están violando sistemáticamente los principios del derecho. De mi parte no se trata de defender, nunca lo he hecho, nunca he defendido ni dictadores ni torturadores ni nada por el estilo. Acá se trata de defender el Estado de Derecho. Los que hoy están violando el Estado de Derecho son ciertos magistrados que están actuando con prevaricación y que están utilizando el derecho en forma antojadiza”, expresó Manini Ríos.

Los magistrados emitieron un comunicado este lunes en rechazo a las críticas del senador:

Montevideo 3 de agosto de 2020

La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que nuclea a casi la totalidad de las Juezas y los Jueces de todas las categorías del Poder Judicial, ante recientes expresiones vertidas por un Senador de la República en las que vuelve (Comunicado de AMU 17/04/2020), a imputar falta de imparcialidad de los Magistrados que entienden actuar en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de DDHH y a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la “Ley de Caducidad” (Sent. 365/2009 de la Suprema Corte de Justicia redactada por el Dr. Jorge Omar Chediak González), reitera que sin dejar de reconocer el derecho de todo ciudadano a interpretar subjetivamente cualquier contexto y a discrepar con las resoluciones cuyo dictado y revisión, la Constitución y la Ley ponen a cargo exclusivo del Poder Judicial, RECHAZA enfáticamente que las decisiones judiciales referidas a delitos comprendidos en los arts. 1o de las Leyes 15.848 y 18.831, tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función Jurisdiccional; y RECUERDA una vez más, los siguientes Principios básicos sobre independencia judicial de Naciones Unidas:

Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las declaraciones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menos cabo de la vía de revisión judicial.

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS DEL URUGUAY.

Por su parte el presidente Luis Lacalle Pou, dijo en rueda de prensa que la propuesta de Manini Ríos sobre la ley de Caducidad “no forma parte del compromiso con el país” que asumió el gobierno.

“El senador Manini me planteó este tema y es una visión de un socio importante del gobierno. Uruguay tiene que salir adelante en paz y para ello muchos sectores necesitan respuestas. Con respecto al texto legal, el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios. Se escucha la opinión de Manini pero no hay un análisis respecto a eso. No hay posición del gobierno al respecto”, manifestó Lacalle.

A su vez Manini Ríos dijo este martes en el Parlamento que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman ocurrido en agosto del año 2011 en la que se condenó al Estado uruguayo por el secuestro de Macarena Gelman y la desaparición de su madre, y que exhortaba a nuestro país a que no vuelva a interponer la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para juzgar los hechos de la dictadura, fue según el senador, “totalmente lesivo de nuestra soberanía” y recomendó no tenerlo en cuenta a la hora de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar.

“En este país se está atropellando el Estado de derecho por parte de ciertos actores de la Justicia que han procesado y condenado a inocentes en base a falsos testimonios, que no respetan principios básicos del derecho como el de la irretroactividad de la ley y los tiempos de prescripción. Anteponer estos tratados a nuestra Constitución es aceptar que se nos gobierne desde afuera. Ello es explicable en quienes toda su vida aceptaron y aceptan que se nos indique desde otras latitudes lo que debemos hacer, de quienes exhiben con orgullo su cipayismo (sic) apátrida”, expresó.

Además dijo que “habrá uruguayos genuflexos felices de este tipo de dependencia”, pero remarcó que “no es ese nuestro caso”, en referencia a Cabildo Abierto. “Acá hubo una ley que pretendió servir a la pacificación nacional después de un lamentable período de fractura y desencuentro entre los orientales. Esa ley es la única de las casi 20.000 leyes que desde 1830 se votaron en el país que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral”, manifestó.