¿Y eliminar el secreto bancario? Gobierno pretende traer a la DEA, como hizo el FA 8 años atrás

Transición de gobierno. Eduardo Bonomi y Jorge Larrañaga,

ministro del Interior saliente y entrante, respectivamente. | Foto: Presidencia

El ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció que ha mantenido comunicación con la DEA a efectos de conseguir que vuelva a instalar sus oficinas en nuestro país.

La Administración para el Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) las había retirado de nuestra capital a mediados del año pasado, para trasladarlas a Buenos Aires.

Foto: SU-Noticias

Lo que ya se hizo

La DEA, vinculada ampliamente en todo el mundo al desarrollo del narcotráfico más que a su combate, había retornado a nuestro país en acuerdo con el gobierno frenteamplista en 2012 -luego de 15 años de “ausencia”-, según se informó en aquel entonces debido al aumento de operaciones de narcotráfico registradas en Uruguay, estableciendo su oficina en la embajada estadounidense.

La misma se dio con la anuencia del otrora responsable de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, Mario Layera y de la propia cartera del Interior, comandada por Eduardo Bonomi.

Al momento de la reapertura, trabajaban dos funcionarios a quienes se sumó a inicios de 2013 el jefe asignado. Sin embargo al retirarse el año pasado, desde ese departamento no se informó la cantidad de personas que tenían desplegadas en el área.

Las declaraciones del Dr. Larrañaga en esta jornada fueron vertidas en entrevista con el programa Así nos va, que se emite por Radio Carve.

“Nosotros tenemos conocimiento de que la DEA se fue del país porque no encontró respuestas en el gobierno anterior. No se fue porque estaba solucionado el tema del narcotráfico. Se fue a Buenos Aires porque -repito- nosotros tenemos información no oficial de que la DEA no recibía las respuestas que la institución requería en Uruguay”, expresó el secretario de Estado.

Sin embargo, desde la Embajada de Estados Unidos aseguraron en aquel entonces que la decisión respondía a una reorganización de sus recursos en la región. De hecho, fuente aseguraron a Radio Universal que continuarían colaborando con el gobierno frenteamplista para combatir el tráfico transnacional de drogas, por lo que mantendrían abiertos los canales de comunicación con las autoridades uruguayas y viajarían a Uruguay cuando fuera necesario.

De hecho la decisión del traslado a Argentina fue tomada en marzo de 2012, coincidiendo con la designación de Julissa Reynoso como Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos de América en la República Oriental del Uruguay, que estrechó lazos con el gobierno de José Mujica hasta niveles nunca vistos en nuestro país.

Eduardo Bonomi y Mario Layera. | Foto: Presidencia

Según declaraciones desde el Ministerio del Interior de Bonomi que recogió en 2012 El Observador, se esperaba que su presencia en el país tuviera “impacto sicológico en las organizaciones internacionales” porque implicaba que la DEA estuviera “más atenta a lo que pase aquí”.

Más de lo mismo

Jorge Larrañaga, ministro del Interior. | Foto: Presidencia

Pero Larrañaga hoy anunció que además de la DEA, mantuvo contactos también con “otras agencias de seguridad” internacionales -sin especificar cuáles- con el objetivo de que se instalen en Uruguay.

“Yo he hablado con las agencias y me parece importante que puedan estar en el Uruguay porque el país precisa tecnología y recursos para poder tener más efectividad en la lucha contra el narcotráfico", indicó Larrañaga y agregó:

“Son contactos reservados que se tienen en función de buscar la colaboración de todas aquellas instituciones que nos permitan dar respuestas en materia de una lucha contra el narcotráfico que evidentemente tenemos que tener y librar en el país (…) Si no libramos esta guerra con toda decisión, con todos los costos que pueda tener, vamos a tener numerosos dramas en la vida nacional”, según consigna la emisora Carve en su sitio web.

Lo que ninguno quiso hacer

Como uno de los hitos más grandes del inicio del último mandato del Dr. Tabaré Vázquez, durante todo el año 2016 se realizaron una serie de mesas de diálogo a nivel técnico y político entre el gobierno y los partidos de la oposición, para abordar distintos aspectos de la seguridad pública en nuestro país, que se había establecido en los sondeos de opinión como el tema que más preocupaba a la ciudadanía en las elecciones de 2014.

Allí la multipartidaria con la voz discordante de Unidad Popular, acordó en Torre Ejecutiva un paquete de medidas que luego tuvieron su reflejo a lo largo de la Legislatura, votando una serie de leyes que en esencia apuntaban a endurecer las penas a los delitos que suelen tipificarle a los pobres, haciendo la vista gorda al gran crimen y los delitos de cuello blanco, que inciden directamente en el sostenido aumento de la violencia social en nuestro país -y el mundo.

Concretamente en el área del narcotráfico, más allá de la creación de un organismo especial para atender la problemática, se endurecía las penas al pequeño menudeo pero sin atacar las verdaderas causas y puertas de entrada a nuestro país a través de los poderosos, en un negocio multimillonario y de estructura internacional que obviamente trasciende a las “bocas” de venta de droga en los barrios.

Hoy, esa misma orientación se profundiza en el capítulo de la Ley de Urgente Consideración en un extenso paquete de leyes, de carácter marcadamente represivo.

En ese sentido Unidad Popular volvió a establecer en su programa de gobierno en las últimas elecciones (para el período 2020-2025) la propuesta de eliminar el secreto bancario.

Presentación del programa de gobierno 2020-2025 y plataforma electoral de Unidad Popular

En el capítulo 29) referido a la Seguridad Pública, en el punto 15 se establecía: “Luchar contra el gran narcotráfico y el “lavado de activos”.

Mediante la eliminación del secreto bancario, se pretende poner las miras sobre uno de los negocios más grandes de las clases dominantes que consiste en el Narcotráfico y sus operaciones de corrupción. Desde allí lograr el bloqueo a estas “bocas” de drogas que destruyen los barrios humildes, garantizando un futuro para el pueblo con trabajo y dignidad”.

El gobierno multicolor sigue transitando los mismos caminos del progresismo, castigando a los pobres, sosteniendo los privilegios de los ricos, y dando entrada a las agencias yanquis responsables del desarrollo del narcotráfico a nivel mundial.

Las propuestas de cambio, indudablemente necesarias para obtener resultados distintos, siguen ausentes en las decisiones de las autoridades pero continúan siendo bandera de la alternativa de la izquierda.

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