Lo legal y lo legítimo

Partido Humanista
21 jun 2020
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Según el diccionario, lo legítimo es lo “que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable.” La historia atestigua que algunas cosas ilegítimas fueron legales en determinado tiempo y circunstancias. Como ejemplo muy potente podríamos mencionar la esclavitud, que fue legal en muchos países hasta que se hizo insostenible lo ilegítimo de la posesión y sometimiento de un ser humano reducido a la condición de objeto.

Los humanistas tenemos claro que hay que seguir combatiendo la legalidad de lo ilegítimo y reivindicar lo legítimo de algunas cosas consideradas ilegales. Esto que no es un simple juego de palabras, viene al caso ante la resolución del Consejo de Educación Secundaria (CES) fechada 17 de junio de 2020, que prohíbe el uso de tababocas con la leyenda “#EducarnoLUCrar” en todos los liceos públicos y dependientes del país”.

El CES invoca cuatro apoyaturas legales para tal prohibición: la Constitución de la República, el Estatuto del Funcionario Docente, el Estatuto del Funcionario no docente y el Estatuto del Estudiante. Queda claro que lo que impiden en el ambiente educativo estas normas, es favorecer una fracción política o religiosa mediante proselitismo, palabra que el diccionario define como “empeño o afán con que una persona o una institución tratan de convencer y ganar seguidores o partidarios para una causa o una doctrina.”

La “causa” enunciada en la leyenda “#EducarnoLUCrar” no parece ser cuestionable, dado que expresa que la educación no debe ser un negocio lucrativo en tanto es un derecho humano. El detalle que parece molestar es que las letras LUC se usen en mayúscula en clara alusión a la Ley de Urgente Consideración. ¿Bastaría poner toda la frase en minúscula para que se termine la polémica? ¿Es oponerse a un proyecto de Ley una actividad proselitista?

Para responder esto, vale recordar que “prosélito” es la “persona que se ha adherido recientemente a una causa, una ideología, una colectividad, un partido político, etc”. La pregunta clave parece ser: ¿Es proselitismo ofrecer y utilizar una mascarilla con la referida consigna?

Una ayuda para aclarar el panorama es recordar que la frase es un mensaje sindical, no partidario. La iniciativa es de FENAPES, uno de los sindicatos de trabajadores de la educación. Si el mensaje fuera de un partido político, no habría lugar a dudas de que sería violatorio de la laicidad. Pero al provenir de una organización no partidaria, es distinto. Claramente las autoridades ponen freno a una actividad sindical en nombre del principio de laicidad.

Respecto al concepto “laicidad”, hay que recordar que su origen refiere a creencias religiosas y por extensión se aplica a otras cuestiones ideológicas. Así se entiende que viola la laicidad quien introduce en el ambiente educativo influencias a favor de tal o cual partido político. En este caso no hay tal violación ya que la oposición a la LUC no es en nombre de ningún partido político, es una acción de militancia sindical, por tanto el fundamento legal que se presenta para prohibir su uso, flaquea, no es convincente. Más bien parece formar parte de una batería de medidas tendientes a criminalizar la protesta, utilizando recursos legales.

Pero hay algo más. El CES opta por actuar en forma autoritaria y no abre diálogo con el sindicato al que aplica el reglamento sin dar oportunidad a defender su posición. El mensaje que envía es “acá mando yo” en lugar de “sería bueno que nos entendiéramos”. ¿Por qué se prefiere el choque frontal antes que la búsqueda de un consenso? ¿Por qué ese afán de ejercer el poder en toda su pesada verticalidad? Ciertamente esta forma de proceder no abona el terreno para cosechar buenas relaciones con los trabajadores que se sienten reprimidos más que dirigidos.

Creemos que este episodio al que tal vez algunos consideren simplemente anecdótico, además de reabrir la apasionante discusión sobre el significado de la palabra “laicidad” y ratificar que está en funciones un gobierno no muy dispuesto al diálogo, es una buena oportunidad para replantear la diferencia entre lo legal y lo legítimo.