Última oportunidad para retirar artículos sobre Seguridad Social de la LUC

Se estima que este miércoles comience a votarse la Ley de Urgente Consideración en el Pleno de la Cámara baja.

El viernes fue aprobada en la Comisión Especial de Diputados, desatendiendo el reclamo que planteó la semana pasada una vez más la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Cojupe-CSGU), para que “se reconsidere la inclusión del capítulo de derechos laborales y seguridad social y que sean retirados de la ley, para asegurar un tratamiento verdaderamente democrático y acorde a la importancia de los mismos”.

A continuación, la exposición completa de la histórica organización de jubilados y pensionistas, fundadora de la nueva central sindical, ante los legisladores:

Señores Legisladores

Agradecemos a la Comisión la invitación y poder participar.

Resumiendo nuestra posición con respecto a la Ley de Urgente Consideración y en particular el capítulo de la Reforma de la Seguridad Social.

Nuestra Coordinadora de Jubilados y Pensionistas tiene casi 40 años de vida y lucha en defensa de los trabajadores jubilados y pensionistas, de sus condiciones de vida y derechos fundamentales.

En ese sentido creemos altamente inconvenientes, varios artículos y capítulos de la Ley de Urgente Consideración. En particular aquellos que atañen a la seguridad, la educación, a cuestiones económicas, sociales y particularmente las laborales y de la seguridad social. Los rechazamos en la medida en que de su aprobación y aplicación y en combinación con otras medidas que ha tomado el gobierno, a la vez que aseguran la continuidad del modelo socioeconómico, generaran nuevos y graves perjuicios para el conjunto de los trabajadores y el pueblo de nuestro país.

No exageramos cuando afirmamos que provocaran más crisis social, con rebaja salarial y de jubilaciones; mas trabajo precario y desocupación; privatización, mercantilización y recorte de los presupuestos sociales en el estado; deterioro de las condiciones de vida, pobreza y hambre para los sectores populares.

Con respecto a la seguridad social y a título expreso rechazamos los avances, coincidencias y acuerdos manifiestos de quienes comparten las orientaciones de los organismos financieros internacionales y apuntan a aumentar los años de trabajo, aumentar la edad de retiro, rebajar las jubilaciones vía rebaja de la tasa de reemplazo y mantenimiento del sistema privatizado de las AFAP.

Y así como vemos apropiado el nuevo artículo que concierne las elecciones del BPS, en la medida en que refleje un espíritu y la intención de facilitar la mayor participación democrática en las mismas.

Es con ese mismo espíritu que pedimos se reconsideren la inclusión y el tratamiento del capítulo de derechos laborales y seguridad social y que sean retirados de la ley, para asegurar un tratamiento –insistimos– verdaderamente democrático y acorde a la importancia de los mismos.

Derecho Humano Fundamental

En materia de seguridad social, consideramos que es un Derecho Humano Fundamental, que ha sido reafirmado categóricamente en el derecho internacional y que es un derecho esencial de nuestra constitución.

La consideración de derecho humano para la seguridad social aparece claramente en la Declaración de Filadelfia de 1944, y fue reconocida también en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas.

Uruguay fue firmante de esa declaración y fuimos ejemplo en el mundo, en su aplicación, en materia de seguridad social entre los años de 1950 a 1973, año de la Dictadura donde comenzó el retroceso en materia de derechos.

Este derecho fue posteriormente reconocido en diversos tratados internacionales y tratados regionales de derechos humanos. En 2001, la Conferencia Internacional del Trabajo, compuesta de representantes de los Estados, patrones y trabajadores, afirmó que la seguridad social "es... un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social".

Y en el artículo 67 de nuestra Constitución se dice que: “Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc., y a sus familias, en caso de muerte la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.

Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de: contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario”.

Defendemos la seguridad social de carácter Público

Estas son algunas de las premisas principales, a partir de las que nuestra Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, con el conjunto de los trabajadores, activos y pasivos, hemos trabajado y luchado durante décadas en defensa de y por el desarrollo del sistema de Seguridad Social.

Pretendemos que la Reforma de la Seguridad Social sea para defender, mejorar y desarrollar la seguridad Social que tiene como pilares el carácter Público, la Universalidad, el Reparto, la Solidaridad intergeneracional, la responsabilidad del estado y su administración participativa y democrática.

Sistema que tiene como cometido esencial -en esta sociedad- generar la protección suficiente antes los riesgos e imprevistos económicos y sociales que padecemos, asegurar la atención de las necesidades básicas y forjar una vida digna para toda la población.

Por lo que entendemos que, la seguridad social, debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y combatir la pobreza, prevenir la exclusión social, promover la inclusión social y reducir la desigualdad social.

Resulta ser un instrumento sustancial entonces, para enfrentar la Injusticia Social, generada por el sistema capitalista en el que vivimos.

Resumiendo lo esencial de nuestra propuesta

a-Entendemos entonces necesario y sano la revisión del Sistema de Seguridad Social. Esa revisión debe dar lugar a una reforma, que desde nuestro punto de vista debe mejorar mucho lo que existe.

No caben dudas de que no es bueno para nuestro país ver, escuchar y que se ponga a la Seguridad Social como un lastre para la población.

La actual emergencia sanitaria ha demostrado claramente el rol preponderante que juega la Seguridad Social y el Estado en escenarios como el que vivimos. Así como demuestra la incapacidad y el fracaso del mercado para hacerle frente.

Porque no se puede olvidar las dos grandes reformas que hubo a la seguridad social y que significaron grandes retrocesos y pérdida de derechos conquistados.

La dictadura impuso el Acto Institucional Nº. 9 aprobado en 1979 y luego, ya en democracia en 1995 la ley 16 713 creando el “sistema mixto” que privatizo las pasividades, a través de las Afap.

b- Por ello consideramos principal en la Reforma que proponemos, procesar la derogación de las AFAP y el retorno de los fondos al BPS.

Porque al sistema de pasividades de solidaridad intergeneracional, donde todos los activos aportan para que puedan cobrar todos los pasivos, con las AFAP, se le sumó un sistema de ahorro individual en que cada quien aporta para su propia pasividad.

Este sistema de AFAP implica la incorporación del lucro privado en el sistema de seguridad social, a través de empresas que utilizan los aportes de los trabajadores para obtener beneficios (comisiones) y para rentabilizar inversiones.

Beneficios, inversiones y ganancias que benefician a las empresas privadas y perjudican al sistema público.

O sea las AFAP han destruido el concepto solidario del sistema promoviendo sistemas de capitalización mercantilistas e individualistas.

Y mientras tanto se encamine este proceso, de inmediato quitar la opción del Art. 8 de la Ley 16.713. Así se daría un financiamiento extra al sistema y modificaría la prevalencia del sistema mercantil por el social.

Dicho artículo establece la posibilidad que en la primera franja de aportes (aporte universal) el trabajador pudiera optar por un régimen mercantil que obliga al BPS a trasladar fondos al sistema de AFAP (50% del aporte) y al estado cubrir al trabajador como si el 100% del aporte se hubiera realizado al sistema.

En su oportunidad fue propuesto tendiendo a la promoción de las AFAP que hoy carece de sentido y ha quedado demostrado que muchos trabajadores pasan la mayoría de su vida en las franjas inferiores haciendo que el BPS soporte el sistema privado mercantil.

Entendemos que no debe haber restricción de asesoramiento del Art. 405 limitando la posibilidad de opción y una vez más tendenciosamente, afirmando los regímenes privados y mercantilistas.

c- El gobierno en la LUC busca a través de la Creación de una Comisión de Expertos proponer o "formular recomendaciones" para analizar la Seguridad Social.

Nos parece y reafirmamos que la Seguridad Social vive gracias a quienes aportan y soportan el sistema. Lo que hace necesario que exista un consenso de los actores sociales para que la revisión y resoluciones que se tomen tengan sustentabilidad política más allá de cada gobierno.

La observación que nos merece entonces, es la falta de participación directa en la Comisión de Expertos, de los actores del sistema (trabajadores, jubilados, patrones) en el análisis y propuestas a futuro.

Nos parece una actitud paternal la designación de "expertos" que nos representarían yque, agradeciendo la intención, preferimos nombrarlos nosotros para que participen en una amplia Comisión Nacional

Consideramos entonces, en el contexto de crisis económica y social en el que estamos insertos, como otra razón de peso mayor para pedir que se retire el capítulo integro, por ser herramientas fundamentales para los trabajadores, el derecho de huelga y la seguridad social.

Máxime que entendemos esencial, reconstruir y desarrollar el Sistema de seguridad social histórico, orgullo de nuestro país, basado en su carácter Público, Universal, Solidario, Intergeneracional, de Reparto, con administración participativa y democrática y responsabilidad del estado.

Y por todo lo antedicho, vemos la necesidad -ésta si urgente- de generar el ámbito de real intercambio, análisis, participación y resolución con presencia de todos los involucrados en el sistema.

Para lo que, se debe retirar de la ley de urgente consideración todo lo que concierne a la seguridad social, para ser tratado en ese ámbito específico, manejando plazos,participaciones acordes a la importancia del tema.

Reiteramos nuestro agradecimiento por la invitación y quedamos a la orden para ampliar o aclarar, lo que fuera necesario.

Les saludan por CoJuPe

Nelson San Martín / Presidente

Héctor Morales / Secretario General