En Chile se difunde el balance penal del estallido social

Se conoció el balance penal del estallido. La Fiscalía investiga a 466 agentes del Estado y el gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos

Los civiles acusados de cometer supuestos delitos durante las manifestaciones que permanecen privados de libertad son 497. De ellos, 216 están bajo arresto domiciliario.

Los policías y efectivos de Fuerzas Armadas investigados por la Fiscalía por supuestas violaciones de derechos humanos son 466.

De estos, 64 están formalizados. Hasta el 15 de junio las acusaciones por eventuales abusos de DDHH ascendían a 8.510, pero sólo 800 se han traducido en querellas.

El gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas acusadas de incendio, agresión a uniformados y, principalmente, desórdenes.

Respecto de las lesiones de gravedad, los registros actualizados de la Fiscalía consolidaron 1.026 casos a junio, de los cuales 411 corresponden a daños oculares. Las demás son fracturas y traumatismos encéfalo craneanos, principalmente.

Esto está ligado —en gran medida— a los disparos a corta distancia de munición no letal de las escopetas antidisturbios, lo que estaba prohibido según un informe interno de Carabineros de 2012, el que estableció que su uso a menos de 30 metros puede provocar daños de consideración. Incluso, “con posibilidad de muerte” .

“Efectivamente —explicó la abogada querellante Karina Fernández— se infringieron una serie de normas internacionales de respeto y protección de los derechos humanos (…) el Estado no puso límites y la población civil quedó a merced de las agencias policiales”.

Para la abogada Karina Fernández, quien participa en juicios por derechos humanos en diversos países de América latina, la falta de debida diligencia de la Fiscalía, al no priorizar estas causas después de ocho meses, abre “el espacio para acudir hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, planteó que es necesario que sean separados de las filas de Carabineros los agentes denunciados como partícipes de actos que violaron los derechos humanos: “Preocupa quien va a estar armado cuando vuelvan las protestas”, opinó.

La abogada de derechos humanos Alejandra Arriaza teme que las penas sean finalmente muy bajas, dependiendo de las interpretaciones que realicen fiscales y jueces: “Pero al menos nosotros estamos hablando de tortura y otros delitos con penas altas”, dijo.